Moncloa autoriza la inversión de siete empresas chinas mientras veta a los húngaros en Talgo

El escudo antiopas impuesto por el Gobierno hace cinco años -que en diciembre volvió a prorrogar para empresas europeas– estuvo más activo que nunca durante 2024. Los datos contenidos en el Informe 2024 del Control de Inversiones Extranjeras al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE indican que se recibieron un total de 167 solicitudes de autorización previa para invertir en España, lo que supuso un aumento del 29% respecto de 2023. Un curso en el que solo se vetó una operación, la de los húngaros de Magyar Vagon en Talgo, y se abrió la puerta a 86 empresas fuera de la Unión Europea (UE), entre ellas siete chinas y seis de Emiratos Árabes Unidos.

En 2024 se informó formalmente acerca de 147 operaciones, ya que 12 fueron desistidas por el solicitante -por procesos de unificación de expedientes- y se produjeron ocho errores. De las restantes, 136 fueron solicitudes de autorización y 11 peticiones de prórroga de autorizaciones previas. En total, se informó de 40 operaciones más que en 2023. Por su parte, de las 136 solicitudes de autorización informadas, se archivaron 42 (representando el 31%) ya tras su correspondiente análisis se les dio el plácet por no afectar al orden, la seguridad y la salud pública.

De las 94 operaciones restantes sujetas al régimen de suspensión (las que efectivamente se sometieron al procedimiento de autorización), 85 se autorizaron sin condiciones (62%), al no identificarse riesgos significativos para el orden, seguridad y salud pública; en ocho casos se concedió la autorización con la aplicación de medidas de mitigación (6%) y sólo en una ocasión se denegó la solicitud de autorización debido a la existencia de riesgos no mitigables.

Inversión en España

Esta operación vetada fue la de la húngara Magyar Vagon en Talgo, que en agosto de 2024 se rechazó por poner en peligro cuestiones de seguridad nacional y por sus supuestas vinculaciones con Rusia. Si bien el expediente se calificó como secreto, el Gobierno hizo público su veredicto bloqueando la compra del fabricante de trenes, pese a que la oferta que valoraba a la compañía en más de 600 millones de euros era aceptada por todos los accionistas, incluyendo la dirección. La posterior oferta de Sidenor que apadrinó el Ejecutivo –y que todavía no se materializa– fue finalmente inferior a la del holding magiar.

En el veto no importó que se tratase de una empresa de origen europeo y además de un miembro de la Unión Europea, con el que en teoría se comparten valores y sinergias financieras y económicas. Es más, la nacionalidad parece no ser un condicionante para que el Gobierno autorice operaciones, como demuestran los datos contenidos en el informe de Control de Inversiones. Por el contrario, tiene mucha más validez el criterio de la cercanía del Ejecutivo de Pedro Sánchez con determinados países.

El mismo año en que solo se rechazó una operación, y además de un país europeo, se dio el plácet a la entrada de siete empresas chinas y otras seis de Emiratos Árabes Unidos, dos administraciones con las que hay una especial conexión y a las que el Gobierno español le hace guiños permanentemente. De hecho, las solicitudes de autorización con inversor último proveniente de China, que representaron un 5% del total en el año 2023, han experimentado un incremento hasta situarse cerca del 9% en 2024.

Países de origen

Fue precisamente el mismo 2024 en el que se aprobó la entrada del fondo soberano saudí en Telefónica a través de STC, con un total del 10% del capital, otra administración cercana al Gobierno. Otros países que han alcanzado cierto protagonismo son Andorra y Japón, con el 3% de las operaciones cada uno, es decir, con dos solicitudes de inversión. Del mismo modo, se aprecia una reducción del peso de otros países occidentales como Canadá, que en 2023 representó el 6% y el año pasado solo el 1%.

En el caso de Europa se han realizado ocho peticiones, de las que se han autorizado siete y se ha rechazado una, la de Magyar Vagon, mientras que en 2023 solo se produjeron dos requerimientos. En este sentido, sorprende que el Gobierno haya decidido ampliar el escudo antiopas a empresas comunitarias hasta 2026 el mismo año en que los requerimientos del continente europeo se multiplicaron por cuatro y demostrando que el apetito inversor de compañías del continente era mucho mayor por España.

Con todo, Estados Unidos sigue siendo la principal nacionalidad de las empresas que solicitan permisos. En 2024, el 41,3% de las operaciones tuvieron un inversor de este país, con 36 peticiones; y seguido por Reino Unido con 11 (12,5%). En 2023, el porcentaje del primero fue del 43% y en 2022 del 45%, mientras que Londres se situó en el 15% y el 13%, respectivamente. El Ministerio de Economía no se refiere al nombre de las empresas afectadas, una información que clasifica como secreta y que se niega a revelar.

Mitigación para la inversión

Los sectores con más operaciones analizadas fueron el de energía (con el 20,8%), el de las tecnologías de información y comunicación (18,8%), y la industria (18,1%). Se ha producido un importante aumento de operaciones en el sector energético (15% en 2023), mientras que el sector de las tecnologías de información y comunicación y el sector industrial han mantenido su protagonismo con cifras similares.

Entre las medidas solicitadas por el Gobierno para autorizar las operaciones (medidas de mitigación) se encuentran las destinadas a evitar pérdida de soberanía en ciertos ámbitos, especialmente en el tecnológico; las encaminadas a garantizar el suministro de determinados bienes o servicios fundamentales y difícilmente sustituibles para la prestación de servicios esenciales; para limitar el acceso del inversor a información sensible; para garantizar la ciberseguridad de las sociedades objeto de inversión; para evitar la concentración en un determinado mercado; y para garantizar la supervivencia y continuidad del negocio de la empresa objeto de inversión.

Escudo antiopas

El escudo antiopas está en vigor desde mediados de 2020 justificado por la debilidad de las empresas estratégicas españolas durante la pandemia y la necesidad de protegerlas frente a fondos extranjeros oportunistas. Desde entonces se ha ido prorrogando sucesivamente para empresas europeas y se ha hecho fijo para empresas fuera del continente mediante la ley de inversión extranjera aprobada días antes de las últimas elecciones generales de julio de 2023.

Durante todo este tiempo -y hasta finales de 2026 para empresas de la UE-, el Estado debe autorizar cualquier inversión en una empresa cotizada cuanto supere el 10% del capital o de más de 500 millones de euros de valor. Un 5% en el caso de empresas relacionadas con la Defensa. Desde que se activó el escudo antiopas, se han tramitado medio millar de operaciones por este procedimiento.