La empresa pública que lideró el Plan E ejecuta ahora 1.000 millones de fondos europeos

Tragsa y su filial Tragsatec han recibido hasta 570 contratos financiados con fondos europeos Next Generation desde la puesta en marcha de este programa en 2021. Las cifras a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE indican que hasta el mes de mayo han ejecutado obras por valor de 986,2 millones de euros, un montante inusual considerando la lentitud en el reparto de estos recursos comunitarios y que confirma que la prioridad hasta la fecha ha sido la ejecución de obras públicas, la especialidad de estas dos empresas de titularidad estatal.

Tragsa y Tragsatec están especializadas en medio ambiente, agricultura, desarrollo rural o emergencias, obras y servicios para la Administración que no pueden ser realizadas por los organismos públicos, generalmente muy burocráticos, con poca cualificación y poca plantilla. Las fuentes consultadas indican que estamos ante los fontaneros perfectos para dinamizar proyectos utilizados por el Ejecutivo y para desatascar la gestión de grandes cantidades de fondos públicos que necesitan ser gastados con rapidez muchas veces sin importar su verdadero impacto en la economía real. Proyectos que tampoco son rentables para empresas privadas.

Tragsatec fue clave como ejecutora de gran parte de los contratos del Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una planificación que intentó reactivar la economía con la crisis mundial llamando a la puerta de España. En un corto periodo de tiempo se repartieron ingentes recursos públicos (12.000 millones de euros) en obras de dudosa utilidad como construcción, túneles, carreteras y proyectos medioambientales.

Contratos de Tragsa

De esta manera, los paralelismos con los actuales fondos europeos son evidentes. En primer lugar por el carácter de los proyectos asignados. Tragsa ha sido realizado 335 contratos en 30 meses en tareas como el apoyo técnico de sistemas de regadío, construir radares meteorológicos, nuevas instalaciones de base de helicópteros, restauración fluvial, acondicionamiento de edificios públicos, restauración de ermitas, prevención de incendios, conservación de la biodiversidad, construcción de centros logísticos, demolición de edificios, reparación de muros, acondicionamientos de sendas peatonales o mejora de estructuras marítimas.

Los documentos a los que ha tenido acceso este diario indican además que a Tragsatec se les han adjudicado otros 235 contratos entre finales de 2020 y mayo de este año en cosas tan variopintas como redacción de proyectos, construcción de mecanismos de digitalización de información hidrológica, proyectos de mejora energética, homogeneización de información hidromorfológica, mejora del conocimiento del estado de conservación de fauna terrestre y aves marinas, realización de labores de observación a bordo de buques pesqueros, redacción de proyectos para la ordenación de montes o planes de sostenibilidad turística.

Al igual que el Plan E de Zapatero, estos proyectos reflejan a un Estado con necesidad de gastar dinero rápidamente, sin importar el impacto a largo plazo de los proyectos, ni su real utilidad, pero con el objetivo de dinamizar la economía y elevar las cifras de empleo (aunque sea de una manera temporal). Algo que encaja en la intención del Ejecutivo que desde comienzos del año pasado ha intentado vender la velocidad de crucero de estos fondos, pero que todavía siguen sin tener un impacto real en las empresas.

Administraciones locales

Se han adjudicado de manera exprés proyectos por valor de 1.000 millones para comenzar a gastar el dinero europeo, aunque lejos de los objetivos prometidos. De hecho, el carácter de estos proyectos ejecutados por Tragsa se aleja completamente del objetivo transformador que los fondos Next Generation prometieron traer a España y se quedan en las antípodas de la prometida digitalización y transformación energética que el Ejecutivo lleva dos años vendiendo a la opinión pública.

En este sentido, el trabajo de Tragsatec y Tragsa se caracterizan por una plantilla fácilmente escalable, que le permite cumplir con los plazos de ejecución impuestos por la administración y combatir la lentitud de los ayuntamientos en la gestión, además de tener una gran capilaridad en el mundo rural. En el caso de las encomiendas de gestión realizadas (los encargos realizados por las administraciones), el 57% del volumen repartido se ha adjudicado por la administración central y el 43% restante por las autonomías y administraciones locales.

El pasado febrero el Gobierno adjudicó a Tragsatec 69 millones de euros a la prestación del servicio para la asistencia y dinamización de la participación de las administraciones públicas en el Plan de Recuperación y en los fondos europeos.  Se repartieron 13,9 millones para 2023, 17,2 millones para 2024, 16,8 millones para 2025 y 2026 y 4,2 millones para 2027. Al final del contrato, Tragsatec habrá cobrado el equivalente al 17% de su facturación anual.

Impacto de los fondos europeos

Desde el punto de vista económico, la compañía también se ha visto muy beneficiada por estos proyectos. En 2022 el Grupo Tragsa alcanzó una cifra de negocio de 1.313 millones de euros (1.118 millones en 2021), que arrojó un resultado consolidado de 27,2 millones 2,3 millones más que el año anterior. En 2022 recibió encargos por valor de 623 millones de euros, casi equivalente a los 682 millones que mejoró su cartera de encargos en el este mismo periodo. Entre enero y mayo los contratos ya llegan a los 154 millones, con proyección de cerrar el año en una cifra muy similar a la del año pasado.

En cuanto a la plantilla, los datos de la propia compañía indican que se ha disparado hasta los 19.542  empleados en 2022 frente a los 16.478 empleados que se registraron al cierre de 2021. Sin embargo, persisten las elevadas tasas de temporalidad, equivalentes al 62%, superando ampliamente el 8% que exige la ley como máximo. En el caso de Tragsatec facturó 392 millones en 2021 de los que más de 92 millones llegaron por encargos de fondos europeos Next Generation.

Tragsa es una empresa pública participada en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), siendo una entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Hacienda cuyas actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, teniendo dependencia directa del ministro. Es decir, depende directamente de la ministra María Jesús Montero, una de las más cercanas al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.