Illa dejó fuera de su megacontrato a empresas con mascarillas diez veces más baratas

El Ministerio de Sanidad reconoce implícitamente un sobrecoste importante en las casi 140 millones de mascarillas quirúrgicas caducadas que sigue teniendo almacenadas. Un material sanitario cuyo coste medio cifra en un precio diez veces superior al que ofrecían, desde agosto del año 2020, algunas de las empresas seleccionadas en el fracasado ‘megacontrato’ de Salvador Illa. El acuerdo marco de 2.500 millones de euros que el entonces responsable de Sanidad puso en marcha entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021, para intentar centralizar las compras de material sanitario por parte de las comunidades autónomas y regular los precios, dejó en la estacada a decenas empresas que ofrecían mascarillas quirúrgicas hasta diez veces más baratas que el precio que el Gobierno calcula que costaron los cubrebocas que sigue sin haber utilizado ni distribuido cuatro años después del estallido de la pandemia.

En una resolución del Portal de Transparencia tras una pregunta de THE OBJECTIVE, Sanidad reconoce que aún guarda 140 millones de mascarillas quirúrgicas cuyo valor cifra en un precio medio de 0,43 euros la unidad. Sin embargo, algunas empresas seleccionadas en el Acuerdo Marco puesto en marcha por Illa, que ofrecían el mismo tipo de cubrebocas a menos de cinco céntimos la unidad, finalmente no recibieron ninguna adjudicación durante los 12 meses que estuvo vigente el megacontrato de Illa. A pesar de cumplir con los requisitos, las empresas seleccionadas para el acuerdo marco quedaron, según una demanda que estudia la Audiencia Nacional, en una situación de indefensión al haber tenido que acometer inversiones muy importantes en instalaciones, logística y material previamente adquirido a sus proveedores.

Un concurso público, regulado y con publicidad previa del que fuentes del sector calculan que apenas se ejecutó un 6% a pesar de ser un procedimiento transparente y más barato. El abuso de las adjudicaciones a dedo al inicio de la pandemia y los retrasos en el suministro de misteriosos proveedores investigados por la Justicia en distintas causas, como los casos Koldo y HongKong Travis Asia, podrían estar detrás del fiasco del megacontrato sanitario de Illa.

Mascarillas más caras

Frente al precio medio de 0,43 euros por mascarilla que Sanidad estima que pagó por las mascarillas quirúrgicas que aún guarda almacenadas y que tendrán que ser destruidas, la empresa toledana Prolimax Higiene Industrial fue uno de los licitadores seleccionados con el precio por mascarilla quirúrgica más barato (0,032 euros por unidad) en el Acuerdo Marco de Illa.

La segunda empresa con el precio unitario más económico fue Kaelis World (0,053), que exige ahora en una demanda ante la Audiencia Nacional un total de 2,6 millones de euros al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) –organismo de Sanidad que convocó y firmó el Acuerdo Marco de Illa– por las pérdidas que supuestamente le ocasionó el incumplimiento del contrato.

Se trata de una de las empresas que participaron en el concurso público, regulado y con publicidad previa convocado por Illa. Su demanda por daños y perjuicios, como adelantó este diario, ha hecho que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional reclame al Gobierno datos concretos sobre cuánto dinero acabó adjudicando Sanidad a través del acuerdo marco puesto en marcha por Sanidad y a qué manos fue a parar.

Estudian denunciar fraude

Además de arrojar luz sobre las cifras reales un megacontrato que finalmente ha lucido por su ausencia de transparencia, el Ingesa también tendrá que aportar a la Audiencia Nacional un dato que podría ser clave para una futura demanda por presunta estafa o fraude contra Sanidad a la que se podrían adherir otras de las compañías: el número exacto de mascarillas de la Reserva Nacional Estratégica en el momento en que convocó el acuerdo marco.

Las empresas que invirtieron sumas de dinero por adelantado para poder optar al megacontrato público de 2.500 millones de euros impulsado por Illa, tuvieron que ajustarse a precios límite marcados por Sanidad y cumplir una serie de requisitos previos para garantizar que cumplirían con las adjudicaciones recibidas a través del acuerdo marco, al que iban a acudir las comunidades autónomas y todas las administraciones públicas. Sin embargo, en paralelo, otras firmas de origen desconocido y sin experiencia en el transporte de material desde China siguieron viéndose beneficiadas por los contratos a dedo.

La Audiencia Nacional, en el marco de la demanda de Kaelis contra Sanidad, reclama conocer la cantidad total y exacta de mascarillas que conformaban el stock de mascarillas de la Reserva Nacional Estratégica en el momento en que convocó el acuerdo marco. Distintos elementos de prueba entregados por la demandante, Kaelis, apuntan a que las Comunidades Autónomas no contrataron apenas a través del Acuerdo Marco, durante el año que estuvo vigente, porque Sanidad seguía repartiendo a las regiones mascarillas que habían sido compradas a discreción por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la primera ola de la pandemia.

