Sanidad boicoteó licitaciones covid mientras permitía los 'pufos' de los proveedores de Illa

Una demanda contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) apunta a que el propio Ministerio de Sanidad podría haber boicoteado el Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros que puso en marcha para centralizar las compras de material sanitario contra la covid-19 y evitar las adjudicaciones a dedo entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021. El mecanismo acabó siendo un fiasco. Apenas se licitaron un 6% de los fondos previstos para ese megacontrato público, según la demanda, debido en parte a que muchas comunidades autónomas siguieron recibiendo sin cesar, durante todo el periodo en que estuvo vigente el Acuerdo Marco, mascarillas que el Ingesa habría adquirido al inicio de la pandemia mediante contratos de emergencia -sin publicidad ni licitación previa- para dotar al Fondo Estratégico de Emergencia.

La demanda de la empresa Kaelis, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, ha recaído en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional y ya ha sido contestada por la Abogacía del Estado en representación del Ingesa, según informan fuentes jurídicas. El Ingesa niega los hechos denunciados. Sin embargo, el demandante dice haber aportado documentos que acreditan que las comunidades autónomas han informado a Kaelis de que no les interesaba convocar licitaciones bajo las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco del Ministerio de Sanidad porque no había escasez de mascarillas en aquellos momentos.

El propio Ingesa pudo perjudicar el Acuerdo Marco. Mientras estuvo en marcha ese mecanismo público para el suministro centralizado y regularizado de material sanitario, el propio Ingesa toleró que misteriosas empresas radicadas en China entregaran, con meses e incluso más de un año de retraso, decenas de millones de mascarillas que ese organismo había adjudicado a dedo durante el estallido de la pandemia a un precio muy superior al que marcaba el propio Ingesa como valor máximo unitario de mercado cuando el material sanitario llegó a España, tal y como adelantó este diario.

Mascarillas covid más caras

Un ejemplo es el caso de HongKong Travis Asia Limited, que recibió algo más de 200 millones de euros como adjudicataria dos de los 13 contratos -firmados el 28 de marzo y el 8 de abril de 2020- por los que hay tres exaltos cargos del Gobierno imputados (dos exdirectores generales de Sanidad y otra alto cargo del ministerio de Hacienda), investigados por presuntos delitos de malversación.

Según los expedientes de esos dos contratos, investigados por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid a raíz de una querella interpuesta por Vox, las cerca de 58 millones de mascarillas pagadas por adelantado y en dólares a la firma china en abril de 2020, no terminaron de llegar e España hasta un año después. Los dos últimos lotes, compuestos por poco más de 240.000 mascarillas FFP3, fueron entregados en mayo de 2021. Uno de ellos acabó en Asturias y el otro, en Canarias. Dos comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.

El Ingesa las pagó a 5,1 euros la unidad (IVA incluido), mientras el propio organismo de Sanidad establecía por quel entonces, en el Acuerdo Marco para las Comunidades Autónomas, un precio límite casi cinco veces inferior al que pagó por las mascarillas FFP3 de HongKong Travis Asia Limited. A esa y otras empresas se les pagó por adelantado. Por el contrario, a las sociedades que fueron admitidas para poder concursar desde finales de 2020 en las licitaciones públicas del Acuerdo Marco del Ingesa, como Kaelis, se les exigió cumplir con una serie de requisitos que se habían omitido en los contratos a dedo.

Reclama 2,6 millones al Ingesa

Entre otras cuestiones, se exigía a las empresas del Acuerdo Marco tener ya en territorio español como stock al menos el 25% del material sanitario objeto de cada licitación, además de una elevada provisión de fondos. La empresa demandante, que reclama 2,6 millones de euros al Ingesa como presunto responsable de los perjuicios que le habría causado el incumplimiento del Acuerdo Marco, asegura que diversas comunidades autónomas le transmitieron de forma oral a Kaelis que no necesitaban apenas acudir al acuerdo marco. Cuando se puso en marcha el megacontrato público de 2.500 millones de euros convocado por el Ingesa, no había escasez de material sanitario.

Según se apunta en la demanda, el Fondo Estratégico de Emergencia fue dotado con los contratos a dedo (por importe de unos 1.000 millones de euros) que el propio Ingesa adjudicó en la primera ola de la pandemia. Material sanitario que en algunos casos llegó con hasta 12 meses de retraso y que habría sido suministrado a las comunidades autónomas en posible perjuicio para las empresas, como Kaelis y otras, que cumplieron con las provisiones de fondos, stock y otros requisitos exigidos para poder participar en las licitaciones del Acuerdo Marco. Pero que al final tuvieron la oportunidad de concursar, según sus cálculos, apenas en un 6% de las licitaciones públicas.

Mientras el ‘megacontrato’ de 2.500 millones de euros del Ingesa acabó siendo un fiasco, según se constata en alguno de los documentos aportados junto a la demanda, las comunidades autónomas afirmaron que seguían recibiendo mascarillas sin necesidad de acudir a las licitaciones públicas del Acuerdo Marco, y en perjuicio de las empresas que habían participado cumpliendo con los pliegos. Según señala demandante, el propio Ingesa seguía suministrando a los servicios de salud autonómicos mascarillas de forma constante hasta finales incluso del año 2022.

