La OCDE suspende a España en derechos de propiedad debido al fenómeno 'okupa'
En el marco jurídico español los afectados no tienen mecanismos para actuar, a diferencia del resto de la UE
Una manifestación contra la okupación. | TO
El derecho a la propiedad en España no logra alcanzar el aprobado. Un año más, y con datos de la OCDE, nuestro país se ha colocado en la posición 22 de los 37 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Un lugar que se ha visto empeorado por el ajuste de impuestos que afecta a la propiedad en España y por fenómenos como la ocupación ilegal, así como por medidas intervencionista como la limitación de los alquileres en zonas tensionadas.
Estas son algunas de las conclusiones del resumen ejecutivo que el Instituto de Estaudios Económicos ha compartido con THE OBJECTIVE, partiendo del Índice que Property Rigths Alliance (IIDP) acaba de publicar poniendo el foco en los resultados de la OCDE.
Sara Levy-Carciente, coordinadora del IIDP y una de las economistas más influyentes de América Latina, ha pilotado este estudio en el que se evalúa la protección de estos derechos mediante el análisis de 11 variables, agrupadas en tres grandes categorías: entorno legal, protección a la propiedad física y blindaje de la propiedad intelectual. Variables que han sido empleadas por la autora de A Century of Panic, Miradas y paradojas de la civilización con las que mide el desarrollo económico, lo que lleva a determinar que «los países con mejor desempeño en este indicador tienen mayor crecimiento económico, competitividad e innovación, así como menores niveles de pobreza».
En estos ámbitos, y en comparación con otras economías avanzadas, España se sitúa en una posición por debajo de la media de la OCDE y de la UE, lo que subraya «la necesidad de seguir trabajando en la mejora de la protección de estos derechos y los desafíos que se deben afrontar».
El peso de los impuestos y la okupación
En 2024, España se ha mantenido en la mitad inferior del Índice Internacional de Derechos de la Propiedad, en el puesto 22 de 37. Si se tiene en cuenta el ajuste de impuestos del índice IIDP (denominado IIDP-TAX), España cae dos puntos más y se coloca en el escalón número 24, cayendo hasta los 5,7 puntos -respecto a los 6,4 puntos del indicador sin ajustar-. Con este resultado, el IEE cree que «la excesiva incidencia de los impuestos sobre la propiedad», por encima de la media de los países de la OCDE, «reduce la capacidad efectiva de dar un uso más pleno a los derechos de la propiedad».
Además del peso de los impuestos, el Índice Internacional de Derechos de Propiedad incide en una problemática especialmente relevante en España, en relación con los derechos de propiedad. Se trata del aumento significativo en los últimos años del fenómeno de la okupación, lo que para el IEE se debe a fallos en las políticas de vivienda y una insuficiente protección del derecho a al propiedad privada.
Solo en 2024 el número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles alcanzó casi los 16.500 casos (prácticamente 317 denuncias a la semana); con un incremento del 7% respecto al año anterior. Desde los últimos 15 años, las denuncias de este género se multiplican por seis: es un fenómeno al alza, con un repunte de denuncias de un 34,5% en el periodo que va desde 2018 a 2025. Además -reseña este informe-, no podemos olvidar que el número de denuncias por ocupación ilegal de inmuebles es tan solo un valor aproximado del total de viviendas ocupadas, pues en muchos casos no se materializan denuncias sobre esta cuestión por suponer un mayor coste la no disponibilidad del inmueble y tener que afrontar por la vía legal durante un amplio periodo de tiempo este ilícito.
Falta de mecanismos para atajar la okupación
El IEE ha aprovechado estos datos sobre el derecho a la propiedad en España para abordar en su último informe el problema de la ocupación ilegal en España. Así y, apoyándose en dos expertos –Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, y Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal por la Universidad de Barcelona-, el think tank presidido por Iñigo Fernández de Mesa y dirigido por Gregorio Izquierdo ha tratado un fenómeno relativamente reducido en términos de población y parque de viviendas -como así defiende el Gobierno de Pedro Sánchez-, pero para que el, de momento, no se han encontrado soluciones reales. Eso ocasiona la aparición de riesgo moral y genera incentivos para que este fenómeno se acreciente.
Cuena Casas utiliza un ejemplo para evidenciar este argumento, y es el hecho de que muchos propietarios recurran a empresas privadas de desalojo o vías de negociación que escapen de la litigiosidad del sistema judicial. En estos casos el afectado debe «autotutelarse» ante el fracaso de los mecanismos legales. Por si esto fuera poco, hay una dejación de funciones por parte de los poderes públicos ante el mandato constitucional de aplicar políticas que garanticen a los ciudadanos una vivienda digna y adecuada. De esta forma -señala la también cofundadora y coeditora de la Fundación Hay Derecho-, traspasa esta responsabilidad, en detrimento del derecho a la propiedad, a los propietarios privados de los inmuebles, lo que de facto se consideraría como expropiación, a la que le correspondería su respectiva indemnización».
