Saudi Telecom ultima su solicitud a Defensa y esperará para pedir un consejero en Telefónica

Saudi Telecom (STC) ultima su solicitud al Gobierno para subir hasta el 9,9% su participación en el capital de Telefónica. Fuentes de la compañía han indicado a THE OBJECTIVE que la documentación se presentará «en los próximos días», lo que supone que el trámite administrativo podría realizarse esta semana, o como tarde la próxima, con el objetivo de no dejar ningún cabo suelto y asegurarse que se cumple escrupulosamente con toda la información requerida por el Ejecutivo.

STC comunicó oficialmente el pasado martes 5 de septiembre su entrada en Telefónica con un 4,9% del capital y otro 5% en derivados que esperaban canjear a la espera de las «respectivas autorizaciones gubernamentales«. Este diario informó al día siguiente de que, al ser Telefónica una empresa vinculada a negocios de defensa y de seguridad nacional, debía remitir su solicitud al Ministerio de Defensa.

Sin embargo, una semana después del anuncio esta petición, sigue sin producirse como confirmó el domingo la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y este lunes la titular de Defensa, Margarita Robles. Una situación que ha despertado suspicacias en ciertos sectores, pero que responde exclusivamente a la ingente cantidad de información y papeleo que STC debe remitir al Ejecutivo. De esta manera, en Saudi Telecom prefieren retrasar esta solicitud para estar seguros de que todo se envía correctamente.

Encaje de STC en Telefónica

Fuentes de STC han indicado que antes de tener esta autorización no moverán ficha en Telefónica en relación a su posible entrada en el consejo de administración de la operadora de telecomunicaciones. Ésta es otra de las grandes interrogantes respecto a la operación: la posición que Saudi Telecom tendrá dentro del máximo órgano de representación de la teleco española y su encaje con Caixabank y BBVA, un ‘misterio’ que habrá que resolver cuando el Ejecutivo dé su veredicto.

En STC indican que «aún es pronto» para hablar del tema, una versión que han sostenido desde el comienzo de su desembarco y que mantendrán hasta que no se resuelva la autorización del Consejo de Ministros. Del mismo modo, otras fuentes del sector indican a este diario que no tiene sentido que STC proyecte su representación en el consejo de administración de Telefónica sin tener claro cuál será el veredicto del Ejecutivo y en qué condiciones se producirá.

Este diario también informó de que el Gobierno se decantaba por aprobar la operación, pero siempre que STC garantizara que su inversión era completamente financiera y que no tenía interés en influir en la marcha de Telefónica ni en su gestión. Y es precisamente esto lo que debe demostrar en la documentación que se remita al Ministerio de Defensa y al Gobierno. Saudi Telecom ya indicó públicamente que no quiere subir su participación más allá del 9,9% adquirido y que respalda al equipo directivo liderado por el presidente José María Álvarez-Pallete. Pero ahora debe documentarlo.

Consejo de administración

Los requisitos que pide el Ministerio de Defensa pasan por entregar toda la información sobre su estructura accionarial, sus finanzas y su actividad, así como los planes concretos que tienen respecto de su entrada en Telefónica; esto es, si quieren tener negocios conjuntos, hasta dónde están dispuestos a llegar en su inversión o si quieren, por ejemplo, entrar en el consejo de administración de la cotizada. Es decir, si están dispuestos a ser solo un inversor financiero o si quieren influir en la gestión en el mediano o largo plazo.

En este punto STC confirmará que tienen interés de tener al menos un miembro en el consejo de administración de Telefónica acorde con su inversión, como cualquier empresa participada. Esto no significa que quieran influir, simplemente que quieren vigilar de cerca su inversión de 2.100 millones de euros, si es que finalmente se termina concretando la autorización gubernamental. Saudi Telecom no quiere ser parte de la gestión, pero sí vigilar.

En cuanto al procedimiento que debe atravesar la autorización, después del informe del Ministerio de Defensa y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se llevará a la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) y luego al Consejo de Ministros. El tiempo para fallar es de tres meses, aunque incluyendo una eventual parada del reloj si es que alguno de estos organismos pide más información. Si pasan estos tres meses (incluyendo las paradas del reloj) sin pronunciamiento oficial, se aplica la norma de silencio administrativo y se da por rechazada la solicitud.