Pallete reunirá al consejo de Telefónica tres semanas después de la irrupción de STC

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha convocado el Consejo de Administración de Telefónica para el próximo 27 de septiembre, a finales de mes y como viene siendo la normalidad en la cotizada. Esto supone que los principales accionistas de la operadora solo se verán las caras tres semanas después del anuncio de Saudi Telecom (STC) de entrar en el capital de la compañía con un 9,9% de las acciones y pese a las dudas de Caixabank y BBVA, que han pedido que se clarifique el movimiento de la compañía controlada por el Estado saudí.

La fecha, adelantada por Invertia y confirmada por este medio, descarta que se convoque un Consejo de Administración extraordinario como pedían desde algunos sectores del máximo órgano de control de la compañía. Sin embargo, tampoco se produjo una solicitud formal de los consejeros o de los accionistas que representan para desarrollar un encuentro de estas características.

De esta manera, los representantes de Caixabank (Isidre Fainé) y BBVA (José María Abril) se verán las caras con Pallete por primera vez a finales de mes, 22 días después del sorpresivo desembarco de STC en Telefónica y sin recibir todavía información formal de la operación. El miércoles tras conocerse la llegada de Saudi Telecom, Pallete y su consejero delegado, Ángel Vilá, viajaron a Riad para reunirse con la cúpula de STC y conocer de primera mano sus intenciones, además de presentarles las principales líneas maestras del plan estratégico que la compañía presentará el 8 de noviembre en Madrid ante analistas de todo el mundo.

Telefónica y Caixa

Es por ello por lo que, desde el Consejo de Telefónica, se echa en falta un encuentro previo al Consejo ordinario para que Pallete explique exactamente cuál es el alcance de la inversión de STC en Telefónica. THE OBJECTIVE ya ha publicado sobre las dudas y reticencias con que Caixa y BBVA han recibido la llegada de Saudi Telecom, en especial por la falta de información y secretismo con el que se han manejado toda la operación.

Del mismo modo, los dos accionistas históricos de la compañía dudan del encaje que puede tener la operadora saudí en el Consejo de Administración. En principio, tienen derecho a un asiento gracias a su participación del 4,9% ya declarada y podrían tener otro si es que el 5% adicional que han adquirido en derivados es autorizado por el Consejo de Ministros.

Sin embargo, como publica este diario, STC no moverá ficha hasta que esta autorización se resuelva y tengan un panorama completo del estado de su inversión. Fuentes de la compañía han indicado a THE OBJECTIVE que la documentación se presentará «en los próximos días», lo que supone que el trámite administrativo podría realizarse esta semana, o como tarde la próxima, con el objetivo de no dejar ningún cabo suelto y asegurarse que se cumple escrupulosamente con toda la información requerida por el Ejecutivo.

Solicitud de Saudi Telecom

Los requisitos que pide el Ministerio de Defensa pasan por entregar toda la información sobre su estructura accionarial, sus finanzas y su actividad, así como los planes concretos que tienen respecto de su entrada en Telefónica; esto es, si quieren tener negocios conjuntos, hasta dónde están dispuestos a llegar en su inversión o si quieren, por ejemplo, entrar en el consejo de administración de la cotizada. Es decir, si están dispuestos a ser solo un inversor financiero o si quieren influir en la gestión en el mediano o largo plazo. 

En este punto STC confirmará que tienen interés de tener al menos un miembro en el consejo de administración de Telefónica acorde con su inversión, como cualquier empresa participada. Esto no significa que quieran influir, simplemente que quieren vigilar de cerca su inversión de 2.100 millones de euros, si es que finalmente se termina concretando la autorización gubernamental. Saudi Telecom no quiere ser parte de la gestión, pero sí vigilar.

En cuanto al procedimiento que debe atravesar la autorización, después del informe del Ministerio de Defensa y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se llevará a la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) y luego al Consejo de Ministros. El tiempo para fallar es de tres meses, aunque incluyendo una eventual parada del reloj si es que alguno de estos organismos pide más información. Si pasan estos tres meses (incluyendo las paradas del reloj) sin pronunciamiento oficial, se aplica la norma de silencio administrativo y se da por rechazada la solicitud.