El personal directivo de la Seguridad Social, en huelga por el caos normativo de Sánchez
Critican al Gobierno por no dar solución al problema de personal para atender el enorme volumen de prestaciones
Elma Saiz, ministra de Seguridad Social. | Europa Press
El personal directivo de la Seguridad Social ha decidido plantarle cara al Gobierno con un calendario de huelgas programadas para el 25 y 27 de marzo por el caos normativo del Ejecutivo de Sánchez. La protesta de estos trabajadores se centra en el incremento exponencial de nuevos trabajos, competencias y responsabilidades. Estos derivan de la creación de nuevas prestaciones, los cambios continuos de modelos de jubilación, el descontrol de las incapacidades laborales y los cambios de modelo de atención al ciudadano. Asimismo, influye el colapso de estos servicios cuando tienen que gestionar el ingreso mínimo vital. Con este fin, desde 2021 tienen que asumir, entre los mismos servicios y dotación humana, más de tres millones de expedientes.
Estas quejas ya han sido transmitidas a la responsable de la cartera ministerial, Elma Saiz, aunque no han obtenido de ella un compromiso determinante. Tampoco han tenido respuesta del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Francisco de Borja Suárez, con el que se reunieron la semana pasada para «denunciar la caótica situación de la gestión que vive el organismo» y la «extenuante situación» a la que se encuentran sometidos por «no haber conseguido que sean atendidas sus peticiones».
Antes de esta nueva convocatoria de huelga, los primeros en manifestarse fueron los subdirectores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Lo hicieron la semana, con paros parciales el 10 y el 13 de marzo.
Según los primeros datos recabados, el paro del 13 de marzo tuvo un seguimiento del 80% en las zonas convocadas. En las provincias más representativas a nivel nacional (Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante, Zaragoza, Asturias y Murcia) el paro fue del 90%, por lo que «el impacto ha sido prácticamente total», señalan a THE OBJECTIVE los directivos del instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Ingente producción normativa
En opinión de los trabajadores del INSS, el Gobierno tiene que dar soluciones a los problemas estructurales si de verdad tiene la intención real de revertir la situación de colapso que sufre dicha entidad gestora. Sostienen los técnicos que «la Seguridad Social cuenta con una estructura del siglo pasado, unas plantillas envejecidas y mermadas con las que se pretende hacer frente a los colosales retos de la protección social del siglo XXI».
La denuncia pone el foco en esa ingente producción normativa, alimentada de nuevas prestaciones sociales, con cambios continuos en el modelo de la jubilación y los incrementos por el comienzo de las jubilaciones de la generación del baby boom. También apunta al desenfreno en el control de las incapacidades laborales –con una acumulación de más de 230.000 prestaciones–, los cambios de la gestión hacia la deslocalización y la especialización y los cambios en el modelo de atención al ciudadano.
«Además –añaden los gestores administrativos– se prevé que la situación empeore debido a las jubilaciones masivas de empleados, ya que en algunas direcciones provinciales el 75% de la plantilla supera los 55 años».
La voracidad desmedida del ministerio
Pero el mayor colapso de los trámites burocráticos viene –afirman los directivos de la Seguridad Social– al encontrarse con más de tres millones de expedientes de ingreso mínimo vital (IMV), muchos de ellos tramitados por funcionarios interinos.
En esta actuación, una de las consecuencias de la desbordada gestión –señalan desde las direcciones territoriales del INSS– «es el aumento de los periodos para la obtención de cita previa, deteriorándose así el acceso a la atención de los clientes tradicionales (los trabajadores demandantes de prestaciones contributivas de la Seguridad Social)».
Lejos del sosiego normativo y de procedimiento que exige la creación de nuevas prestaciones de Seguridad Social, «desde el ministerio –insisten los afectados– se ha impulsado una voracidad desmedida orientada al reconocimiento masivo de esta nueva prestación, con cambios continuos de criterio e interpretación de los requisitos de acceso que han generado inseguridad jurídica y que, sin duda, generará miles de reclamaciones y deudas a estas familias y personas en situaciones límite por cobros indebidos, que en su inmensa mayoría aún no han visto la luz».
Una Administración que no contesta
Los gestores administrativos ya venían avisando de este colapso hace años. Un colapso que fue más intenso durante la fase de la pandemia. Al igual que los directivos de la Seguridad Social, los gestores también denuncian una situación que no ha dejado de ser advertida por este colectivo a la Administración, aunque ésta –revela la institución que preside Fernando Santiago– «no nos ha querido escuchar».
No solo dan cuenta de esta situación los gestores administrativos. También los sindicatos que representan a los funcionarios hablan de una plantilla que envejece y cuya renovación no se planifica con tiempo.
Ahora –destacan los gestores– no podemos olvidar que, con las huelgas, «son los ciudadanos quienes sufren de la falta de atención, una cita previa imposible o la tardanza en resolver los trámites, pese a lo cual –remacha Santiago a este diario–, la Administración sigue sin querer escucharnos».
