El salario mínimo, mucho ruido y pocas nueces 

Si uno atiende al discurso oficial, el salario mínimo interprofesional ha subido un 61% desde 2018. Un logro histórico, nos dicen. Pero si ajustamos la cifra a la inflación, el aumento real del poder adquisitivo es mucho menor. 

Y aquí está el truco: el trabajador cobra más, pero también paga más por la cesta de la compra, la vivienda y la energía. Especialmente por los alimentos, en relación con el resto de Europa. A simple vista parece una gran mejora, pero realidad es menos halagüeña.

Más allá de la narrativa política, hay datos que generan menos titulares pero que deberían preocuparnos. Según el informe del Banco de España de 2021 Los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo: nueva evidencia para España, la subida del SMI en 2019 provocó una pérdida neta de empleo asalariado en el colectivo afectado de entre 6 y 11 puntos porcentuales a finales de ese año. Dado que el número de asalariados afectados se estima en aproximadamente 1,6 millones, esto equivaldría a una reducción de entre 96.000 y 176.000 empleos. No es una cifra menor.

Además, el informe señala que hubo un menor crecimiento del empleo en el colectivo con menores salarios tras el incremento del SMI. También se observó un mayor impacto adverso en el empleo de los trabajadores de mayor edad y una reducción más acusada de las horas trabajadas y de la creación de empleo para los jóvenes. Es decir, justo aquellos a los que supuestamente se quería beneficiar han acabado sufriendo más dificultades para encontrar empleo. La ironía es evidente: una medida pensada para ayudar a los más vulnerables ha terminado perjudicándolos.

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El efecto boomerang

Y por si esto fuera poco, el efecto boomerang es real: muchas pymes, que operan con márgenes reducidos, han tenido que subir precios o reducir plantilla para afrontar el incremento de costes. Es el clásico dilema: lo que gana el trabajador por un lado, lo pierde en encarecimiento de bienes y servicios. Una subida del SMI sin un aumento de la productividad es como echar gasolina a un coche con el motor averiado. El incremento del SMI ha funcionado como un parche, pero no ha solucionado el problema estructural del empleo en España. De hecho, en el último informe del Banco de España de 2025 sobre la Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad, “un 32% de las empresas afirman que las subidas del SMI habrían provocado una reducción de sus márgenes, mientras que un 26% manifiestan que han trasladado las alzas del SMI a sus precios de venta”. Y del SMI también se dice que “un 21% de las empresas encuestadas declaran como relevante la reducción de nuevas contrataciones y un 10,1% el recorte de su plantilla vía despidos”.

Subir el SMI por decreto suena bien, pero tiene efectos secundarios. Para muchas empresas, especialmente las más pequeñas, un incremento del 61% en cinco años no es asumible sin consecuencias. Mientras que las grandes empresas pueden adaptarse con economías de escala, las pymes y autónomos lo tienen mucho más difícil. En el peor de los casos, la subida del SMI puede acelerar la sustitución de trabajadores por tecnología o deslocalizar empleos a países con menor coste laboral. Es más, en un contexto donde la automatización avanza a pasos agigantados, encarecer la mano de obra sin mejorar su productividad es la receta perfecta para la destrucción de empleo.

Otro punto clave: la productividad en España no ha crecido al mismo ritmo que el SMI. Si los salarios suben sin que aumente la productividad, el resultado es inflación y menor competitividad. En países con una economía más flexible, los aumentos salariales vienen acompañados de mejoras en eficiencia, innovación y valor añadido. En España, muchas veces suben por decisión política, sin respaldo económico. Y cuando se trata de decisiones económicas, la política es un mal consejero.

En lugar de subir el SMI a golpe de decreto, una mejor estrategia sería fomentar el crecimiento económico y la productividad. Salarios más altos deben venir acompañados de mayor creación de valor, no solo de regulación. De lo contrario, el efecto final puede ser justo el contrario al deseado: más paro, más precariedad y más empresas en dificultades. Y, lo que es peor, más desigualdad: aquellos con menor cualificación seguirán siendo los más perjudicados.

El dinero no se imprime por decreto y la riqueza no se crea con promesas. Que haya una ley que diga que podemos volar no va a hacer que efectivamente volemos. No creo que muchos se tirasen por la ventana cuando esta ley se publicase en el BOE. Si queremos salarios dignos y sostenibles, hay que generar riqueza, no imponerla por ley. Porque un buen salario no es el que te suben por decreto, sino el que puedes negociar en un mercado laboral flexible y dinámico. Si queremos una economía competitiva, no podemos seguir jugando a la política del parche. España necesita reformas estructurales, no soluciones populistas y rápidas que terminan costándonos más de lo que aportan.

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