El PSOE bloquea la exención fiscal a las ayudas de la talidomida, pero la aprueba en País Vasco
Excepto los vascos, los afectados por este fármaco reciben sus subvenciones con un ‘hachazo’ de Hacienda del 47%

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | EP
Las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985 no terminan de salir de su asombro. Tras décadas luchando por una indemnización justa, esta indemnización les llega con un ‘hachazo’ de Hacienda del 47%, como contó THE OBJECTIVE. Por ello, desde hace más de un año, se encuentran inmersos en una batalla fiscal para que estas ayudas se perciban íntegramente, como ocurre en otros países. En esta lucha han encontrado el apoyo de todos los grupos políticos, apoyo que se escenificó con su voto favorable a la proposición de ley de exención fiscal del Partido Popular en el Senado el pasado septiembre de 2024. Todos los grupos menos uno: el PSOE, que se ha opuesto por completo, hasta el punto de que lleva meses bloqueando la medida en la mesa del Congreso de los Diputados con hasta 17 ampliaciones de enmiendas sin presentar ninguna.
Así lo denuncia a este periódico Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), que subraya que «para el PSOE no todos los españoles son iguales»: lo que niega con este bloqueo en el parlamento nacional sí lo reconoce exclusivamente para los vascos. Según se publica en los tres boletines adjuntos de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, hace unos días las tres haciendas forales vascas han aprobado la exención fiscal de las ayudas del RD 574/23 a los afectados de la talidomida con el apoyo del PSOE. «Esto es una buena noticia para las víctimas de la talidomida en el País Vasco, pero al mismo tiempo es un agravio comparativo inadmisible para el resto de españoles, que reciben la mitad de las ayudas», explica Basterrechea.
«Como la Hacienda vasca es autónoma y tiene su propia legislación, tras la oposición del PSOE de aprobar la exención a nivel nacional pensamos en probar suerte en el País Vasco. Nosotros pensábamos que iba a salir adelante con los votos de Bildu y PNV, pero para nuestra sorpresa, tanto en Álava, como en Vizcaya y Guipúzcoa ha salido adelante con los votos de PNV y PSOE. Bildu votó en contra porque se incluyeron otras medidas que no le interesaban. Entonces, el PNV le dijo al PSOE que tenía que votar a favor. Así, una legislación que en el resto de España no sale adelante porque la está bloqueando el PSOE, en País Vasco es este partido el que permite su implantación», indica el vicepresidente de Avite.
El 2 de diciembre, el Gobierno presentó su veto a la tramitación de esta ley, alegando que supone una reducción de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que representaría un coste estimado de 20,3 millones de euros. El Ministerio de Hacienda se opone así a su tramitación parlamentaria porque es «susceptible de producir una disminución de ingresos presupuestarios», según se recoge en el escrito de disconformidad.
«¿Es esto una política progresista, social y solidaria? ¿Es aceptable que un afectado por la talidomida en España reciba el doble que otro por el simple hecho de ser vasco?», se pregunta la asociación, que hace un llamamiento al Gobierno y al PSOE «para que dejen de perjudicar a los afectados de la talidomida, que levanten el veto a la aprobación de la exención fiscal que reclaman al unísono todas las fuerzas políticas, y que corrijan su incoherencia, porque es intolerable que le den a los vascos lo que le niegan al resto de españoles».
Subvenciones con años de retraso
La Ley 6/2018, de 3 de julio de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 instaba al Gobierno a indemnizar a los afectados por la talidomida con una cantidad de 12.000 euros por punto de grado de discapacidad. No fue hasta julio de 2023 cuando el Gobierno aprobó un decreto para indemnizar finalmente a estas personas tras un lustro de espera sin ninguna explicación. España era el único país en el que aún no se había indemnizado a las víctimas. Alemania, Holanda, EEUU, Portugal y Brasil lo hicieron hace años. Australia, en concreto, en 1960.
Entre finales de 2023 y principios de 2024 los afectados comenzaron a recibir esas ayudas con una tributación del 47%, quedando fuera del artículo 7 de Rentas exentas de la ley del IRPF que regula algunas exenciones a ayudas ligadas a enfermedades, como los afectados por el VIH o personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C. Este artículo 7 también deja exentas de tributación aquellas prestaciones y pensiones por actos de terrorismo o víctimas de accidentes de tráfico.
«Lo lógico», según los juristas consultados por THE OBJECTIVE, sería que se hiciera una modificación de la Ley 35/2006 del IRPF para incluir este supuesto, como ocurrió con el caso de los infectados por VIH, ya que su exención fiscal se reguló en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 9/1993 de 28 de mayo. En aquella ocasión, se recurrió a este instrumento normativo con la justificación que expresa el texto, «que es plenamente aplicable al caso de la talidomida».
3.000 afectados en España
Entre 1950 y 1985, miles de mujeres embarazadas tomaron talidomida –que se facilitaba sin receta– para combatir las náuseas o mareos. También fue dispensado para tratar el insomnio, ya que carecía de los efectos adversos de los barbitúricos y no producía adicción. Poco después de su introducción en el mercado «se produjo un incremento de niños nacidos con focomelia» y otras alteraciones genéticas graves.
En España los primeros casos de afectados por el consumo de talidomida empezaron a aparecer en el primer trimestre de 1960. Sin embargo, no se retiró del mercado hasta 1985, 22 años después que en el resto de los países en los que se comercializaba, en donde se retiró en 1963. En nuestro país nacieron unos 3.000 niños con focomelia (extremidades más cortas o atrofiadas) o amelia (falta de extremidades). Sin embargo, solo han sido reconocidos 130 afectados.