Descontrol total en el CSIC: Hacienda le acusa de no saber quién le debe 400 millones
La IGAE cree que la situación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas conlleva «un riesgo grave de impago»
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, interviene en el II Encuentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). | Europa Press
Descontrol en las cuentas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El Ministerio de Hacienda acusa a la mayor institución pública de España dedicada a la investigación científica y técnica de no saber quién le debe cerca de 400 millones de euros. Se tratan de importes pendientes de cobro del CSIC, así como de los organismos integrados en el centro de investigaciones científicas: INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria), IGME (Instituto Geológico y Minero de España) e IEO (Instituto Español de Oceanografía). Según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el importe de derechos pendientes de cobro asociados a proyectos de investigación a 1 de enero de 2022 por estos cuatro organismos es de más de 394 millones (394.212.389 euros).
«Actualmente, el CSIC no dispone de información fiable que permita conocer quiénes son sus deudores y por qué importe. Esta situación pone de manifiesto un riesgo grave de impago y la no posibilidad de reclamar las deudas correspondientes, así como un riesgo de prescripción de derechos y la responsabilidad que eso conlleva», se desprende del documento analizado por THE OBJECTIVE, que señala que este desorden financiero responde a una migración de sistemas de información efectuada durante el ejercicio 2022 en el CSIC que se realizó «sin detalle de aquellos deudores existentes».
Deudas sin detallar
En este mismo sentido, la IGAE señala que durante el ejercicio 2022, el CSIC efectuó cobros por importe de casi 210 millones de euros (209.953.174,91 euros); pero estos, según Hacienda, «se contabilizaron sin detallar qué deudas de ejercicios anteriores se cancelaban». Con lo cual, el órgano interventor perteneciente a Hacienda pide al CSIC que de forma «inmediata» identifique a sus deudores así como todos aquellos derechos pendientes de cobro: «Se requiere la identificación contable de los deudores y la reclamación de todos aquellos derechos pendientes de cobro de forma inmediata».
Este medio se ha puesto en contacto con el CSIC para recabar su versión de los hechos. El Consejo de Investigaciones Científicas asegura que «desconoce» el contenido del documento aludido en el artículo, ya que «no han recibido el Informe de la Intervención General de la Administración del Estado».
El CSIC paga 800.000 euros en intereses de demora
La Intervención General de la Administración del Estado también pone el foco en los gastos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Según el documento en posesión de este periódico, el CSIC hizo en el año analizado 693 pagos por un importe de 60.086,14 euros sin identificar adecuadamente el receptor de ese dinero y el motivo del gasto: «En relación a los gastos tramitados en 2022, en 693 casos y por un importe de 60.086,14 euros, no se identifica de forma inequívoca el tercero, y se utilizan para su tramitación NIF genéricos como ES000V00000000 o ES000C00000000. Se trata de un riesgo la salida de recursos públicos sin identificar adecuadamente al tercero y sin dejar constancia en el expediente del motivo de la utilización de estos terceros».
Este descontrol del gasto, ha llevado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, perteneciente al ministerio capitaneado por la ministra Diana Morant, a abonar más de 800.000 euros en concepto de intereses de demora o como recargo de apremio: «Los intereses y recargos derivan de incumplimientos en el plazo para reintegrar los importes no justificados de las subvenciones y préstamos recibidos. Se corresponden con más de mil expedientes de gasto en el periodo analizado, lo que pone de manifiesto que la situación a corregir no es de carácter puntual».
Mejorar los controles
De esta forma, Hacienda hace hincapié y exige al ministerio de Morant mejorar el control interno de tesorería y gestión de pagos del CSIC «para verificar que en el momento del reconocimiento de la obligación existe certificado de conformidad, que el tercero esté correctamente identificado y que esté ordenado por órgano competente, así como modificar la orden de delegación de competencias para subsanar las posibles incongruencias y debilidades».
Además, el informe de la IGAE, que llega tras las irregularidades en el centro del cáncer CNIO que provocaron el despido de su directora científica, avisa de gastos aprobados por órganos «incompetentes por razón de jerarquía» y solicita que se «depuren las responsabilidades que correspondan». También pone el foco en diversas irregularidades en la contratación menor del organismo público de investigación. El deficiente control en las adjudicaciones se evidencia en 15 contratos menores «con personas incursas en prohibición de contratar dado que eran personal laboral del CSIC, incurriendo en una de las causas de nulidad del artículo 39 de la LCSP», como ha adelantado este medio este martes.
La IGAE concluye que el CSIC no cuenta con un sistema de información «fiable» de sus gastos e ingresos, lo que impide acceder a una «imagen fiel» de sus cuentas anuales. Esto «conlleva la imposibilidad de un cálculo adecuado del remanente de tesorería no afectado, así como en el cálculo del porcentaje de deducibilidad del IVA soportado».