«Si bien la mayor parte de estas respuestas fueron orales, la Consejería de Salud de Aragón informó a Kaelis, por correo electrónico, de que apenas estaban utilizando un Contrato Basado (en el Acuerdo Marco) porque el Ingesa les venía suministrando mascarillas de manera constante», indica el demandante en relación presuntamente a un mail enviado después de cerrarse el Acuerdo Marco.

Sanidad coló el material a las CCAA

El Ingesa habría estado dando salida a través de las comunidades autónomas y de su Fondo Estratégico para los servicios de salud autonómicos, según apuntan los hechos denunciados, al material sanitario que fue adjudicado con contratos de emergencia durante los meses de marzo y abril de 2020. Algunos de esos contratos se concedieron a empresas y proveedores que incumplieron plazos o entregaron con más de diez meses de retraso las mascarillas a pesar de haber cobrado el 100% del envío por anticipado.

«Debe tenerse en cuenta que este correo es de noviembre de 2022. Es decir, es posterior a la finalización del Acuerdo Marco, lo cual pone de manifiesto hasta dónde llegaba la dotación de la Reserva Estratégica del Ingesa», subraya Kaelis en su demanda. «El Ingesa tenía tal cantidad de material que pudo suministrar a las entidades adheridas durante toda la vigencia del Acuerdo Marco e, incluso, una vez finalizado éste», agrega.

El propio Ingesa, según alega Kaelis, podría haber tenido tal acumulación de mascarillas compradas a dedo durante la primera ola que siguió proporcionando a los servicios de salud autonómicos el material sanitario en abundancia hasta finales de 2022. Lo hizo a través de su Fondo Estratégico y sin usar nunca el Acuerdo Marco que el propio Ingesa convocó para las comunidades autónomas, según revela la demanda. Esto habría contribuido, en paralelo, al fiasco del mecanismo público dotado con 2.500 millones de euros que el Ministerio de Sanidad anunció para centralizar las compras de material contra la covid-19.

Mascarillas adjudicadas ‘a dedo’

Pese a haber resultado entre las empresas seleccionadas para participar en las licitaciones de tres de los distintos lotes de material contemplados en el Acuerdo Marco desde diciembre de 2020, según su demanda, «Kaelis prácticamente no fue adjudicataria de ninguna petición de suministro». «Lo que le llevó a una situación en la que, a la terminación del Acuerdo Marco, tenía sin vender un más que significativo stock de productos adquiridos para dar cumplimiento a la obligación de aprovisionamiento impuesta por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares», indica la demanda.

La empresa, entre otra serie de pruebas, solicita que se requiera al Ingesa que acredite cuántos millones de mascarillas y otro tipo de material sanitario adjudicó a dedo para su Reserva Estratégica justo antes de convocar el Acuerdo Marco. También propone aclarar durante cuánto tiempo repartió el Ingesa ese material sanitario, adquirido a precios hasta cinco veces superiores a los que imponía a comunidades autónomas y empresas como límite en el megacontrato público de 2.500 millones de euros puesto en marcha con Salvador Illa como ministro.

«Resulta claro que el hecho de que el Ingesa incumpliera el Acuerdo Marco, haciendo que éste prácticamente no se ejecutara, produjo un claro perjuicio en mi mandante, consistente en el daño económico derivado y/ asociado a adquirir y mantener el material del Acuerdo Marco», indica la demanda.

La «reserva estratégica» del Ingesa

Como reveló este diario, según los expedientes de ambos contratos, el Ingesa requirió a finales de octubre de 2020 a la empresa china HongKong Travis Asia Limited la entrega de las más 40 millones de mascarillas FFP2 y 2,4 millones de FFP3 que aún no había suministrado a España, pese haber transcurrido siete meses desde el pago. Lo hizo pocos días antes de que, en noviembre de 2020, se abriera el proceso de selección de empresas elegidas para concursar en el Acuerdo Marco organizado por el Ingesa.

Kaelis señala en su denuncia que, durante la tramitación del procedimiento administrativo previo a la demanda, el Ingesa ha admitido en un escrito que «nunca utilizó el Acuerdo Marco para adquirir material para su Reserva Estratégica». «El propio Ingesa reconoció expresamente que no adquirió material a través del Acuerdo Marco para dotar su Reserva Estratégica», añaden desde Kaelis.

«Ingesa incumplió el Acuerdo Marco al dotar de forma masiva y de mala fe su Reserva Estratégica inmediatamente antes de que el Acuerdo Marco se formalizara, lo que hizo innecesario – o redujo muy significativamente – las necesidades de adquisición de material por parte de las entidades adheridas», añade Kaelis.

En su contestación a la demanda, fechada el pasado mes de mayo, el Ingesa niega ser responsable civil del Acuerdo Marco por el que esa empresa solicita una indemnización de 2,6 millones de euros. El organismo dependiente del Ministerio de Sanidad asegura que los pliegos le eximen de cualquier responsabilidad y no precisa, por el momento, la fecha ni la cantidad de material sanitario obtenido mediante la Reserva Estratégica. Un mecanismo con el que los ministerios del Gobierno y las comunidades autónomas pudieron seguir realizando adjudicaciones a dedo, eludiendo participar en el Acuerdo Marco del Ingesa. Fuentes jurídicas confirman que aún no se ha fijado fecha para la celebración de la vista previa de la demanda.