Casos Travis y Koldo

Un juzgado de Madrid investiga irregularidades en los contratos a dedo adjudicados por el Ingesa a misteriosos proveedores al inicio de la pandemia, entre los que se encuentra la empresa china HongKong Travis Asia, que se llevó el mayor contrato del departamento dirigido por Illa, 196 millones de euros. Sanidad perdonó que esa firma china entregase casi 40 millones de las mascarillas FFP2 con un retraso de casi un año. Las mascarillas a HongKong Travis Asia Limited se habían pagado por adelantado en abril de 2020 a precios que superaban por mucho las cantidades estipuladas con las empresas que habían cumplido los criterios y condiciones del Acuerdo Marco.

Cuando se iba a poner en marcha el megacontrato de Illa, que arrancó con un retraso de cuatro meses respecto a la fecha inicialmente prevista, el entonces director del Ingesa -hoy investigado por presuntas irregularidades en los contratos a diversas empresas- reconoció en un documento enviado a finales de octubre de 2020 que HongKong Travis Asia había entregado apenas 15 millones de las mascarillas pactadas: un 25% de los 56,2 millones de unidades FPP2 que se había comprometido a traer a España a cambio de percibir 196 millones de euros. 

En otros casos, como en el de la zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, investigada por la Audiencia Nacional en el caso Koldo, también se perdonaron diversos incumplimientos de contratos en relación a la entrega de material defectuoso o de una calidad inferior al contratado con fondos públicos, en algunos casos dinero de la UE. Es lo que ocurrió con las entregas de esa empresa aragonesa a los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. Soluciones de Gestión fue cazada entregando material de menos calidad que el contratado. Aún así, en el caso de Canarias, se le permitió volver a enviar el material con un año de retraso y sin penalización económica. Asumiendo ambas administraciones, además, un sobrecoste por el flete de los aviones en los que llegó el material finalmente.

Ofertas más económicas

El mecanismo impulsado por Illa acabó siendo un fiasco, según las empresas afectadas, ya que no interesaba convocar licitaciones bajo las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco del Ministerio de Sanidad porque no había escasez de mascarillas en aquellos momentos. Millones de quirúrgicas compradas a un precio de 0,43 euros ya permanecían almacenadas en las dependencias de Sanidad a la espera de una salida.

Salida que no llegó para 141 millones que terminaron caducando, como ha adelantado este medio este miércoles, con un sobreprecio de 0,38 euros por unidad. En total, más de 53 millones de euros que se podría haber ahorrado el erario público (53.958.943) si hubiese llenado su Reserva Nacional Estratégica con material adquirido en el fallido megacontrato de Illa.

Desde agosto de 2020, el Ministerio de Sanidad ya disponía de ofertas diez veces más económicas. Fue el 4 de agosto de 2020, cuando el por entonces director del Ingesa, Alfonso Jiménez Palacios, acordó declarar la emergencia para la tramitación de un Acuerdo Marco –que entró en vigor en noviembre–, con miras al Sistema Nacional de Salud, de suministro de material sanitario para hacer frente a la covid-19.

El 17 de agosto se presentaron las ofertas para todos los lotes y 31 empresas –de un total de 46– fueron las adjudicatarias de la venta de 460.704.062 de mascarillas quirúrgicas por un valor de 345.528.046 euros. Sin embargo, a pesar de que a día de hoy es imposible saber exactamente cuánto dinero se acabó ejecutando ni tampoco cuáles fueron las cantidades percibidas por cada una de las empresas que resultaron seleccionadas, THE OBJECTIVE ha tenido constancia de que el Ingesa no hizo uso ni una sola vez del Acuerdo Marco en pandemia.

No había escasez de mascarillas

Todas las comunidades autónomas fueron adquiriendo este material sanitario por medio de acuerdos ya establecidos en sus comunidades a través de procedimientos anteriores negociados sin publicidad. Se trata de material ya almacenado antes de la convocatoria. Así lo confirmaron varias regiones a Kaelis, quien en su demanda acredita documentos donde las comunidades autónomas informaron de que no les interesaba convocar licitaciones porque no había escasez de mascarillas en aquellos momentos.

Y es que según la empresa demandante, cuando salió el Acuerdo Marco ya había 500 millones en stock compradas a dedo, con un sobreprecio de 0,38 euros, y por eso ninguna administración hizo usó de él. En total, 190 millones de euros que el Ministerio de Sanidad habría pagado de más solo en mascarillas durante el estallido de la pandemia, convirtiendo el Acuerdo Marco en una especie de subasta al llevar a las compañías a un espiral de bajada de precios.

Por su parte, la Abogacía del Estado, en representación del Ingesa, señala que cualquier reclamación en ese sentido deberá ir dirigida «contra cada una de las administraciones y organismos adheridos» al Acuerdo Marco. Según su tesis, las comunidades autónomas tendrían que hacerse cargo de cualquier reclamación económica de las empresas perjudicadas por el fiasco del Acuerdo Marco, y no el organismo dependiente del Ministerio de Sanidad encargado de formalizar los pliegos de condiciones y poner en marcha el ‘megacontrato’ público de 2.500 millones de euros impulsado por el Gobierno.