Las 'startups' no pueden seguirle el ritmo a la España de los funcionarios

Mientras la cifra de empleados públicos descompensa las cuentas de una Seguridad Social que afronta tanto el declive del trabajo por cuenta propia como las jubilaciones en masa de los baby boomers, todavía resuena el estribillo del emprendimiento digital como fórmula mágica para resolverle al Estado un problema creado en parte por sus propias políticas. 

La narrativa del éxito empresarial asociado a la creación de una startup se fundamenta en la observación de la punta de la pirámide, es decir, en los casos de triunfo nítido donde una compañía termina valiendo más de 1.000 millones. A su vez, ese hito suele implicar otros; por ejemplo, la venta de la empresa a un conglomerado aún mayor y la transformación de los fundadores originales en adinerados gurús. 

Esta miopía tapa de hecho la secuencia completa, cuyo final suele llegar mucho antes del unicornio por razones obvias: casi nadie alcanza esa fase. Lo que sí suele haber son muchos desafíos, desde la creación de un producto verdaderamente demandado por el mercado hasta la relación entablada con los inversores, quienes, no conviene olvidarlo, por encima de cualquier otra consideración buscan la rentabilidad. 

Quien siga la actualidad de las startups y conserve en la memoria una buena lista de nombres, puede proponerse un sencillo ejercicio consistente en comprobar el punto en que se hallan las empresas que le vienen a la mente. Es probable que entonces recuerde a Jeff, la firma valenciana de lavanderías; o a Colvin, los chicos catalanes de las flores online; o a la Hello.app del hoy ilocalizable Álvaro Pintado, quien prometió transformarla en un coloso en apenas tres años; o a la plataforma de préstamos Arboribus, la app  Closer, alternativa a Tinder creada por tres españoles, o la plataforma en torno a las actividades de montaña de Dersu. Todas ellas pertenecen a ese 90% de fracasos propio del ecosistema. 

A favor

No es que el contexto sea malo. España cuenta con algunas de las escuelas de negocios más importantes del mundo y en ellas se enseñan los rudimentos de la nueva economía. Las gestoras nacionales de fondos han crecido extraordinariamente, con varias manejando cantidades que hace una década serían impensables. Sus equivalentes extranjeras, tanto europeas como norteamericanas, conocen el tablero de juego local y saben que siempre hay opciones, tal y como demuestra un largo listado de aciertos [si el acierto se mide por la condición de unicornio, lo son o lo han sido Cabify, Wallbox, Factorial, Glovo, TravelPerk y Jobandtalent, y ello sin contar triunfos previos como el de Idealista]. También existe la figura del emprendedor en serie, objeto de profunda pleitesía en Silicon Valley y termómetro para muchos de la salud de una industria. 

En contra

Pero las startups no pueden salvar a un país de sus déficits. Mariano Rajoy se encomendó a ese mantra erróneo cuando gobernaba y ocasionalmente rememoraba la existencia del emprendimiento digital. Pedro Sánchez ha sabido enfocarlo mejor en este terreno: la labor encomendada a Francisco Polo culminó con la Ley de Startups, un logro sin precedentes, y hoy, en pleno debate sobre el aumento forzoso del gasto en Defensa, el presidente del Ejecutivo asume que buena parte de esa inversión favorecerá a las compañías más innovadoras. 

Resulta extraño, sin embargo, que España mantenga su querencia por funcionarios, interinos y personal laboral al servicio de las administraciones públicas, categorías que juntas suman 3,59 millones de trabajadores frente a los 3,15 millones de autónomos contabilizados durante el último trimestre del año pasado. Aunque no es lo mismo un cirujano que un bedel, y aunque el trabajo en ventanilla poco tiene que ver con la sentencia de un juez o la investigación científica fraguada en la universidad, el debate sobre la productividad de un cuerpo tan inmenso de profesionales sigue ahí, y nadie desde la esfera política se atreve a plantear una reformulación.