Moncloa retoma su plan de entrar en una gran energética tras el apagón 

31 de octubre de 2023.- La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) anuncia que está realizando un “análisis exploratorio” para abordar la compra de acciones en Telefónica. La vuelta del Estado español a la ‘teleco‘ buscaba dar estabilidad y proteger una españolidad que aparentemente “estaba en peligro”, ya que dos meses antes STC, propiedad del fondo soberano de la familia real de Arabia Saudí, había anunciado la compra del 10%. Una noticia que agitó al mercado y obligó al Gobierno a mover ficha para blindar a la que siempre ha considerado como una de las compañías más estratégicas de España. Casi cuatro años después de la pandemia todavía estaba en la retina la labor que desarrollaron las operadoras de telecomunicaciones para mantener la conectividad, y tras la guerra de Ucrania se consideraba aún más necesario preservar las industrias clave.

19 de diciembre de 2023.- El secreto a voces se confirma y el Consejo de Ministros aprueba la compra del 10% de Telefónica a través de la SEPI. La novedad era que finalmente se autorizaba llegar hasta el 10% y no el 5% con el que se venía especulando hasta la fecha. Un porcentaje que les colocaba al mismo nivel que los saudíes habían comprado (con la mitad todavía por autorizar por la Junta de Inversiones) y, por tanto, yendo un paso más allá de la mera estabilidad accionarial. El Gobierno daba un paso firme para ser el primer accionista y -como se comprobaría meses después con la salida de José María Álvarez-Pallete- ejercer completamente su poder en la gestión de la operadora. Las motivaciones económicas comenzaban ya a ser políticas. Un hecho que en el papel no sería aislado. Por esas fechas, este diario ya publicó que los deseos de Moncloa iban mucho más allá y que la compra de la ‘teleco‘ era parte de un puzzle que se había montado en la Oficina Económica y que tenía como principal objetivo desembarcar en varias empresas rentables, estratégicas y claves del Ibex.

El plan era simple y pasaba porque la SEPI fuese el brazo inversor (similar a lo que es Criteria con la Fundación La Caixa) para acercarse al «modelo francés», donde el Estado tiene participaciones minoritarias en grandes empresas estratégicas. El Ejecutivo cree firmemente que tener un paquete no de control -pero relevante- le permitiría entrar en sus consejos de administración para acompasar sus hojas de ruta con los intereses industriales. Se trataba de tener peso en las decisiones-con la menor inversión posible- y además vigilar (o sustituir) a directivos díscolos dentro del Ibex. En el caso de las cotizadas no es difícil tener mando en plaza (como se ha demostrado en Telefónica) porque tienen un capital fragmentado y basta con aliarse con dos o tres accionistas relevantes para sacar adelante sus objetivos económicos… y también políticos.

Guerra contra las energéticas

Y dentro del interés en desembarcar en empresas estratégicas en el Gobierno nunca se ha ocultado que hay predilección por las eléctricas y gasistas. Desde estas páginas ya se advirtió el 3 de noviembre de 2023 de la debilidad de Pedro Sánchez por el sector. Por entonces, se cumplía un mes del atentado de Hamás que dio comienzo a la guerra de Gaza, lo que volvía a poner sobre la mesa la necesidad de asegurar el suministro energético. Los precios de la electricidad seguían en máximos, con el abastecimiento de gas y de petróleo con serias dificultades por la invasión de Ucrania y el bloqueo comercial a Rusia, y no había certeza respecto del modelo energético de la Unión Europea. Era el contexto perfecto para emprender el asalto. Sin embargo, los sucesivos problemas del Ministerio de Hacienda para aprobar presupuestos y buscar la financiación necesaria para emprender operaciones de este calado, frenaron las intentonas y desviaron las prioridades hacia otros sectores. Pero el plan se guardó en un cajón de La Moncloa… a la espera del momento más propicio.

20 de mayo de 2024.- La SEPI completa la compra del 10% de Telefónica semanas después de asegurarse un asiento en el consejo de administración con Carlos Ocaña y tras desembolsar 2.300 millones de euros que sacó de partidas reasignadas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados. Un esfuerzo importante que vació la hucha de contingencias del Tesoro y no dejó margen para nuevas aventuras, y menos para intentar otra Operación Ibex. Un momento en el que además la relación del Gobierno con las energéticas seguía naufragando. Todo comenzó con el hostigamiento de Sánchez con el estallido de la guerra en Ucrania a comienzos de 2022, cuando les comenzó a culpar de enriquecerse a costa de beneficios extraordinarios por la subida del precio de la luz. Un ataque que derivó en el establecimiento del impuesto al sector que se aprobó a finales de ese año y que se aplicó de manera retroactiva para 2022 y también para 2023. El movimiento de Sánchez le costó al sector 1.644 millones en su primer año y otros 1.164 millones en el segundo.

La energía es probablemente el sector que peor relación ha tenido con Sánchez en la segunda parte de sus seis años en La Moncloa. Sus dirigentes suelen criticarlo en público y no dudan en apelar a su esfuerzo inversor para defenderse ante lo que consideran un constante hostigamiento del Ejecutivo. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola; y Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, no han ocultado sus diferencias. Son también probablemente el grupo de empresas que se siente más atacado, no solamente por el presidente, sino por todos sus ministros. Constantemente piden que paguen más impuestos, y Sumar y Podemos consideran que estas compañías deben estar casi por completo en manos del Estado. Una lucha que se reavivó por las exigencias precisamente de estos socios parlamentarios de hacer permanente el impuesto extraordinario y de la voluntad del Ministerio de Hacienda de mantener el tributo para engordar una recaudación presionada por el gasto público.

