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El Gobierno se decanta por autorizar la entrada de Saudi Telecom en Telefónica

Los inversores extranjeros miran con lupa el procedimiento que puede marcar el futuro de muchas operaciones

El Gobierno se decanta por autorizar la entrada de Saudi Telecom en Telefónica

Nadia Calviño durante una comparecencia de prensa. | Agencias

El Gobierno no ve con malos ojos la entrada de Saudi Telecom (STC) en Telefónica y, en principio, no tiene interés en bloquear la entrada de la operadora de telecomunicaciones en nuestro país, según ha podido saber THE OBJECTIVE. En el interior del área económica se reconoce que es pronto para dar un veredicto, pero son conscientes de que cualquier bloqueo sería una pésima señal para el capital extranjero interesado en seguir invirtiendo en España y un varapalo para la estabilidad de la teleco española.

Este diario ya informó de que la Ley de inversión de extranjera que se aprobó a dos semanas de las elecciones generales del 23-J establece que cualquier interesado en el capital de una empresa relacionada con la Defensa -como Telefónica- debe tener autorización del Ministerio correspondiente y del Consejo de Ministros, si es que quiere superar el 5% de su capital. Es así como Saudi Telecom está a la espera de este plácet para completar el 9,9% con el que se convertiría en el primer accionista de Telefónica.

En el Ejecutivo y especialmente en el área económica saben de las reticencias que despierta la inversión de una empresa controlada por el Reino de Arabia Saudita y presidida por el príncipe Mohammed Al‐Faisal. Una inversión que llega en momentos en que la propia Unión Europea (UE) ha pedido especial cuidado con la presencia de países ajenos a la OTAN en las infraestructuras críticas de los Estados miembro, así como en sus redes digitales y de Defensa.

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, durante los resultados de 2022.
El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, durante los resultados de 2022. | Agencias

España y Arabia Saudí

No obstante, el ejercicio que se hace es meramente económico y tiene que ver con el mensaje que se quiere enviar a los inversores extranjeros: bloquear una operación de este tipo sentaría un pésimo precedente, en especial en momentos en los que España quiere situarse como uno de los motores europeos en áreas como la tecnología o la digitalización. El Ejecutivo también cree que la entrada de un inversor de peso en Telefónica es un revulsivo para garantizar sus inversiones y la buena marcha de la compañía.

Asesores de grandes inversores con los que ha hablado este diario recuerdan además los importantes intereses económicos que tiene España con Arabia Saudí y que van mucho más allá que el AVE a La Meca. Arabia Saudí representa el 0,72 % de las exportaciones de España al mundo, ocupando el puesto 26 (el 14 en países fuera de la Unión Europea) y es el mayor importador de productos españoles en Oriente Medio. España es el quinto país de la UE en términos de valor de exportaciones hacia Arabia Saudí, por lo que bloquear la entrada de una de sus empresas emblemáticas podría perjudicar estas relaciones comerciales.

El Gobierno al completo salió este miércoles a defender la autonomía de España y de Telefónica indicando que aplicará los mecanismos necesarios para garantizar la defensa y protección de los intereses estratégicos. La vicepresidenta primera de Gobierno, Nadia Calviño, la portavoz Isabel Rodríguez y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, coincidieron en señalar que estarían vigilantes y el Ejecutivo cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar los intereses de nuestro país.

Operación tras el 23-J

Pero al mismo tiempo, destacaron que la operación tiene carácter amistoso, que STC manifestó su apoyo al equipo directivo de Telefónica y que reflejaba el papel de España como polo de atracción de inversiones europeas. Calviño lanzó precisamente desde Bruselas un mensaje de «confianza y tranquilidad» tras informar de que la empresa saudí se puso en contacto con el Gobierno para manifestar que se ha llevado a cabo sin intención de toma de control.

Ésta es precisamente la clave de toda la operación. El Gobierno no bloquearía la entrada de Saudi Telecom siempre que se mantengan estas promesas: que STC no suba en el capital y que no intente cambiar su equipo directivo y, por tanto, su hoja de ruta. Una condición que al parecer están dispuestos a cumplir. Desde Saudi Telecom se ha dicho por activa y por pasiva en las últimas 24 horas que su interés es solo inversor y que están en Telefónica para aprovechar su potencial de crecimiento.

Las fuentes consultadas indican además que, pese a lo que ha dicho Calviño, la operación no ha tomado por sorpresa al Gobierno. De hecho, la compra habría comenzado a gestarse después de la confirmación de que Sánchez podría mantenerse en la Moncloa tras el 23-J. Los directivos de Saudi Telecom se habrían desplazado a principios de agosto a Madrid para presentar el proyecto al Gobierno en funciones y la respuesta habría sido en un tono positivo.

Inversión en Telefónica

Este diario ya contó el martes por la noche que parecía imposible que una operación de este calado no fuese anunciada con anterioridad al Gobierno, en especial tras el endurecimiento de la entrada de inversores foráneos por la última Ley de inversión extranjera. Al parecer, y siempre según estas fuentes, el Ejecutivo conocía desde hace varias semanas las intenciones de Saudi Telecom respecto a su desembarco en Telefónica.

Una situación que ciertamente allana el terreno para el trámite que debe sortear ahora Saudi Telecom. A partir de ahora, hay tres meses para que el Gobierno responda a la solicitud para adquirir el 5% restante (el 4,9% ya lo tiene asegurado) hasta completar el 9,9% de su inversión en Telefónica. Como ya indicó este periódico, debe dirigirse al Ministerio de Defensa en vez del Ministerio de Industria (al tratarse de una empresa estratégica en la Defensa del país) cartera que a su vez deberá elevar un informe al Consejo de Ministros que decidirá sobre la operación.

Si después de tres meses no hay respuesta, la solicitud se dará por denegada apelando al silencio administrativo. Sin embargo, en el sector se cree que la respuesta será más rápida que estos tres meses de plazo máximo, para no mantener incertidumbre sobre este movimiento y dar tranquilidad a los inversores extranjeros.

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