La patronal calcula que reducir la jornada laboral costará 2.000 euros por trabajador
El Gobierno multará con hasta 10.000 euros por empleado a las empresas que incumplan esta nueva medida

Antonio Garamendi, Elma Saiz, Lorenzo Amor, Yolanda Díaz, Asís Martín de Cabiedes y Miguel Ángel García Martín. | Europa Press
El Gobierno aprobó este martes el anteproyecto de ley que implica la reducción de la jornada laboral y el control horario. Justo en el mismo día en que se supo que la Seguridad Social perdió 242.148 afiliados en enero, golpeando especialmente a sectores como el comercio y la hostelería, y también coincidiendo con el desayuno informativo organizado por Europa Press con Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la patronal CEOE. Fue en ese acto donde el máximo responsable de ATA dijo, ante Yolanda Díaz, que la reducción de la jornada laboral, tal y como se aprobó este martes, costará al empresario entre 1.800 y 2.000 euros al año por cada trabajador.
Teniendo en cuenta que esta medida afectará a 12 millones de personas, calcula Amor que entre la subida de las cotizaciones y del salario, y con menos horas trabajadas, el coste definitivo para la empresa estará entre los 21.000 y los 24.000 millones de euros. Una interpretación económica que no doblegó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, a las puertas de este desayuno informativo, afirmó que estamos ante «un día histórico, donde los trabajadores de este país van a ver reducida su jornada laboral a 37,5 horas, y además, va a haber derechos clave como el derecho a la desconexión», así como un cambio del control horario para vigilar centenares de horas extra.
Aprovechando la presencia de la vicepresidenta, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, se manifestaron en contra la rebaja de la jornada laboral por ley. El presidente de la patronal anunció: «Irá al Parlamento lo que tenga que ir y, como no podía ser de otra manera, defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas».

El daño de la reducción de jornada
Lorenzo Amor -que anunció que piensa presentarse a la reelección de su cargo- confirmó que están dispuestos a que haya una reducción de jornada. «Evidentemente, estamos totalmente dispuestos, pero haciéndolo sector a sector, territorio a territorio». Y añadió que esta medida «no va a castigar a las grandes empresas», sino que «dañará muy sensiblemente a los autónomos y a las pequeñas empresas que tienen uno, dos o tres trabajadores».
«Y advierto: si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, es que no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador. Porque esa media hora menos que va a tener el trabajador no va a significar que un comercio o que un bar cierre antes».
«¿Saben quién va a cubrir esa media hora?», se preguntó. «Los autónomos y las autónomas», quienes, según el presidente de ATA y de acuerdo con datos del INE, ya trabajan 52 horas a la semana. «Ahora se va a incrementar otro poquito más».

Las cuentas del autónomo
Amor desarrolló ante la concurrida audiencia las cuentas que tiene que hacer un autónomo o ese pequeño empresario que cuenta con uno o dos trabajadores. Ese coste, insistió, no solo repercutirá sobre el empresario. También recae sobre aquellas personas que en su casa tengan, por ejemplo, un cuidador o alguien dado de alta en el Régimen del Hogar. «Sepa que el coste para esas personas también será de 2.000 euros, y si encima se le añade el salario mínimo, será de 3.000 euros. ¿Ustedes creen que alguien, algún pensionista, alguna familia con un salario medio, puede asumir ese coste de 3.000 euros añadido? Es importante que hagamos esa reflexión para que cada uno analice lo que va a suponer para el tejido empresarial».
Sobre las declaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, abogando por incorporar ayudas para que las pequeñas empresas y autónomos puedan transitar hacia la jornada laboral de 37,5 horas, Amor reiteró que «creer que un autónomo con dos o tres trabajadores contratará a un empleado más para cubrir la rebaja de horas es no tener ni pajolera idea de lo que es pagar una nómina». «A un incremento de gasto no se le contesta con otro gasto. Y la reducción de jornada tiene un coste de un 6,25% por trabajador. Y no lo digo yo, lo dijo la comisión de expertos que estudió la subida del SMI. Por tanto, si tiene un incremento de un 6,25% habrá que buscar medidas que compensen ese incremento».

