Las energéticas estudian llevar a Red Eléctrica ante la Justicia tras el ataque de Sánchez

Las energéticas reaccionan a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que les ha señalado por el apagón del pasado 28 de abril. Sánchez dijo que va a «exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados», y esta declaración ha irritado a las empresas. La tensión va in crescendo a medida que el Gobierno defiende la gestión de Red Eléctrica Española. Para los operadores privados, esta entidad es la responsable de la crisis. Ahora, las empresas del sector estudian llevar a los tribunales a Red Eléctrica, y tal vez al propio Gobierno, cuando se aclare lo ocurrido. Según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes del sector, plantean pedir compensaciones y que el Gobierno rectifique.

El malestar es palpable. El pasado lunes, los operadores se encontraron ante un fallo del sistema poco después de las 12.30 horas. La producción de energía se hundió de golpe, y lo primero que hicieron fue ponerse en contacto con Red Eléctrica para ofrecer toda su ayuda con el objetivo de recuperar el flujo. En 10 horas se pudo restablecer la electricidad casi en todo el territorio nacional, un «hito» según fuentes del sector, que califican la situación de «inédita».

Tan solo los operadores privados tenían planes de contingencia, pero se trataba de simulaciones. Así que después de ofrecer su ayuda y energía para reactivar el país, vieron como Sánchez empezó a señalarles ante la opinión pública como los responsables del apagón. El pasado martes, el presidente convocó a las principales empresas del sector. Las fuentes consultadas hablan de una reunión «cordial», aunque otros apuntan al «cabreo» de algunos asistentes. En ese momento ya estaba clara la intención del presidente de endosar a las empresas la carga de la responsabilidad del apagón.

Una registradora al mando de la red

Para las empresas no hay dudas: Red Eléctrica, en calidad de único operador y gestor del sistema, es el único responsable del apagón. Desconocen las causas exactas del mismo, puesto que toda la información la tiene únicamente la entidad dirigida por Beatriz Corredor. Y Red Eléctrica, respaldada por el Gobierno, rechaza de momento asumir responsabilidades y revelar cuál fue la causa del accidente. «En esta casa se ha trabajado bien», mantuvo el miércoles Corredor, que insiste en no dimitir. «Si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo», añadió. El Gobierno de Sánchez también la respalda, al menos de momento.

Sánchez nombró a Corredor al mando de Red Eléctrica después de su paso por ministerio de Vivienda en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Entró como sustituta de Jordi Sevilla en 2020. Es la directiva con mejor remuneración en empresas con capital público: 546.000 euros al año. Aunque la pregunta pendiente es si esta jurista y registradora de la propiedad representa la persona más preparada para liderar Red Eléctrica, o si su nombramiento fue eminentemente político. El Gobierno, al defenderla, impide cualquier tipo de debate sobre su figura o gestión.

Rectificación y compensaciones

La falta de asunción de responsabilidades y la escasa información ofrecida por Red Eléctrica tensan la cuerda con el sector privado. Fuentes de las principales empresas afirman, en conversación con este periódico, que están preparando una reacción en el ámbito legal. Esperan las investigaciones internas y externas -en Red Eléctrica y en la Unión Europea- para saber exactamente qué ha ocurrido, y después actuarán. Están convencidos de que la responsabilidad del apagón recae sobre Red Eléctrica.

Red Eléctrica es la única entidad responsable de la gestión y suministro de electricidad a nivel nacional: controla toda la red y decide cuánta energía compra en cada momento a los operadores. Es algo parecido a un semáforo del sistema, explican las fuentes consultadas para subrayar que solo esta entidad puede saber qué ocurrió el pasado lunes. «Es raro que todavía no haya dado explicaciones», explican las fuentes consultadas, a la vez que asumen que si el Gobierno mantiene el choque con las empresas del sector, el asunto se judicializará. «Es inevitable», avisan.

Las energéticas están estudiando escenarios legales para pedir al Gobierno una rectificación por lo que consideran una difamación fundamentada sobre falsedades, y también compensaciones económicas: tanto por la pérdida de dinero en el ámbito de su negocio, como respecto a sus clientes y consumidores. El Gobierno cifra en 800 millones de euros el impacto económico del apagón del lunes.

«Defensa de sus derechos»

Pero primero quieren conocer exactamente qué ocurrió. Y esa espera revelaría, según algunas fuentes del sector, el intento del Gobierno de echar la pelota hacia adelante, esperando que el asunto se apague por inercia. Mientras, la UE ha pedido a España entregar todos los datos disponibles para analizar el caso, y Portugal exige a la Comisión Europea una auditoría independiente.

Iberdrola, una de las empresas que fue convocada por el presidente después del apagón, emitió un comunicado el miércoles que decía: «Se ha colaborado aportando toda la información solicitada por el Operador del Sistema y las autoridades para que puedan establecer la causa raíz de este incidente. En función de dicha causa, Iberdrola España valorará adoptar medidas necesarias para la defensa de sus derechos y los de sus clientes». Esa «defensa de sus derechos» hace referencia a emprender medidas legales cuando se sepan las causas del apagón. Fuentes del sector afirman que la posición de Iberdrola es compartida con otras grandes energéticas.

El enfado de los operadores privados, en definitiva, tiene que ver con la sensación de haber sido traicionados por el Gobierno y por Red Eléctrica. Pusieron a disposición todos sus recursos para recuperar la normalidad en tiempo récord. Y en lugar de ver reconocido su esfuerzo, se encontraron con el reproche del Gobierno, interesado según ellos en buscar a un culpable para no asumir su responsabilidad política. Y el principal problema que detectan en este momento es la falta de información oficial sobre el incidente. En cuanto den con esas causas, prometen no quedarse de brazos cruzados.