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Economía

Los afectados por la okupación, «hundidos» por el acuerdo que paraliza otra vez los desahucios

El acuerdo entre el Gobierno y Junts incluye la creación de un sistema de avales y garantías para propietarios

Los afectados por la okupación, «hundidos» por el acuerdo que paraliza otra vez los desahucios

Protesta de afectados por la okupación.

Tras una semana de acusaciones, reuniones y mucho movimiento, el Gobierno ha cerrado este martes un acuerdo con Junts para aprobar parte de las medidas que contenía el llamado ‘decreto ómnibus’ que fue rechazado en el Parlamento la semana pasada. El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar el llamado escudo social y la prórroga de la prohibición de desahuciar a las familias consideradas vulnerables. Unas medidas que tienen que pasar de nuevo por el Congreso de los Diputados, pero que cuentan ya con el visto bueno de Junts.

Los afectados por la okupación y la inquiokupación ya temían que esto ocurriese, tal y como contó este diario. «Esto nos hunde», asegura Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la okupación e inquiokupación en conversación con THE OBJECTIVE. «Otra vez se vuelve a prorrogar un decreto innecesario que lo único que tapa es la imposibilidad del Gobierno de hacerse cargo de las familias vulnerables», añade el portavoz de la plataforma que ayuda a los afectados por esta práctica creciente en España al tiempo que se muestra «indignado» porque el Ejecutivo vuelva a aprobar una medida sin tener en cuenta las opiniones de los afectados. «El Gobierno sigue sin garantizar nuestro derecho a la posesión y retiene nuestra vivienda para su labor social».

Favorecerá a los mejores perfiles

Unas medidas que en el sector tampoco han sido recibidas con demasiado optimismo. «Puede parecer una buena noticia para las familias vulnerables que ya viven en alquiler, pero supone una sentencia de muerte para aquellas que necesitan encontrar una vivienda ahora», apunta Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. Desde el portal inmobiliario señalan que las enormes complicaciones que encuentran los propietarios para recuperar su vivienda en caso de impago han provocado que en los últimos años sean cada vez más los colectivos que nunca son seleccionados para alquilar una vivienda.

«Familias vulnerables, aquellas en riesgo de serlo y un amplio abanico de familias que no pueden competir en ahorros, salarios o apoyo familiar frente a otros perfiles más elitistas», añade. Por ello, el portal no comprende cómo, «vistas las nocivas consecuencias de su aplicación en los últimos años», el Gobierno sigue apoyando esta medida y «hundiendo cada vez más a las familias que necesitan un alquiler».

Por otro lado, con respecto a las garantías para los propietarios anunciadas por Sánchez, desde Idealista consideran que tampoco tendrán ningún efecto para revertir esta tendencia. «Solo conseguirán abaratar el acceso al alquiler para los perfiles mejor cualificados». Otros expertos del sector consultados señalan que es necesario un marco legal que ofrezca seguridad jurídica y que dote a los propietarios de plena capacidad para recuperar su vivienda en caso de incumplimiento. «Solo de esta manera se podrá mejorar la confianza de estos propietarios para ampliar la oferta de vivienda».

Dudas sobre los avales

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la okupación e inquiokupación también tiene «poca confianza» en relación con los avales. «Si nos atenemos a lo que ha pasado con las compensaciones por los desperfectos que sufren las víctimas de okupación e inquiokupación, solo se ha recibido una pequeña parte desde 2020», argumenta Bravo. «Es un sistema burocrático infernal y solo las consiguen cobrar el 7% de los afectados», lamenta. «Si los avales siguen esta línea, vuelven a derivar las responsabilidades en el pequeño propietario». Por ello, Bravo considera que las líneas de avales anunciadas en el acuerdo entre ambas formaciones lo que van a hacer es fomentar esta problemática porque van a «pagar los impagos de las familias vulnerables, pero también a los jetas que se están aprovechando de la situación creada por el Gobierno socialista».

El Ejecutivo aprobó por primera vez la prohibición de desahucios a las consideradas familias vulnerables con motivo de la pandemia y ha ido prorrogándose hasta ahora. Una medida que varias fuentes del sector y las propias asociaciones de afectados por la okupación y la inquiokupación creen que está detrás del incremento exponencial del impago de rentas del alquiler en los últimos años. 

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