Sanidad solo ejecutó el 0,7% del megacontrato de Salvador Illa durante la covid

El Ministerio de Sanidad solo gastó el 0,7% de los 2.500 millones de euros del Acuerdo Marco que el entonces responsable del departamento, Salvador Illa, puso en marcha entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021. Así se desprende de una respuesta del propio Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) –organismo de Sanidad que convocó y firmó el Acuerdo Marco de Illa– a través del Portal de Transparencia tras una pregunta de este medio.

Según el texto, firmado por la directora del Ingesa, Isabel Muñoz Machín, se formalizaron contratos por un valor de 18.703.957,64 euros. Esto es, apenas un 0,7% de los 2.500 millones de euros previstos y aprobados, pese a que el objetivo de este acuerdo marco –que fue una tramitación de emergencia– era intentar poner orden y centralizar las compras de material sanitario por parte de las comunidades autónomas y ministerios para garantizar el suministro a un precio razonable. Al acuerdo marco se adhirieron las regiones y los ministerios de Defensa y del Interior.

Con él se pretendía ahorrar 300 millones de euros al Estado, según informó el Gobierno por entonces, y en concreto se prometió adquirir, en un plazo de dos años, 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test moleculares covid-19 (PCR) y kits de extracción. «La cantidad se ha calculado en función de las necesidades de los diversos servicios de salud e instituciones participantes», explicaba por entonces Sanidad.

Dinero no utilizado

Según explican fuentes expertas al respecto, el acuerdo marco funciona como una estructura de contratación centralizada y voluntaria, con lo cual no implicaba un gasto automático. Esto es, solo se desembolsaba dinero cuando una comunidad autónoma hacía un pedido concreto dentro del marco. Dado que solo se ejecutó el 0,7% del volumen previsto, el 99,3% restante nunca se gastó. El dinero no utilizado debe permanecer sin ejecutar dentro del presupuesto asignado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) o volver a los Presupuestos Generales del Estado, dependiendo del ejercicio fiscal y las normas de ejecución presupuestaria. El departamento perteneciente al Ministerio de Sanidad no detalla el destino de los fondos no designados.

Hasta el momento se desconocía el monto total formalizado con las administraciones. Sin embargo, THE OBJECTIVE ha publicado en exclusiva una serie de informaciones que demuestran cómo varias comunidades autónomas, pese a adherirse al acuerdo marco, nunca acudieron a él para la compra de mascarillas quirúrgicas ni batas, ya que fueron abastecidas directamente por el Ingesa con material que había sido adquirido mediante contratos de emergencia -sin publicidad ni licitación previa- antes de la entrada en vigor del megacontrato público. Como consecuencia, decenas de empresas quedaron colgadas con millones de productos comprados, ya que los adjudicatarios estaban obligados por contrato a estar siempre aprovisionados de stock suficiente.

Sanidad repartió 126 millones de mascarillas

En total, el organismo perteneciente al Ministerio de Sanidad repartió 126.730.000 de mascarillas a las comunidades autónomas con el megacontrato público de Illa ya en vigor, impidiendo a estas acudir al convenio para la compra de material sanitario, ya que eran abastecidas de forma gratuita por el departamento de sanidad. Esto afectó a regiones como La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que, aunque se habían adherido a la compra de los lotes 1 y 7, nunca llegaron a utilizarlos. Según informes remitidos al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional, los servicios de salud de estas comunidades confirmaron que no formalizaron contratos dentro ni fuera del Acuerdo Marco, ya que el Ingesa les suministró mascarillas quirúrgicas de manera gratuita y periódica.

El caso de Canarias es más escandaloso aún, ya que sí compró miles de batas y mascarillas, pero lo hizo a través de otros procesos de contratación a precios desorbitados, bordeando el Acuerdo Marco y en contra de las disposiciones legales establecidas, como contó este medio en exclusiva. Este lunes, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dicho que no tuvo «ninguna relación» con el Gobierno de Canarias, ni en el plano político, ni administrativo, para intermediar con la compra de material sanitario. Sin embargo, investigaciones periodísticas han revelado que su exasesor, Koldo García, utilizó su cercanía con Ábalos para influir en administraciones autonómicas, incluyendo Canarias.

Cantabria, Aragón, Asturias y Extremadura se niegan a facilitar al juez la información solicitada para aclarar si acudieron al polémico Acuerdo Marco para comprar mascarillas y batas durante la vigencia de este (noviembre de 2020 a diciembre de 2021) o si lo sortearon comprando a través de otros procesos de contratación. El pasado 21 de marzo, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional dio diez días a estas administraciones para facilitar los documentos requeridos «bajo los apercibimientos legales en el caso de no atender a dicho requerimiento» tras 16 meses de espera.

Más de dos meses después de esta diligencia y sin respuesta por parte de ninguna de las comunidades mencionadas, la empresa demandante ha enviado un nuevo escrito de impulso a la Audiencia Nacional para que se apliquen las multas coercitivas o la responsabilidad penal que proceda en línea con lo indicado en la propia Diligencia de Ordenación del Juzgado, como contó este medio en exclusiva.