El sector farmacéutico ve «inviable» la empresa pública que quiere crear el 'dos' de Sanidad

El nuevo secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, publicaba el pasado junio un extenso artículo donde defiende la creación de una empresa farmacéutica pública con un coste para las arcas del Estado de 369 millones de euros, como contó THE OBJECTIVE.

«Se trata de desarrollar una entidad farmacéutica de titularidad pública que investigue, desarrolle, fabrique y comercialice medicamentos y que ayude a generar un ecosistema de investigación e innovación farmacéutica sostenible», escribe el número dos de Mónica García en el Ministerio de Sanidad, haciendo hincapié en que esta empresa pública no debería centrarse en productos de alto valor y baja complejidad, como tratamientos sobre enfermedades raras o  nuevos antibióticos, sino que ha de desarrollar líneas propias en ámbitos punteros, como pueden ser las tecnologías mRNA o las terapias celulares avanzadas.

En este sentido, fuentes del sector farmacéutico, en declaraciones a este medio, señalan que «emplear recursos públicos en el desarrollo y fabricación de medicamentos es un absurdo». «Si lo que se quiere es obtener tratamientos nuevos, la cantidad tan enorme de capital que hay que invertir y, sobre todo, el tiempo de desarrollo (más de diez años), lo hacen inviable», relata una de las fuentes consultadas, que agrega: «Y si lo que se quiere es influir en el mercado de productos maduros, en el ámbito de los genéricos y los biosimilares ya hay tal competencia que no serviría de nada».

Medicamentos más baratos

El sustituto de Silvia Calzón defiende así la creación de esta empresa farmacéutica pública con el objetivo de abaratar el coste de los medicamentos con procesos más económicos. «La complejidad creciente de muchas innovaciones tecnológicas plantea la necesidad de rediseñar el modelo de innovación biomédica para garantizar que la solvencia económica del proceso investigador se alinea con las necesidades de la sociedad», explica en el texto. 

Sin embargo, expertos del sector aseguran que «de ninguna manera» se conseguiría hacerlos más baratos o accesibles «porque no se tendría la capacidad de escalado de la investigación y la producción que tienen las empresas que trabajan en muchos países». «Si importantes multinacionales farmacéuticas con miles de millones de euros de inversión provenientes de sus accionistas no son capaces de solucionar muchas enfermedades raras, ¿alguien cree que con una inversión menor y partiendo desde cero se va a conseguir?», se preguntan.

«Como ejemplo de un sector regulado en el que se experimentó la presencia pública —salvando las distancias—, encontramos la empresa eléctrica Barcelona Energía, que creó Ada Colau», ejemplifican las fuentes, que agregan: «A la vista está que no ha sido capaz de ofrecer tarifas más baratas que las del mercado, ni energía más verde, ni un mejor servicio al consumidor, ni tiene la mínima rentabilidad. Se sostiene exclusivamente porque es la que suministra al propio Ayuntamiento».

El Estado como regulador y productor-oferente

Otro aspecto inaudito, recalcan las fuentes del sector, es que alguien plantee que el Estado pueda ser a la vez el regulador del sector farmacéutico —estableciendo qué medicamento es financiado por el Sistema y a qué precio— y, al mismo tiempo, productor-oferente. «Contraviene cualquier lógica, porque no puede haber alguien que establezca las reglas y al mismo tiempo se quiera aprovechar de ellas o las use para impedir la presencia de otros», explican, y agregan: «Si esto se produjera, lo que ocurriría es que se acabaría expulsando del Sistema de Salud a las empresas que llegan con soluciones terapéuticas que ofrecen mejoras, y quien lo acabaría pagando sería el paciente». 

Y es que Padilla, en su artículo, titulado ‘Una industria farmacéutica pública: ¿para qué y cómo?’ y publicado en la revista del mes de junio de la Asociación Acceso Justo al Medicamento, también plantea que sean los poderes públicos los que dirijan la investigación del sector privado.

«La presencia de lo público en la industria farmacéutica ha de servir para generar ecosistemas que lideren y dirijan la inversión biomédica de titularidad privada hacia ámbitos de investigación relevantes socialmente, generando un ente público con capacidad para acumular know how en los procesos de investigación y desarrollo biomédico pero también con ambición y generosidad para crear círculos virtuosos que hagan que esto redunde favorablemente en el tejido empresarial biomédico de los lugares donde se implante», se lee en el documento.

Ante esto, los expertos, que señalan que en Europa no se conoce ningún caso parecido al que plantea Padilla; solo en Francia la multinacional Sanofi tiene una participación minoritaria (poco más del 11%) del Estado francés, concluyen: «El Estado, como regulador farmacéutico que es, tiene ya una importante misión que cumplir: que el medicamento adecuado llegue el paciente que lo necesita lo antes posible. Lo que se necesita es que se use esa capacidad para hacer lo que se espera de la regulación, ni más ni menos».