Los datos que demuestran que España no funciona

No sé si se acuerdan ustedes, pero hubo una época en que la alta velocidad española era la envidia del mundo y un dechado de puntualidad. Cuando en 1994 lanzó el servicio, Renfe te reembolsaba el importe íntegro del viaje si llegaba más de cinco minutos tarde.

¡Qué tiempos aquellos!

En julio del año pasado, la compañía revisó su política indemnizatoria. Ahora si el retraso es de 60 minutos te devuelven medio billete. El precio completo se reserva para las demoras superiores a la hora y media.

La incapacidad de mantener el compromiso inicial es el resultado de un deterioro del servicio que culminó este fin de semana, cuando al menos 10.700 viajeros se vieron afectados por un robo de cable en varios puntos de la provincia de Toledo. Un usuario contaba en El País que habían dejado la estación de Atocha el domingo a las 20.45 y, menos de una hora después, el convoy se detenía y se anunciaba por megafonía que iban a cortarles la luz. «Los baños no funcionaban […]. Hemos pasado mucho frío […]. Renfe nos decía que el tren estaba a punto de salir, pero no salía. Así hasta las seis de la mañana».

Igual que una semana atrás Pedro Sánchez se había resistido a descartar el ciberataque, el ministro Óscar Puente no ha dudado ahora en atribuir los incidentes a «un acto grave de sabotaje». Este recurso sistemático a la conjura (internacional o nacional, según convenga) quizás satisfaga a los más cafeteros, pero difícilmente va a impedir que cunda entre el resto de la ciudadanía la sensación de que España no funciona. Y no hablo solo de electricidad y trenes.

Sanidad, educación y justicia

En sanidad, el economista Alberto de la Rosa escribe que «tenemos las peores listas de espera de la historia de España». Según datos del Ministerio de Sanidad, en diciembre del año pasado estaban pendientes de ser operadas casi 850.000 personas. «Y a ellas —sigue De la Rosa— habría que sumar un número indeterminado de ciudadanos que aguardan cita para una consulta o una prueba diagnóstica. Un desastre».

La cifra ha experimentado un ascenso sostenido desde 2010. Tras mantenerse por debajo de las 400.000 personas durante la primera década del siglo, con Mariano Rajoy se disparó por encima de las 600.000. Posteriormente hemos tenido que lidiar con una pandemia, pero no sería justo culpar a ella sola del empeoramiento. En 2019, a los dos años de instalarse Sánchez en la Moncloa y semanas antes de que se documentara el primer contagio local de covid, ya estábamos en 700.000.

En educación, los resultados de nuestros alumnos en PISA encadenan una década de declive en todas las materias controladas, especialmente en matemáticas.

Tampoco salimos demasiado bien parados en el último Cuadro de Indicadores de Justicia que elabora la Comisión Europea. España es uno de los países donde más se prolonga la resolución en primera instancia de disputas civiles, mercantiles y administrativas, con una duración media de 300 días, únicamente superada por Francia, Italia, Malta, Grecia, Chipre y Portugal.

Libertad, renta, vivienda

En el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage llevamos perdiendo terreno desde 2021 y, en el de Percepción de la Corrupción, desde 2020, y todo indica (Ábalos, Koldo, Aldama, Begoña, hermanísimo, fiscal general) que estamos lejos de haber tocado fondo.

Es verdad que España es la economía grande de la UE que más crece, pero lo hace en cantidad, no en calidad, como indicaba en estas páginas Ignacio de la Torre. «Cada año —decía el economista jefe de Arcano— aceptamos a 500.000 inmigrantes en edad de trabajar que consiguen 470.000 empleos y gastan el 90% de su sueldo, lo que por fuerza impulsa el PIB». Sin embargo, las familias españolas no perciben progreso alguno porque ello requeriría una mejora de la productividad y esta ha sido persistentemente débil. El salto en convergencia que protagonizamos hasta 2007 se ha interrumpido y la brecha que nos separa en renta per cápita tanto de la UE como de Estados Unidos se ha ampliado.

La situación de los jóvenes es especialmente dramática. Como señala el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo que elaboran BBVA Research y Fedea, «la duración de los primeros empleos con contrato indefinido se ha reducido, mientras que sus salarios reales se han mantenido estables en los últimos 20 años a pesar del incremento del SMI».

Para las nuevas generaciones, acceder a un piso se ha vuelto una proeza. Aunque la construcción se ha reactivado y en 2024 se terminaron 101.000 viviendas, es una oferta que no cubre ni la mitad de los 250.000 hogares que se crean cada año en España.

Más dinero que nunca

A la vista de semejante cúmulo de males, cabría quizás pensar que tenemos un problema de financiación, pero sucede lo opuesto.

El año pasado la Agencia Tributaria rozó por primera vez los 300.000 millones de recaudación, una cantidad que supone un aumento del 8,4% respecto del año anterior y del 52% respecto de la pandemia. A ello hay que sumar las cotizaciones sociales (199.595 millones) y los fondos europeos (entre 20.000 y 30.000 millones), y no olvidemos que en todo este tiempo hemos seguido incurriendo en déficits públicos.

Total, que ningún otro Gobierno español ha dispuesto de más dinero que el actual. ¿En qué se le ha ido que tan poco nos luce?

Principalmente en pensiones, en gasto social y, últimamente, en defensa, todos ellos objetivos muy encomiables, pero que deben ir acompañados de los debidos controles y de reformas que impulsen la productividad, si no queremos que sean pan para hoy y hambre para mañana. Aunque este Gobierno considera «una pérdida de tiempo» llevar al Parlamento las cuentas, urge una reorientación de la política presupuestaria, más centrada en los resultados que en la ideología.

De lo contrario, corremos el riesgo de que cunda aún más la sensación de que España no funciona.