Impuesto extraordinario

22 de enero de 2025.- El Congreso tumba la prórroga del impuesto extraordinario a las energéticas con una holgada mayoría de 183 votos. Por primera vez en la legislatura, Partido Popular (PP), Vox, Junts, PNV y UPN se unieron para rechazar una medida acordada por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG. Todo gracias a las gestiones de las propias energéticas que lograron unir bloques aparentemente irreconciliables para ganar el pulso al Gobierno. Discretamente y durante varias semanas representantes de Repsol, Iberdrola, Endesa y Naturgy hicieron un trabajo de campo exitoso para convencer a los partidos de que este gravamen solo perjudicaría a las inversiones en sectores clave y en regiones como País Vasco o Cataluña. Parecía que las eléctricas ganaban la partida a Sánchez… pero Sánchez nunca olvida.

28 de abril de 2025.- España se queda sin luz por culpa del mayor apagón de su historia. Nadie sabe nada y el Gobierno tarda seis horas en dar explicaciones. Finalmente, la energía vuelve casi al filo de la medianoche, pero hasta la fecha no se ha podido determinar cuál ha sido la verdadera causa. Lo que sí hizo Pedro Sánchez al día siguiente -el martes- fue culpar a las empresas privadas diciendo hasta en doce ocasiones que “exigirá responsabilidades“. Volvía la guerra contra las eléctricas que se escenificó en una reunión de urgencia sostenida en La Moncloa, donde citó a Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy. Un encuentro al que asistieron hasta cuatro ministros (Hacienda, Transición Energética, Transformación Digital y Economía), pero a la que solo fue un CEO, José Bogas, y el presidente de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle. El resto de compañías enviaron a sus responsables de redes. En cualquier caso, las operadoras calificaron las acusaciones de Sánchez de caza de brujas e insistieron en que colaboraron en todo momento con Red Eléctrica para restaurar cuanto antes el suministro.

En el sector se considera que esta nueva arremetida no solo busca desviar responsabilidades de Red Eléctrica, empresa pública controlada por el Estado y cuyo presidente siempre es elegido por Moncloa (su actual dirigente es Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda con Zapatero), sino que también persigue hostigar a unas compañías que llevan meses plantando cara. Incluso no se descarta que sea un ajuste de cuentas por el freno al impuesto extraordinario a comienzos de año en el Congreso. Lo que sí está claro es que el Ejecutivo nunca ha olvidado sus planes de tener peso accionarial en una gran energética y esta nueva crisis de suministro parece la excusa perfecta para retomar estos planes de tener participación en alguna de ellas, poder influir en la gestión con un consejero… y quizás designar a su cúpula. La justificación del sector estratégico y la protección de los intereses nacionales -a la que se agrega una caída de la red- se constituye como la excusa ideal para desempolvar viejos planes.

Las opciones de Moncloa

En Moncloa han vuelto a surgir las voces que aconsejan a Pedro Sánchez tomar una participación en alguna de las grandes energéticas cotizadas. Y a partir de ahí todo es posible. El único freno es el dinero que pueda reunir el Gobierno para emprender una operación de este tipo. Iberdrola tiene una valoración bursátil de 101.890 millones de euros, por lo que comprar un paquete en torno al 10% que le dé el control podría llegar a los 10.000 millones, una cifra equivalente al plan de aumento de gasto militar presentado hace dos semanas. La energética liderada por Ignacio Sánchez Galán es díscola, por lo que influir en ella es un caramelo para Moncloa. No obstante, antes habría que llegar a un acuerdo con el fondo soberano catarí, QIA, que tiene un 8,7% del capital y Blackrock, que posee un 6,6%.

Llegados a este punto, parece mucho más razonable intentar tener una participación en Naturgy, la encargada del suministro de gas a España y que vive una incertidumbre accionarial debido a que dos fondos con acciones equivalente al 40% del capital (CVC y GIP) quieren vender sus posiciones. Blackrock es el dueño de GIP y para la compañía de Larry Fink no es atractivo tener más del 5% en cada una de las cotizadas españolas, ya que superar este porcentaje les compromete en la gestión y en la toma de decisiones. El mercado lleva varios meses especulando con que planean deshacerse de entre el 10% y el 15% de la energética, un paquete que rondaría los 2.400 a 3.600 millones de euros. Parece una cifra elevada, pero sería la mejor forma del Ejecutivo entrar sin levantar demasiadas suspicacias. 

En este sentido, la buena relación del Gobierno con Criteria, el dueño del 26% de Naturgy, podría abrir la puerta a una entrada amistosa asegurando un núcleo de control y sin tener que esperar la entrada de un nuevo inversor extranjero que tuviese que lanzar una opa por la totalidad del capital, como en su momento quería hacer la emiratí Taqa. Sin embargo, nada está decidido todavía. De momento, sobre la mesa está el interés del Ejecutivo de aprovechar la reciente crisis de suministro para cumplir con su viejo deseo de tener una participación relevante en una gran energética cotizada. Y para ello ya hay equipos trabajando en ello. Ahora solo falta la voluntad política… y la financiación.