Díaz pretende legislar para que las empresas no puedan acometer nueve de cada diez despidos
El Ministerio de Trabajo quiere encarecer las extinciones de empleo para que sean disuasorias
Yolanda Díaz está dispuesta a introducir modificaciones en las actuales pautas de despido. | Ilustración de Alejandra Svriz
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pretende impulsar este año reformas legislativas que afectarán de lleno al despido. El objetivo, según ha reconocido, es que «no sean rentables» para las empresas las extinciones de contratos. Para ello, buscará encarecer las rescisiones de los acuerdos empresa-trabajador y limitará al máximo las causas objetivas de los despidos.
Los planes de Díaz podrían afectar a las actuales pautas que marcan los despidos procedentes, disciplinarios y los objetivos. Según los datos de bajas de afiliación a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, solo durante el pasado mes de marzo se produjeron 81.135 despidos por diferentes causas. El 93% afectó a contratos indefinidos. Mientras, más de nueve de cada diez de estas extinciones de contratos tuvieron causas objetivas -42%-, disciplinarias -52%-y procedentes, apenas el 0,15%.
Tras la última reforma laboral de 2022, que tuvo como principal finalidad hacer el empleo más estable, acabando con la temporalidad y creando la figura del fijo discontinuo, los empresarios se han aferrado a los despidos disciplinarios -sin coste-. La mayoría de estos se resuelven antes de llegar a juicio en actos de conciliación. Lo habitual es alcanzar la indemnización máxima -33 días- prevista para despidos improcedentes. Cuando no hay causas económicas, organizativas o de producción para promover un despido objetivo, el empresario acude al disciplinario. Lo hace incluso sabiendo que deberá acudir al arbitraje laboral o al juzgado. La opción, a falta de justificación, le compensa, aunque supone un coste mayor.
Causalidad del despido
Para corregir esta y otras insólitas situaciones, Díaz pretende modificar el Estatuto de los Trabajadores en materia de despido. La intención es establecer garantías para las personas trabajadoras frente a la rescisión del contrato. De esta forma, se daría cumplimiento a la Carta Social Europea, «reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral».
Una de las iniciativas que se baraja es introducir un mecanismo para que la indemnización de un despido declarado improcedente tenga en cuenta las circunstancias personales del trabajador. Esto afectará especialmente a los asalariados que tengan más complicado volver al mercado laboral. Asuntos como la edad y la carrera profesional pesarán si sale adelante la modificación. Más tarde o más temprano, buena parte de las rescisiones de contratos acaban siendo improcedentes.
Otro de los frentes que pretende abrir el ministerio tiene que ver con el despido por causas objetivas -32.608 en marzo-. Díaz pretende delimitar las causas para acudir a este mecanismo, que impulsaron el PP, en 2o12, y el PSOE, en 2010, en las anteriores reformas laborales, para dotar de flexibilidad a las empresas en periodos de crisis. La indemnización actual en estos casos es de 20 días por año trabajado.
Además, se prevé que los procedimientos de modificación de las condiciones laborales y descuelgue sean negociados. Se dará prioridad a la negociación con las organizaciones sindicales y se buscará garantizar el carácter reversible de las medidas adoptadas.
Las normas de Díaz
Junto a las modificaciones en marcha, recogidas en el Plan Anual Normativo 2024, está la reciente aprobación por el Gobierno del fin de los despidos tras una incapacidad sobrevenida. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, que hasta ahora permitía despedir de manera automática a los trabajadores por esta causa.
El Ministerio de Trabajo pretende impulsar a lo largo del año ocho leyes y diez reales decretos. Además de la reforma del despido, que pondrá más difícil a las empresas rescindir contratos, la reducción de la jornada laboral también está en los planes. Así, prevé recortar la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial, para establecerla en 37 horas y media semanales. Su aplicación se produciría de forma progresiva, reduciéndose hasta las 38 horas y media semanales, en 2024, y culminándose en 2025.
También buscará reforzar los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para asegurar el cumplimiento de la jornada en todas las empresas. Además, adaptará, si salen adelante los proyectos, el régimen sancionador para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa. El texto que recoge la agenda normativa también contempla una ley de democracia en la empresa. La finalidad es que los trabajadores puedan formar parte de los órganos de decisión de las corporaciones. También apostará por el refuerzo de la economía social y por la modificación de la ley de cooperativas.