Para Vicente Pérez Daudí, experto en derecho inmobiliario, «la falta de una respuesta rápida y efectiva por parte del sistema judicial español ha sido un factor clave en el crecimiento de este fenómeno». Y ahí está el ejemplo de Cataluña, que hoy es la comunidad autónoma con mayor incidencia, el 43% del total nacional. Estas cifras, aunque alarmantes, no muestran una imagen completa de la magnitud del problema, ya que no contabilizan aquellos procesos que involucran una resolución por vía civil y no penal, apunta Pérez Daudí.
El ejemplo de otros países
Con la intención de ubicar el marco jurídico español y establecer una referencia con respecto al resto de los sistemas de Europa, Matilde Cuena Casas ha comparado para el informe del IEE la legislación vigente en España con la de otros países. Según la autora, otros países de Europa cuentan con una normativa más favorable para garantizar el derecho de propiedad. El más favorable para combatir este fenómeno es Francia, cuya legislación permite desalojar una ocupación ilegal en 48 horas si el propietario denuncia inmediatamente. En Alemania se considera delito grave, lo que implica desalojos rápidos y penas severas. En el Reino Unido es parecido, ya que se penaliza la ocupación con hasta seis meses de cárcel. En Italia también se aboga por un desalojo rápido cuando se trata de viviendas particulares. En los Países Bajos aplican una política estricta de tolerancia cero con la ocupación ilegal desde 2010 (Cuena, 2023).
El marco regulatorio actual de España, influido por la Ley 12/2023, no ha resuelto la problemática. A pesar de los esfuerzos, no se han aplivcado mecanismos eficaces para el desalojo rápido de ocupaciones ilegales, dejando a los propietarios vulnerables e inseguros. En este sentido, Matilde Cuena Casas, abogada y especialista en derecho urbanístico, subraya que «la normativa actual sigue siendo insuficiente para garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y fomentar un mercado de alquiler estable».
El efecto de las medidas intervencionistas
La legislación también presenta medidas intervencionistas -abunda el informe del IEE- como la limitación de alquileres en zonas tensionadas, lo que podría agravar el problema de acceso a la vivienda y aumentar la demanda de vivienda social, favoreciendo, en consecuencia, la ocupación ilegal, teniendo en cuenta que la duración promedio de los juicios verbales posesorios o interdictos por ocupación ilegal de viviendas ha aumentado significativamente: de 4,9 meses, en 2018, a 12 meses en 2023, esto es un incremento de más del 50%.
Según Pérez Daudí, «estos plazos largos no solo afectan a los propietarios, sino que también alimentan la percepción de impunidad entre los ocupantes ilegales». En cuanto a los desahucios, se constata que los ocurridos por impago de alquiler aumentaron un 4,5% en 2024, mientras que los de impago hipotecario disminuyeron ligeramente.
El impacto de la pandemia se reflejó en una caída temporal de los desahucios en 2020, pero el repunte posterior demuestra que el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas en alquiler se acrecienta, tal y como reafirman los registros procedentes de las resoluciones dictadas en procedimientos sobre arrendamientos urbanos, en cuanto al número de sentencias y decretos dictados por impago de alquileres en dicho periodo.
«Así no se va atajar la inquiokupación»
Esta semana se daba a conocer la noticia de la aprobación de la Ley Antiokupas. Una normativa que, para Ricardo Bravo, portavoz de los afectados por la okupación, no es cierta, «porque lo que se va aplicara a partir de ahora, es apenas una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lo que pretende es llevar por la vía rápida todos los juicios, los allanamientos y las usurpaciones».
«¿Esto va a ser una medida efectiva?», se pregunta. «Pues no, porque, solo hace 10 días, el propio Gobierno trató de boicotear la entrada en vigor de esta medida. Por tanto, ya parece que esta medida va a contar con varios obstáculos». «Pero más allá de eso, lo que necesitamos es voluntariedad e intencionalidad por parte de todos los agentes que intervienen en una desokupación. Desde policía hasta Delegación de Gobierno y Fiscalía, y que tenga clara la intervención en este tipo de casos. Y después lo que necesitamos es que los jueces puedan asumir esta carga de trabajo, lo que nos parece difícil, según como está la Justicia en España».
«Más allá de esto, el problema de la okupación en España no va a acabar. En la actualidad, el 80% de casos de okupación, que tienen que ver con la inquiokupación, no están recogidos en esta medida. Ahora bien, lo que si nos parece relevante es que ya se empieza a dar respuesta al clamor de ese 80% de españoles que solicita medidas para intervenir en los problemas de okupación».
