Paradores de Turismo y el INE suspenden en transparencia y se exponen a sanciones graves

El Instituto Nacional de Estadística (INE), Paradores de Turismo de España y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se han convertido en tres de las entidades públicas más incumplidoras en materia de Transparencia. El listado, que incluye un total de siete entes con un índice de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa inferior al 75%, lo completan la Autoridad Portuaria de La Coruña, la Plataforma Oceánica de Canarias, el Instituto de Cultura Gitana y el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

Los informes completos, analizados por THE OBJECTIVE, forman parte de un exhaustivo examen realizado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) sobre 78 entidades públicas, asociaciones y agentes sociales perceptores de subvenciones que habían desoído sus recomendaciones para evitar la opacidad. El CTBG ha detectado reiterados incumplimientos y escasos avances hacia la transparencia en 26 entidades públicas y privadas. La opacidad se centra en las cuentas, en los contratos adjudicados y recibidos y las autorizaciones para la actividad privada y las indemnizaciones por cese de altos cargos.

A los responsables de estos organismos y asociaciones, entre los que se incluyen la Federación de Servicios Públicos de UGT y las patronales del transporte Fenadismer y la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), les ha instado a cumplir sin demora con sus obligaciones legales. En el caso de los entes públicos, la imposición de sanciones graves es más que factible. El organismo público independiente que se encarga de garantizar el derecho de acceso a la información pública apunta que el nivel medio de cumplimiento es del 80%, pero buena parte de los analizados sigue sin publicar datos, a lo que están obligados por la Ley de Transparencia.

Efectos disciplinarios

Esta situación de desobediencia reiterada de la ley, «persistente e injustificable cuando se han superado ya los 10 años de vigencia de la LTAIBG», es considerada una infracción grave a efectos disciplinarios. La inhabilitación de los responsables durante un periodo de tiempo vinculado a la gravedad de los hechos es una de las sanciones previstas. El Consejo ha reclamado potestades coercitivas para hacer efectivas las demandas a los organismos recogidas en la normativa.

Dentro de las labores del Consejo de Transparencia está la de evaluar las páginas web de diversos organismos. El objetivo es comprobar que cumplen con las obligaciones de publicidad activa. Así, tras un análisis -el tercero-, detectó 739 incumplimientos por parte de las 78 entidades, una media de casi diez. En el cuarto examen, verificó que 19 habían recogido todas las recomendaciones y 33 alcanzaron un nivel de cumplimiento igual o superior al 75%. Pero 26 mantuvieron perfiles poco transparentes e incluso se mostraron más opacas que en el anterior informe que tiene fecha de 2023.

Paradores Nacionales

En 2024, Paradores Nacionales no resolvió los problemas de transparencia que había advertido el Consejo, que valora negativamente la evolución del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. El CTBG ha detectado que la cadena hotelera pública no publica la estructura de la sociedad -órganos de gobierno y de gestión-. Tampoco da datos sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas ni sobre las indemnizaciones percibidas por altos cargos tras abandonar el cargo.

Mantiene además oculta la información sobre las autorizaciones para la compatibilidad con actividades públicas o privadas concedidas a los empleados públicos y a los altos cargos cesados. Y se advierte a Paradores de una cuestión adicional: la Ley 14/2022, de modificación de la Ley 19/2013, impone una nueva información obligatoria en materia contractual.

Desde julio de 2023, es obligatorio publicar semestralmente «información estadística sobre el porcentaje de participación en contratos adjudicados, tanto en relación con su número como en relación con su valor, de la categoría de la empresa, para cada uno de los procedimientos y tipologías previstas en la legislación de contratos del sector público». Por esta razón, la información correspondiente a los meses de julio-diciembre de 2023 debería haber estado publicada en enero de 2024.

Instituto Nacional de Estadística

Pese a que el Instituto Nacional de Estadística ha hecho avances en el último año, el grado de incumplimiento de las obligaciones está ligeramente por encima del 52%. De hecho, ha solventado el 36,8% de las irregularidades detectadas en 2023. Entre estas está publicar información estadística sobre los contratos adjudicados en los términos establecidos por el artículo 8.1.a de la LTAIBG y no dar a conocer las modificaciones en las licitaciones.

El INE también se muestra opaco a la hora de informar sobre las subcontrataciones derivadas de las encomiendas de gestión y oculta al ciudadano información sobre el presupuesto de la entidad. Tampoco detalla la ejecución presupuestaria y los informes de auditoría y fiscalización relativos a la entidad elaborados por el Tribunal de Cuentas.

Además, tiene desactualizada la información sobre las retribuciones percibidas por sus máximos responsables y no aporta datos sobre las indemnizaciones pagadas a empleados y cargos cuando cesan, y tampoco sobre las autorizaciones concedidas para actividades privadas.

Agencia Meteorológica

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología es valorada «muy negativamente» por el Consejo de Transparencia. La Aemet solo fue capaz de subsanar dos de los incumplimientos señalados en 2023 y mantiene sin subsanar 16 advertencias. Por esta razón, el CTBG ha vuelto a instar a la Agencia a que proceda de manera inmediata a poner fin a los incumplimientos. Entre otros, exige que haga pública la normativa de carácter general que regula sus actividades y que identifique a sus máximos responsables.

El organismo también esconde el perfil y trayectoria profesional de sus máximos responsables y detalles de los contratos adjudicados y las encomiendas de gestión. El organismo que vigila el cumplimiento de la Ley de Transparencia reclama además a la Aemet que informe sobre la ejecución presupuestaria y las cuentas anuales. La Agencia también recibe advertencias por ocultar al público las retribuciones e indemnizaciones de sus cargos.