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Las empresas controladas por la SEPI elevan sus pérdidas un 64% hasta los 313 millones

El mayor impacto se produjo por el desequilibrio en empresas como Correos, Navantia, Hunosa o la Agencia EFE

Las empresas controladas por la SEPI elevan sus pérdidas un 64% hasta los 313 millones

Ilustración de Alejandra Svriz.

Las empresas controladas mayoritariamente por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) perdieron 312,9 millones de euros durante del ejercicio 2022, según consta su Memoria Anual a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Estas abultadas pérdidas suponen un crecimiento del 64% respecto de los 191 millones que se dejaron en 2021 y confirman que la casi totalidad de las sociedades públicas empeoran su situación y siguen sin levantar cabeza tras la pandemia.

Las cifras oficiales confirman lo que ya había adelantado este diario en abril -y a falta de que se cerraran los estados financieros de estas empresas- revelando que las pérdidas estarían en torno a los 300 millones de euros. Este negativo balance está ocasionado principalmente por el desequilibrio generado por Correos, que en 2022 computó unas pérdidas consolidadas (por integración global) de 279,3 millones; y las de Navantia que se dejó 124,3 millones de euros en este periodo.

Pero las dos compañías que aportan a la SEPI el 66% de su facturación no son las únicas con resultados negativos. El grupo Hunosa se dejó 71,7 millones de euros, la Agencia EFE consolidó pérdidas de 17,7 millones, Mayasa aportó un resultado negativo de 5,1 millones; e Izar tuvo una caída de 4,6 millones. Estos resultados equivalen al ebitda (resultado operativo bruto) de cada una de estas sociedades.

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, durante la Comisión de Presupuestos en octubre de 2022.
La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, durante la Comisión de Presupuestos en octubre de 2022. | Jesús Hellín / Europa Press

Empresas de la SEPI

Del mismo modo, las únicas empresas que contribuyeron con beneficio consolidado fueron la propia SEPI como sociedad individual con 165,4 millones (impulsado por los diferentes fondos que tiene activos); Tragsa (dopada por una gran dotación de obras asociadas a los fondos europeos) con 15,4 millones; Alycesa con 8,3 millones; Cofivacasa con 5,5 millones, Sepides con 3,4 millones y Cetarsa con 1,3 millones.

Estas sociedades son controladas por la SEPI con más del 51% de participación –desde un 51% en el caso de Tragsa al 100% en el caso de Correos y Navantia– y, por tanto, se contabilizan en las cuentas consolidadas por integración global y como resultado de explotación. Son además las compañías sobre las que la sociedad pública tiene injerencia directa.

No obstante, la SEPI incluye también en sus cuentas a las empresas en las que tiene una participación minoritaria como Airbus, Red Eléctrica e Indra, las que un año más le han otorgado millonarias plusvalías. Es así como los 4.247 millones que ganó Airbus en 2022 le reportaron un dividendo de 174,3 millones por su 4,11% del capital; los 664,7 millones de Red Eléctrica se tradujeron en 133,3 millones por su 20% del capital; y los 172 millones de Indra significaron 25 millones, equivalente a su 18,7% en la cotizada.

Control de costes

Estos resultados de empresas minoritarias en las que el Gobierno tiene un sillón en el consejo de administración, pero -en teoría- ninguna injerencia económica, se incluyen como puesta en equivalencia en las cuentas consolidadas de la SEPI y se contabilizan como resultado financiero. En 2022, se incluyeron 356,1 millones por este concepto (prácticamente igual que los 357,1 millones del año anterior) que compensaron las pérdidas de 313 millones de las sociedades controladas por la entidad pública.

De esta manera, y antes de que se publicase la Memoria Anual, la SEPI reportó unos beneficios de 43 millones de euros en junio, por debajo de los 166 millones que comunicó un año antes. Sin embargo, esta contabilización no es representativa ya que incluye a las empresas minoritarias que en los últimos dos año han ‘maquillado’ las abultadas pérdidas de sus sociedades participadas mayoritariamente (en 2022 llegó a 312,9 millones), muchas de las cuales arrastran un lustro de malos resultados.

En términos generales, la Memoria Anual de la SEPI refleja un leve aumento de la facturación hasta los 5.251,8 millones (un 2% más con respecto a 2021), pero con un aumento de los gastos de personal de 67 millones (hasta los 2.757) y de 210 millones en los gastos de explotación (hasta los 1.275), lo que ha llevado el ebitda hasta un resultado negativo de 293 millones, muy por encima de los 223 millones de 2021. Son empresas que facturan más, pero que no logran controlar sus gastos lo que las hace deficitarias y les aleja de la rentabilidad.

Correos y Navantia

Esta situación refleja que las empresas públicas controladas por la SEPI no logran levantar cabeza después de la pandemia y que la crisis energética, de contratos, de componentes y de modelo de negocio les azota con mayor fuerza que a las compañías privadas. Una situación que se produce pese a los 225 millones que reciben en concepto de subvenciones por parte del Estado.

En este sentido, el caso de Correos es paradigmático. La compañía perdió 217 millones en 2022 en términos de resultado neto (la SEPI consolida como resultado sus pérdidas operativas), completando un trienio nefasto en el que ha acumulado pérdidas de 587 millones tras la pandemia. La sociedad, responsable del 40% de la facturación del grupo de empresas públicas, lleva desde 2018 intentado adaptarse a los nuevos tiempos, pero todavía sin éxito y en medio de constantes pugnas con los sindicatos.

La otra gran empresa de la SEPI con problemas (la segunda de mayor facturación con un 26%) es Navantia, que perdió 96,9 millones en 2022, una cifra calcada a los 96 millones que ya se dejó en 2021. Registró unos ingresos de 1.300 millones en este periodo, pero no fue suficiente para levantar la cabeza ya que se sigue sin controlar sus elevados costes, algo que afecta a casi todas las empresas controladas por la Sociedad Estatal de Participaciones.

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