De quién es el rédito
El presidente de ATA también admitió en el desayuno informativo celebrado en el Hotel Intercontinental, que entiende que el Gobierno y los sindicatos estén «contentos» con la aprobación del anteproyecto de rebaja de jornada, pero avisó: con esta medida «va a haber pesadumbre en el tejido empresarial, y estas cosas generan desconfianza».
«Cuando yo contrato a una persona, la contrato y tengo unas normas, que es un convenio colectivo, y ese convenio colectivo yo lo cumplo. Contrato sabiendo cuáles son las consecuencias de lo que estoy contratando. Pero ahora, de buenas a primeras, hay alguien desde el ámbito político que decide las condiciones contractuales que tú tenías. (…) En este país tenemos la puñetera manía de generar inseguridad, incertidumbre, en lo que se refiere a las contrataciones», mencionando, en este sentido, la introducción de la cuota de solidaridad y la subida de cotizaciones para empresas y trabajadores asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
El presidente de ATA subrayó que le hubiera gustado que el Gobierno hubiera dado un plazo de varios años a los agentes sociales para que negociaran la rebaja de la jornada laboral. «Pero no había voluntad de hacer eso. Porque, claro, entonces el rédito es del diálogo social. No es de la política».
«200.000 malas noticias»
Coincidiendo con el balance de los datos del paro registrados y la afiliación a la Seguridad Social, este martes el vicesecretario de Economía del Partido Popular publicó un post con una información de THE OBJECTIVE señalando la pérdida de afiliados registrados en el mes de enero, especialmente en el sector del comercio y en el turismo. A propósito de estos datos, Juan Bravo señaló: «Como decimos todos los meses: siempre que se crea un puesto de trabajo, es una buena noticia. Pero este mes hay más de 200.000 malas noticias, por lo que urge un Gobierno que se preocupe más de la gestión, de generar actividad, que de maquillar datos».
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Yolanda Díaz -que no tuvo reparos en pedir el apoyo del PP en el Congreso, para más tarde criticarlo-, afirmó que «el trabajo no es una mercancía». «Esto lo dice la declaración de Filadelfia del año 1944. Y, digo más, el trabajo no es un fin en sí mismo ni vivimos para trabajar. Trabajamos para vivir. El trabajo es un medio», sentenció. Además, aseguró que más de la mitad de los beneficiarios de la reducción de la jornada laboral se concentra en sectores como el comercio y la hostelería, precisamente dos de los sectores que más han contribuido en enero a la caída de la afiliación a la Seguridad Social.

La titular de la cartera de Trabajo, este martes en la sala de prensa del Palacio de La Moncloa. | Carlos Luján (Europa Press)
Endurecimiento de las sanciones
De acuerdo con el texto del anteproyecto aprobado este martes en el Consejo de Ministros, el Gobierno multará -una vez que se haya aprobado en el Parlamento el trámite de ley- con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas.
Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: en primer lugar, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global, y en segundo, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.
La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.
La reacción de la hostelería
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Hostelería de España se manifestó este martes sobre esta medida porque, según sus estudios, acabará ocasionando un serio impacto en las empresas del sector, «al suponer una nueva subida de los costes laborales que se suma a la del SMI y a las cotizaciones sociales. Una medida que penaliza especialmente a las microempresas, que constituyen el 94% de las empresas de hostelería al contar con menos de 10 trabajadores».
En la actualidad, el salario supone de media el 31% de la facturación anual de las empresas del sector. En el periodo entre el primer trimestre y el tercer trimestre de 2024 experimentó un incremento de más del 14,5%. CEHAT y Hostelería de España subrayan que esto supuso un importante esfuerzo para las empresas, situándose de media el coste laboral por trabajador en el mismo periodo en 22.848 euros.
Ambas patronales señalan, además, que la reducción de un 6% de la jornada en una industria con más de 1,8 millones de trabajadores de media en 2024 supone un impacto salarial directo de 2.538 millones de euros en el conjunto de las más de 300.000 empresas que conforman el sector. En el caso concreto de la hostelería, donde la productividad está vinculada a la presencialidad, la reducción del tiempo de servicio y producción en los locales supone una reducción de un 3% de la facturación, cifrada en 5.099 millones de euros anuales.