La Justicia obliga a la Diputación de Badajoz a anular el examen que aprobó a un 'enchufado'
Faltan pocos días para que la jueza llame a declarar al presidente de la institución y al hermano de Pedro Sánchez
Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz. | Europa Press
El Tribunal de Superior de Justicia de Extremadura ha fallado que la Diputación de Badajoz tendrá que revisar y anular el examen de una aspirante a funcionaria en el puesto de técnico de Gestión Administrativa, al que concurrieron en el verano de 2023, en la tercera y definitiva prueba, nueve personas. Así reza el fallo de la sentencia 612/2024 -a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE-, que da la razón a quien en su día buscó justicia al denunciar a la Diputación pacense por cambiar la nota de una persona en mitad de un proceso selectivo y ayudarla a obtener un aprobado.
La vulneración de las normas -tal y como señala la sentencia- en la corrección del último ejercicio dio lugar a que la nuera del letrado de la institución provincial consiguiese la plaza, en detrimento de quien ha llegado hasta los tribunales con un recurso de apelación. Una vez más, la Diputación de Badajoz vuelve a la palestra por su manera de proceder en las contrataciones laborales que se llevan a cabo en este organismo. Entre ellas, la del polémico contrato de 2017 del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón. En su caso, primero como coordinador de los dos conservatorios que hay en Badajoz, y más tarde y sin darlo a conocer públicamente, como director de la Oficina de Artes Escénicas.
Ahora, la Justicia ha encontrado evidencias para dar la razón a la demandante. Observa que, en efecto, se procedió a una segunda corrección del tercer examen de la codemandada por parte del Tribunal de Selección, y se hizo cuando el presidente del mismo se ausentó de la sala para ir al baño. Esta decisión, que ha sido corroborada por testigos sindicales, subió la nota 0,25 puntos. Ello devino en el aprobado de esta persona. Superó así a quien ha recurrido judicialmente para demandar un proceso selectivo del que había aprobado todos los ejercicios planteados. Se trata de una situación contraria a la de quien se quedó finalmente con ese puesto de trabajo, quien, por cierto, es la pareja de otro trabajador de la Diputación que aspira a un puesto de más rango. Este es, además, secretario de Organización del PSOE local de Badajoz y concejal de la capital pacense.
Tras la exposición de diez fundamentos jurídicos, la sentencia del TSJ de Extremadura falla la declaración de nulidad del pleno derecho de la nota cinco sobre 10 de la aspirante, familiar del letrado de la Diputación, en el tercer ejercicio de la oposición, declarándola suspensa en el mismo. Este fallo retrotrae, por tanto, el proceso selectivo para ella al momento de poder impugnar dicho suspenso, opción que tendrá la demandante. En el caso de que esa impugnación no prosperase en sede administrativa, hasta alcanzar el 5 exigido, sería posible el nombramiento de ésta como funcionaria, con efectos desde el 3 de octubre de 2023, con la consiguiente restitución económica con carácter retroactivo.
Varapalo a la política de contratación
El varapalo para la Diputación de Badajoz, cuya representación en los tribunales ha estado a cargo del letrado de la institución provincial -como consta en la sentencia-, llega en un momento en el que está en entredicho si la contratación del hermano músico del presidente del Gobierno se hizo con todas las luces y taquígrafos que exige la contratación de cualquier trabajador que depende de una institución pública. También ocurre en medio de la controversia que se ha producido al destaparse que la Diputación de Badajoz tiene en nómina a cinco familiares del exabogado socialista del caso David Sánchez, como ya denunció este diario a mediados del mes de octubre, tras una serie de denuncias repetidas.
Es este el caso del que ahora emana la decisión judicial que afectará a una de las personas que pertenecen a este árbol familiar, un árbol que ha echado hasta cinco raíces en el palacio que en su día perteneció a la Real Sociedad Económica de Amigos del País y a la Diputación Provincial. Desde aquí -informan a este medio-, se cuestiona, además de la actual plaza de su pareja, la de la madre de ésta. Un caso asombroso, aseguran, pues se trata de una mujer que también ha conseguido una plaza en este organismo tras haber superado un examen con 16 temas relativos a la Constitución Española pese a que «no habla bien el idioma español».
A las puertas de que el presidente Miguel Ángel Gallardo acuda a declarar ante el Tribunal de Instrucción número 3, que lleva la juez Beatriz Biedma, el entorno familiar del letrado de la Diputación queda señalado, porque el TSJ de Extremadura declara la nulidad de un proceso selectivo, la ilegalidad de un aprobado por inexistencia de motivación de juicio técnico, la palmaria vulneración de las bases de convocatoria y la falta de garantía de objetividad e imparcialidad frente al subjetivismo o el criterio individual, por lo que pide la composición de nuevo tribunal para sacar de este entuerto judicial la contratación de su nuera.
El letrado y abogado
Hasta hace un año, Francisco Alejandro Mendoza Sánchez, hoy letrado de la Diputación, era el delegado del Gobierno de Extremadura. De nuevo es coordinador del Gabinete de Asuntos Judiciales. También era hasta hace poco tiempo el abogado defensor del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Otra de las personas imputadas, como David Sánchez, por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Pero ahora, como pudo comprobar este diario, Mendoza Rojas -que también es miembro de la Ejecutiva del PSOE de Extremadura, con la responsabilidad de la Secretaría de Asesoramiento y Formación a Militantes y Cargos Electos, y además tiene a su esposa trabajando en esta Diputación– ha dado un paso atrás en la defensa de Gallardo. De hecho, ha dejado el caso al abogado del Estado Juan José Torres Ventosa, que desde el 26 de septiembre estaría, según fuentes políticas, defendiendo al presidente de la institución provincial.
Sostienen estas mismas fuentes que la defensa de Mendoza Sánchez podría entrar en conflicto de intereses si siguiera como abogado de Gallardo, al ser el letrado de la Diputación. Eso sin contar con que tiene hasta cinco familiares en nómina en la Diputación.
