El Gobierno admite su fracaso en la ejecución de la actividad legislativa de 2024
El Ejecutivo acusa la debilidad parlamentaria y solo logra sacar adelante el 42% de su plan normativo

Pilar Alegría, portavoz del Gobierno. | Europa Press
El Gobierno acaba de admitir en el último Consejo de Ministros el fracaso que ha obtenido en cuanto a la ejecución de su actividad legislativa en 2024. Ha sido el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el encargado de dar los números, y confirmar que de 198 iniciativas planteadas el año pasado, apenas se han llegado a aprobar 87. El Ejecutivo solo ha logrado sacar adelante el 42% de su plan normativo diseñado para 2024, dejándose en el tintero muchas de las propuestas anunciadas.
No hay visos de poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, aun actuando con la mayor de las premuras. Las cuentas públicas, por el momento, están prorrogadas desde el año 2023, como ya recordó THE OBJECTIVE, pese a que Sánchez siempre ha defendido que los Presupuestos son a la política y al ejercicio del Gobierno como la gasolina a los coches.
Aún así, el Gobierno presume de ejecución de actividad. Este martes afirmó que el área de mayor producción legislativa en 2024 fue Transformación Digital, con una ley y 55 reales decretos. Le siguen las áreas de Educación, FP y Deportes con otra ley y 31 reales decretos; y Agricultura, Pesca y Alimentación con una única ley y 25 reales decretos. Por tanto, tres leyes y 111 reales decretos para solo tres carteras.
Una valoración algo pretenciosa: el Gobierno cerró el último ejercicio legislativo con 75 derrotas en las votaciones que tuvieron lugar en el Parlamento español, acumulando hasta 20 votaciones en contra el 19 de diciembre de 2024, según datos recogidos por la agencia Europa Press.
Planes para controlar a medios y jueces
Además de la evaluación del Plan Normativo de 2024, este martes el Consejo de Ministros aprobó el nuevo horizonte legislativo a desarrollar en 2025, para el que ya prevé que presentarán hasta 140 reales decretos, acompañados de 16 leyes orgánicas y 43 leyes ordinarias. En definitiva, 199 iniciativas.
Entre ellas, el Gobierno destaca como más relevantes la Ley de Presupuestos, una ley orgánica «por la que el Estado asume una parte de la deuda de las comunidades autónomas», así como nuevas normas previstas en el Plan de Acción por la Democracia.
Se trata de un plan que contempla un desarrollo normativo inspirado en el Plan Europeo por la Democracia, como referencia, y del que emanan entre otras medidas: (1) 100 millones de euros en ayudas para la digitalización de medios de comunicación, (2) iniciativas para evitar la concentración de medios, (3) campañas de lucha contra la desinformación, (4) reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados. Además, incorpora la creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben; y (5), pone límites a la financiación que las administraciones públicas puedan dar a los medios.
La carrera judicial
Del mismo modo, en el ámbito de la ampliación y garantía de los derechos fundamentales, destacan la Ley Orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos; la Ley Orgánica para reforzar la protección frente a la violencia de género; o la Ley Orgánica contra el racismo y la intolerancia.
Y en el ámbito procesal y judicial, señala el Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños, se incorporarán normas como la Ley Orgánica de enjuiciamiento criminal y la Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, asunto muy cuestionado por los profesionales y por los estudiantes y opositores de la carrera judicial.
Otra vez la reducción de jornada
En clave económica y de relaciones laborales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluye de nuevo la reducción de la jornada laboral ordinaria a 37,5 horas a la semana. Una propuesta que de momento lleva un retraso temporal considerable, y que no ha encontrado el respaldo suficiente del Congreso de los Diputados. Y que en varias ocasiones ha hecho aumentar la grieta entre los ministerios de carácter económico y el de Trabajo, que ocupa la dirigente de Sumar, Yolanda Díaz.
Díaz también es protagonista de otra ley incluida en el plan de acción de 2025. Se trata de la ley de democracia de la empresa, que permitiría que los trabajadores, a través de los sindicatos, se sienten en los consejos de administración de las empresas. Además, en el apartado económico, el Ejecutivo introduce la Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA.
Por último, en el ámbito social y de protección de los consumidores, el plan Normativo 2025 recoge la Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud y la Ley de consumo sostenible.
La ‘amenaza’ de Junts
En este escenario de debilidad parlamentaria para el Gobierno, Junts ya ha avanzado que su partido hará balance a finales de mayo del acuerdo de Bruselas con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, con el aviso de que si no se cumple, no mantendrán su respaldo.
«Si no se cumple el acuerdo de Bruselas, nosotros -ha afirmado el secretario general de Junts, Jordi Turull- no vamos a seguir dando apoyo al Gobierno», además de destacar que su formación nunca participará en una moción de censura contra Pedro Sánchez.