La Sepi pone en el punto de mira a las energéticas en su plan de renacionalizaciones

El Gobierno tiene en el punto de mira a las principales empresas energéticas que operan en España y que cotizan en el Ibex 35. El Ejecutivo de Pedro Sánchez está valorando la posibilidad de tomar pequeñas, pero relevantes participaciones a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en empresas «estratégicas» como Telefónica, pero también en Repsol, Iberdrola, Endesa o Naturgy, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE con fuentes de la sociedad pública.

Estas adquisiciones -que se prevén ejecutar de manera paulatina durante la próxima legislatura- forman parte de una estrategia para entrar en compañías estratégicas bajo la excusa de protegerlas de una arremetida de fondos extranjeros, cohesionar el tejido productivo español y de recuperar el poderío industrial que el Estado tuvo hasta mediados de la década de los noventa. El proyecto es además uno de los puntos que se negocia con algunas formaciones políticas para lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

El martes, la propia SEPI reconoció que está valorando comprar una participación en Telefónica que el mercado sitúa en el 5%. Con un coste por encima de los 1.000 millones de euros -a precios de mercado-, la sociedad pública (dependiente del Ministerio de Hacienda) dijo que está llevando a cabo un «análisis exploratorio interno» relativo a una «eventual adquisición de una participación accionarial».

Empresas energéticas

Este diario ya advirtió de que este movimiento sería solo el primer paso de un plan de mayor calado para proteger sectores estratégicos con la entrada de la SEPI en grandes empresas del Ibex 35. El proyecto incluye potencialmente a cualquier compañía del selectivo español, ya que según la Ley de Inversiones Extranjeras son sectores estratégicos «infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles, así como los terrenos y bienes inmuebles que sean necesarios para su operación».

No obstante, se mira con especial interés la evolución de las empresas energéticas, quizás el más estratégico de todos los sectores productivos que en estos momentos identifica el Gobierno. La actual coyuntura internacional, con los precios de la electricidad con una volatilidad nunca vista, con el suministro de gas y de petróleo con serias dificultades por la invasión de Ucrania, el bloqueo comercial a Rusia y ahora la guerra entre Israel y Hamás, ha hecho que el Gobierno ponga el foco en los grandes campeones españoles de la energía.

Es así cómo es que está sobre la mesa la posibilidad de que la sociedad pública tenga participaciones relevantes en compañías como Repsol, Iberdrola, Endesa o Naturgy y que estas compras se hagan paulatinamente durante la próxima legislatura. Un plan con un elevado coste para las arcas públicas.

Inversión bursátil

Si se aplica un modelo al de Telefónica (comprando un 5% de sus acciones en bolsa), se deberían invertir al menos 900 millones en Repsol, 1.000 millones en Endesa, 1.300 millones en Naturgy y 3.400 millones en Iberdrola. Esta última es la segunda mayor empresa del selectivo por capitalización. Hablamos de un coste, incluyendo la operadora de telecomunicaciones, de al menos 7.600 millones de euros, en cinco empresas del Ibex y para tener el 5% en cada una.

THE OBJECTIVE también ha advertido que el plan del Gobierno y la SEPI pasa por tener al menos un sillón en el consejo de administración de estas compañías y así poder monitorizar desde dentro su hoja de ruta y su estrategia. Y para ello es suficiente tener entre el 5% y el 10% del capital para optar a un sillón en el consejo, ya que hablamos de cotizadas con un capital sumamente fragmentado.

Frente a esta situación, fuentes empresariales vinculadas al Ibex advierten del riesgo político que la participación del Gobierno supondría para la gobernanza de estos gigantes empresariales. Más allá de que las justificaciones estratégicas y de la posibilidad de protegerlas ante arremetidas de fondos de inversión extranjeros, recuerdan los peligrosos precedentes donde este Gobierno ha demostrado que no se conforma simplemente con tener participaciones industriales y que suele actuar con beligerancia en los consejos de administración donde participa.

