Un millón de autónomos se expone a una multa por culpa del caos de la Seguridad Social

Hasta un millón de autónomos de carácter societario, de los 3,3 millones de autónomos generales que hay en España, se expone a ser sancionado ya por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), con multas que pueden alcanzar entre 70 y 700 euros máximo, según el artículo 21.4 de la RDL 5/2000 de 4 de agosto, sobre el texto refundido de la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

*(Ser autónomo societario implica formar parte de la constitución de una sociedad que bien puede estar constituida solo por una persona o por un grupo de autónomos societarios).

El motivo no es otro, que el «caos» -cuentan fuentes afectadas a THE OBJECTIVE– que reina en el Ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá, y que podría derivar en un limbo legal plagado de sanciones -puede que hasta durante dos meses, al menos-. Son multas que se producen ante la dificultad que el 90% de autónomos societarios ha tenido para enviar antes del pasado 31 de octubre los datos requeridos por la Tesorería General. Dificultades, entre otras razones, que vienen dadas por la difícil operatividad de sus medios informáticos.

A pocos días del fin del plazo, y ante esta incapacidad de la Seguridad Social por conseguir de estos autónomos datos como el porcentaje de acciones de un autónomo societario, los nombres de los otros socios y el porcentaje de sus acciones, entre otras cuestiones, a Escrivá no le quedó otro remedio que anunciar in extremis la ampliación del mismo hasta el 31 de marzo de 2024.

Hasta ahí, todo bien. Se felicitaron por ello autónomos y también los graduados sociales autorizados para entrar en el sistema RED y tramitar así la petición hecha por correo electrónico por la TGSS. Pero la decisión de Escrivá, lejos de ser una solución -explican a THE OBJECTIVE fuentes consultadas entre los gestores administrativos-, supondrá un problema mayor, porque el nuevo real decreto del que habla el ministro no se ha hecho aún realidad, y porque además, está pidiendo datos de los autónomos que ya tiene o que tienen otros negociados del Estado, como la Agencia Tributaria -incumpliendo así la Ley 39/2015, que impide pedir datos si la administración ya los tiene. Y a esto se añade otro problema -apuntan-: la exigencia de una información que bien podría saltarse la protección de datos, por lo que los Gestores Administrativos sospechan que el Ministerio de Seguridad Social más bien parece regirse por un principio inspector y de control, más que de gestión.

Una decisión sin publicar en el BOE

La Seguridad Social -recalcan las fuentes consultadas- también ha obviado una cuestión mollar: y es que de momento, y con un Gobierno en funciones desde el 23 de julio, no se ha aprobado aún ninguna norma que dé por sentado que el aplazamiento de entrega de datos se extienda hasta el 31 de marzo de 2024, y por tanto, no está publicado en el BOE.

Porque lo que hay hasta ahora -señalan- «es solo un trámite abierto de consulta pública -publicado el 20 de octubre-, de un proyecto de modificación de un Real Decreto, que está en fase de alegaciones abiertas hasta el 14 de noviembre». Y esto quiere decir que, una vez pasada esa fecha, hay que añadir a ese calendario, otro calendario: el de procedimiento de informes preceptivos, reuniones de las comisiones de subsecretarios, las comisiones de secretarios de Estado y finalmente la recepción de la modificación del Real Decreto por el Consejo de Ministros.

En definitiva, y desde un punto de vista técnico -anticipan a TO-, habrá de transcurrir al menos mes y medio o dos meses, y mientras tanto, los autónomos societarios que no han cumplido con la obligación de comunicar sus datos se quedan en «un limbo», a expensas de que una inspección les pase factura por este requerimiento, que la Tesorería General de la Seguridad Social pide tener para la gestión del nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos.

Hay que remontarse al 27 de junio, cuando a través del Real Decreto 504/2022 se regula una disposición transitoria estableciendo la solicitud de estos datos y el plazo determinado de entrega hasta el 31 de octubre de 2022. Sin embargo, no es hasta mediados de septiembre cuando la carta de la TGSS empieza a llegar a los societarios autónomos, instándoles razón social y número de identificación fiscal de las sociedades o comunidades de bienes de las que formen parte y, en el caso de aquellos que son consejeros, administradores, o presten otros servicios para la sociedad, también su porcentaje de participación en el capital social.

Un sistema «farragoso»

Desde ese instante, hay autónomos que deciden hacerlo por su cuenta, al tiempo que graduados sociales y gestores administrativos se ponen a ello. Pero lo «farragoso» del sistema -apunta un economista a TO- multiplica las dificultades para cumplir con esta obligación. «Incluso personas que saben de esto -indican-, se pueden pasar un día entero para cumplimentar la documentación».

Con este escenario, el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, se pone en contacto con la Dirección General de la Seguridad Social para hacerle saber -mediante varias cartas- que la información que pide la TGSS traspasa el respeto a la protección de datos y además -apostillan a TO-, es información que por lógica tiene el Ministerio de Hacienda, de manera que «no puede ser que al final los gestores o los autónomos estén haciendo el trabajo que le corresponde a la propia Administración».

El caos constatado acaba derivando en el reconocimiento explícito por parte del ministro Escrivá -hace apenas unos días- de la necesidad de extender los plazos para que los autonómos societarios revierten la información requerida. Pero solo apenas unos días antes -según ha podido comprobar TO-, la propia Tesorería General admitía que no dispone en sus bases de datos de la información que ordena, y que, por otra parte, tampoco Hacienda puede constatar que disponga de esa información.

Sistema RED

La Tesorería General de la Seguridad Social GSS insiste, por su parte, que ya desde enero de este año puso a disposición de los trabajadores autónomos afectados boletines de noticias RED donde se explica cómo cumplimentar la comunicación de datos, y de igual modo, de cómo este procedimiento también se ha divulgado entre los distintos colegios profesionales. Claro que no todos los autónomos acceden directamente al Sistema RED, explican los gestores administrativos a THE OBJECTIVE, remarcando que además para ello «es necesario un certificado digital válido, pero, en este caso, son tantos los datos que se piden, que un certificado digital no es suficiente».

Lo cierto es que, ante esta maraña de requerimientos, plazos, posiciones enconadas y normativa sin todavía operar, los gestores administrativos advierten de una situación en suspenso, desde el 1 de noviembre -en la que no se descartan sanciones-, hasta que finalmente se resuelvan las modificaciones del proyecto de Real Decreto, y tras este paso, el nuevo Real Decreto reciba el aprobado del Consejo de Ministros y a posteriori se publique en el BOE.