Muface encara su última reunión del año con dudas sobre las intenciones del Gobierno

Expectación máxima ante la celebración del cuarto Consejo General de la Mutualidad antes de que acabe el año. Fuentes sindicales señalan a THE OBJECTIVE que la fecha «más probable» es el próximo 19 de diciembre. Una cita que tiene lugar en un momento de máxima incertidumbre tras la llegada de Mónica García a Sanidad, que ha puesto contra las cuerdas el organismo público encargado de gestionar el mutualismo administrativo para el personal funcionario.

Sindicatos, compañías y dirección se reunirán en la segunda quincena de este mes para abordar, entre otras cosas, un incremento de la financiación del concierto sanitario, que caduca en 2024. A falta de conocer aún los temas que aparecerán en el orden del día, desde CSIF y CCOO relatan a este medio que abordarán un «incremento de la financiación del concierto del mutualismo administrativo en Muface correspondiente al periodo 2022-2024».

Para atender las prestaciones sanitarias de Muface, el Gobierno aprobó una partida de 3.571 millones de euros para el periodo comprendido entre 2022 y 2025, el mayor contrato de la Administración, repartido de la siguiente forma: 1.064.945 (2022), 1.170.361 (2023), 1.187.357 (2024) y 99.069.332 (2025). Esta aportación del Estado supone el 76,73% de la financiación de Muface. El 18,57% son de cotizaciones de mutualistas (con una cuota mensual según el grupo/subgrupo funcionarial al que pertenezca que oscila entre 51,68 y 21,07 euros), el 3,51 % de subvenciones del Estado y el 0,25% de otros ingresos.

170 millones en pérdidas

Sin embargo, mutualidades, sindicatos y sector privado vienen denunciando desde hace años la quiebra de un modelo destinado a desaparecer si no se incrementa la dotación presupuestaria. Y es que solo entre las tres principales compañías (DKV, Adeslas y Asisa), llevan unas pérdidas acumuladas de más de 170 millones de euros en el ejercicio del año 2022. Por ello, en la última cumbre del año sindicatos volverán a exigir «el incremento que sea necesario para atender adecuadamente el servicio de asistencia concertada, sin necesidad de recortes».

En la última reunión del Consejo General, celebrada el pasado 28 de septiembre, CSIF ya se interesó por esta cuestión y preguntó por los pasos dados por la Dirección General de Muface para el incremento de la financiación del concierto sanitario. Por su parte, la dirección de Muface ya ha declarado que está buscando vías para el aumento de la cuantía en colaboración con la Abogacía del Estado, pero aún no se ha transcendido nada más.

Por otro lado, desde CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, también propondrán la necesidad de estudiar «algún mecanismo» para reducir el porcentaje del precio que pagan los pensionistas mutualistas por los medicamentos que les receta la Seguridad Social. «Actualmente, los pensionistas mutualistas pagan el 30% del precio del medicamento, mientras que los pensionistas de la Seguridad Social abonan aproximadamente una media del 10% del precio», relatan a THE OBJECTIVE desde el sindicato, que también solicitará información sobre «cómo se está realizando en las CCAA la campaña de vacunación frente al herpes zoster a los pensionistas mutualistas mayores de 65 años».

Mónica García echa balones fuera

Este lunes, la ministra de Sanidad tiraba balones fuera al ser preguntada por los periodistas sobre la continuidad del modelo Muface justo antes de un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid con el secretario general de CCOO, Unai Sordo. «Ahora mismo mis prioridades son la universalidad que se perdió en 2012, reforzar la atención primaria que está herida de muerte y es uno de nuestros sustentos del SNS, y cuidar a nuestros profesionales», ha explicado, y ha añadido esquivando las preguntas de la prensa: «Tenemos un compromiso inequívoco con ensanchar la sanidad pública con hacerla más accesible, más atrayente y por supuesto universal».

Sin embargo, el pasado Gobierno en funciones, con José Miñones al frente de la cartera de Sanidad, mostraba su «preocupación» por el escenario económico de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado actual, «muy diferente al de hace un año cuando se firmó el concierto para la asistencia sanitaria 2022-2024». De esta forma, en una respuesta por escrito al Partido Popular, el anterior Ejecutivo reconocía la necesidad de «elevar» las consideraciones de las entidades concertadas –que solicitan «el reequilibrio económico del contrato»– «una vez constituido el nuevo Gobierno».

En su programa electoral para las Elecciones Generales del 23 de julio, Sumar proponía sacar a los funcionarios de las mutuas de prestación sanitaria privada (Muface-Mugeju-Isfas) de forma «paulatina». Pese a que el pacto de Gobierno entre PSOE-Sumar no incluye objetivos en cuanto al modelo de mutualidades, desde el partido de Yolanda Díaz mantenían a Redacción Médica el pasado octubre que su idea es «una extinción progresiva y paulatina de Muface, con un proceso de transición».

Por su parte, desde la Fundación IDIS, entidad constituida por la mayoría de las empresas e instituciones del sector sanitario de España, señalan que, como consecuencia del colapso derivado de la lista de espera, «hacen imposible poder considerar que se valorara como una realidad plausible la supresión de un modelo que en el momento actual atiende a 1,7 millones de ciudadanos y que, de producirse, deberían acudir a la Sanidad pública agravando con mucho esos problemas de acceso».

Además, IDIS hace hincapié en que Muface «genera ahorros al sistema público». A modo de ejemplo, indica la entidad, «se estima que la prima media de Muface se sitúa en 2022 en 1.020 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita de ese mismo año es de 1.674 euros (no incluye gasto farmacéutico ni el gasto destinado a mutualidades)». Es decir, que el gasto generado por un mutualista sería un 39% inferior. «Esto supone un ahorro de 654 euros por mutualista para la Administración».