La SEPI en Indra

El antecedente más inmediato es Indra, donde el Gobierno forzó la salida de su CEO, Fernando Abril Martorell y situó a un histórico del PSC, Marc Murtra, como presidente. Posteriormente, asaltó el consejo forzando la salida de los consejeros rebeldes con las políticas gubernamentales y forzó una alianza con Amber Capital (también accionista mayoritario en Prisa) para nombrar un nuevo órgano de control ad hoc. Hace pocos meses se logró un acuerdo para que José Vicente de los Mozo asumiera como CEO en otro acuerdo político para pacificar la compañía.

¿Cómo encajaría el Gobierno en los consejos de estas empresas energéticas? Nadie lo sabe, aunque los precedentes hablan de una relación distante y compleja. En los últimos meses las grandes eléctricas han tenido encontronazos con el Ejecutivo por su política fiscal y la implantación de un impuesto extraordinario al sector, que ahora prometen hacer permanente tras su último acuerdo de legislatura con Sumar. El último en estallar fue Repsol indicando que se plantean realizar futuras inversiones fuera de España ante la incertidumbre regulatoria, pero anteriormente ha sido Iberdrola la que ha criticado la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez.

En medio de toda esta disputa ha sobrevolado el constante señalamiento de este Gobierno a las energéticas a las que ha usado de aprovechar los vaivenes del mercado para obtener beneficios «milmillonarios» que -según dijo hace una semana la vicepresidenta, Nadia Calviño, justifican elevar la fiscalidad al sector. También hay que agregar a este cóctel las disputas que se produjeron hace dos años en el seno de Naturgy con la irrupción del fondo australiano IFM y su encaje con Criteria y CVC.

Consejos de administración

Por otro lado, este Gobierno siempre ha situado a directivos afines en las empresas participadas por la SEPI, precisamente para ejercer un control político de sus inversiones. Si nos ceñimos sólo a las compañías participadas en el Ibex vemos que el presidente de AENA (con un 51% en manos de Enaire, dependiente del Ministerio de Transportes), es Maurici Lucena, ex portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Cataluña y miembro del Grupo de Expertos de Pedro Sánchez para las elecciones generales de 2015 como responsable de política industrial y competitividad.

Enagás, con apenas un 5% de participación el Gobierno, situó a Arturo Gonzalo Aizpiri como CEO, un directivo cercano a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. En febrero de 2022 también se nombró a Maite Costa -que dejó la SEPI y un puesto en el consejo de Red Eléctrica- y Manuel González -que abandonó su escaño del PSOE- para fichar como consejero independiente. 

Red Eléctrica, con un 20% de participación de la SEPI, designó a Beatriz Corredor como presidenta. Ex diputada del PSOE y ministra de Vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero sustituyó a Jordi Sevilla, también ex ministro del PSOE. La otra empresa del Ibex participada por la sociedad pública es Iberia con un 2,52%, aunque esta representación no es suficiente para tener impacto en la toma de decisiones.

Cuentas de la SEPI

En Caixabank la participación del Estado es actualmente del 17,63%, pero no a través de la SEPI sino que del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y corresponde a la propiedad de Bankia, asumida tras el rescate de la antigua Caja Madrid. El FROB (dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos) tiene como consejera a Teresa Sandero, aunque la injerencia hasta la fecha ha sido inexistente.

Una tercera derivada de esta estrategia pasa por impulsar las cuentas de la SEPI. Como ha explicado este diario, la sociedad pública ha entrado en beneficios en los dos últimos años exclusivamente por los buenos resultados de las empresas del Ibex en las que participa minoritariamente. Sus sociedades controladas elevaron sus pérdidas un 64% hasta los 313 millones en 2022, lastradas por el desequilibrio de Correos, Navantia, Hunosa o la Agencia EFE.

No obstante, la SEPI incluye también en sus cuentas a las empresas en las que tiene una participación minoritaria como Airbus, Red Eléctrica e Indra, las que un año más le otorgaron millonarias plusvalías. En 2022 se incluyeron 356,1 millones como resultados financieros por este concepto (prácticamente igual que los 357,1 millones del año anterior) que compensan las pérdidas y le permitieron conseguir beneficios de 43 millones de euros.