Cómo nos afecta la «quita» de deuda a las comunidades autónomas
Los ahorradores e inversores deben conocer cómo generar rentas para el futuro, ya que el estado se sigue hiperendeudando
Bolsa de valores.
El reciente anuncio de la «quita» de deuda a las comunidades autónomas por parte del Gobierno de España ha generado debate sobre la equidad y la responsabilidad fiscal. A primera vista, la medida podría interpretarse como un intento de aliviar la carga financiera de las regiones, facilitando su sostenibilidad económica. Sin embargo, al analizarla, surge una cuestión incómoda: ¿por qué debería un extremeño pagar la deuda generada por un político catalán que ha gestionado de manera cuestionable?
Las comunidades autónomas han acumulado deuda a ritmos muy distintos. Mientras algunas regiones han mantenido una disciplina fiscal estricta, limitando el gasto público y optimizando sus recursos, otras han incurrido en un endeudamiento excesivo, financiando proyectos de dudosa rentabilidad o inflando estructuras administrativas. Ahora, la «quita» supone, en la práctica, un rescate a aquellas que no han sabido (o querido) gestionar bien sus cuentas.
Desde luego con esta situación, los ahorradores e inversores deben conocer cómo generar rentas para el futuro, ya que el estado se sigue hiperendeudando.
La deuda no desaparece, pasa de las comunidades al estado, lo que supone que hay ciudadanos a los que beneficia y otros a los que perjudica. Además, se han tenido en cuenta dos incentivos perversos: se premia más a quienes más se han endeudado desde de la Covid-19 y a quienes más han incrementado los impuestos.
Tomemos el caso de Cataluña. Gran parte de su pasivo proviene de decisiones políticas discutibles: desde costosas televisiones autonómicas hasta embajadas en el extranjero o infraestructuras infrautilizadas. Mientras tanto, regiones como Madrid, Galicia o Castilla y León han aplicado políticas más austeras y eficientes. Con la «quita», el mensaje que se está enviando es claro: si eres responsable y equilibras tus cuentas, acabarás pagando por aquellos que no lo hicieron.
Más allá de la injusticia, la «quita» de deuda también plantea un dilema moral y económico. En términos prácticos, el dinero para cubrir esas deudas no desaparece, sino que se redistribuye entre todos los contribuyentes. Esto significa que un aragonés estará sufragando, con sus impuestos, la mala gestión de otras autonomías. Se trata de una socialización de la deuda en toda regla, donde los ciudadanos de regiones mejor administradas acaban pagando la factura de los errores ajenos.
En paralelo, la medida puede sentar un peligroso precedente. Si se condona deuda hoy, ¿qué impedirá que otras comunidades sigan el mismo camino de despilfarro esperando una futura «quita»? La falta de consecuencias fomenta un modelo de incentivos perverso donde la irresponsabilidad no solo queda impune, sino que se ve recompensada.
Si el objetivo es aliviar la carga financiera de las comunidades autónomas, existen mecanismos más justos que una condonación generalizada, como una refinanciación, incentivos a la buena gestión, o mayor control sobre el gasto. Pero el objetivo es claro: pagar los votos de determinados grupos parlamentarios.
Fuente: Ministerio de Hacienda
En promedio, catalanes, valencianos, andaluces, murcianos y castellanomanchegos, van a recibir unos 400 euros. Por el contrario, el resto de los ciudadanos van a tener que pagar más. Asturianos, riojanos, cántabros, castellanoleoneses, gallegos y madrileños van a pagar unos 500 euros de más y, el resto de las autonomías, más de 300 euros por cabeza. Los cálculos son sencillos según los datos facilitados por la metodología de las fases que ha propuesto el Gobierno. Ahora bien, al ser tan sencillo de calcular, queda muy a la vista quién gana quién pierde.
Más allá de la carga que supone para tantos españoles, resulta del todo inconcebible que se haya aplicado esta medida para no perder el apoyo de unos votos en el Congreso.
