La ministra de Sanidad deberá entregar su chalet irregular al pueblo de Cercedilla

La ministra de Sanidad, Mónica García, deberá entregar al Ayuntamiento de Cercedilla su chalet irregular que tiene ubicado en la Colonia de Camorritos, en el municipio madrileño de la Sierra de Guadarrama. El alcalde de esta localidad, David J. Martín Molpeceres, se ha pronunciado al respecto este jueves por primera vez en un pleno después de seis meses en el cargo. De esta forma, Molpeceres ha señalado que la postura que defiende «es la que han manifestado los servicios jurídicos».

Se refiere a la intervención que hizo recientemente el letrado Jaime Suárez, contratado por el Ayuntamiento para el seguimiento de los procedimientos administrativos del caso, y que el pasado 1 de diciembre apareció en el programa Equipo de Investigación de La Sexta señalando que «las concesiones son propiedad del Ayuntamiento de Cercedilla y, tarde o temprano, tendrán que abandonarlas e indemnizar al Ayuntamiento por estas ocupaciones ilegales».

Hasta este mismo jueves, el alcalde de Cercedilla, que fue investido el pasado junio gracias al apoyo de los dos ediles de Juntos por Cercedilla, los dos de PSOE y la edil de Más Madrid (ocho votos), se había mantenido de perfil sin pronunciarse públicamente al respecto. Sin embargo, en su programa electoral prometía «exigir la declaración de caducidad y solventar la situación».

De hecho, según ha podido saber este medio por fuentes próximas al Ayuntamiento, si Molpeceres obtuvo el apoyo de PSOE, Juntos por Cercedilla y Más Madrid para alzarse como alcalde «fue precisamente por su posición sobre Camorritos». «Una posición firme de toda la izquierda para recuperar los terrenos e iniciar los procedimientos de desahucios», aseguran estas fuentes. 

Ahora, Molpeceres toma parte finalmente y señala que mantiene la versión del abogado Jaime Suárez, que en prime time sostuvo que los vecinos de Camorritos, entre los que se encuentra la ministra Mónica García, «están haciendo una ocupación ilegal, quitando ingresos al Ayuntamiento de Cercedilla desde hace cuatro años».

Viviendas en «suelo no urbanizable de protección»

La situación de los chalets irregulares de la Colonia de Camorritos ha cogido más notoriedad en los últimos días tras la llegada de Mónica García al Ministerio de Sanidad. Y es que la política cuenta con una de estas viviendas, ubicada en una finca de más de 2.000 metros cuadrados. 

Los terrenos de la zona de Camorritos son propiedad del Ayuntamiento de Cercedilla y se encuentran dentro de la zona periférica de protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, según informa el consistorio en su web. Además, son parte de la Reserva de la Biosfera de la Unesco. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama califica estos terrenos como «suelo no urbanizable de protección».

«Por estar incluidas dentro del Catálogo de Montes de Utilidad Pública desde 1862 nadie puede adquirir la propiedad de los mismos por su uso y ni se pueden vender, ni pueden ser objeto de ningún tipo de embargos», explica el Ayuntamiento.

Entonces, ¿cómo puede ser que la ministra de Sanidad cuente con una vivienda de 2.000 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas y protegidas de la Comunidad? Para ello hay que remontare a principios del siglo XX, cuando por la Real Orden de 6 de noviembre de 1919, el Gobierno de la época aprobó una concesión administrativa –que es una fórmula jurídica por la cual la administración cede un bien público para explotación privada, con un plazo de vigencia y unas condiciones concretas–  a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama (Safeg) por 99 años. 

Está concesión permitió a la Safeg construir la vía del ferrocarril, ocupar los terrenos para construir ‘sanatorios de altura‘ (hospitales) –que nunca se construyeron–  y, además, se autorizó a la referida Sociedad para que pudiese ceder a terceros el derecho a ocupar temporalmente dichos terrenos y a construir sobre ellos edificaciones, explicitando que la sociedad no puede ceder más que derechos de ocupación temporal. 

937 vecinos afectados

La concesión de ese suelo, como adelantó El Debate, terminó en 2019, por lo que actualmente, la vivienda de Mónica García heredada de sus padres y de la que es titular de una tercera parte, está en estado irregular. En concreto, en la zona de Camorritos, hay 80 propietarios afectados, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda a THE OBJECTIVE, aunque en conjunto se trata de 937 vecinos afectados, ya que la situación también afecta a terrenos de Navacerrada.

De esta forma, la Consejería ha explicado a este medio que «ya se ha elaborado un documento para comenzar el procedimiento administrativo de caducidad de la concesión e informarles». «Al terminar la concesión, sin que pueda admitir prórroga legalmente, se debe informar a los propietarios de viviendas de la situación irregular en que se encuentran», concreta.

Mónica García presentó semanas anteriores un recursos para no tener que entregar las llaves de su vivienda, sin embargo, la Comunidad de Madrid desestimó este recurso, según informó medio citado, por lo que cuando la Comunidad de Madrid concluya este procedimiento administrativo, se estima que sobre abril de 2024, la ministra de Sanidad deberá entregar sus llaves al Ayuntamiento de Cercedilla.

¿Qué opciones tiene Mónica García?

La situación para la ministra de Sanidad y los más de 100 vecinos parece no ser fácil. Y es que tal y como prevé la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas en su artículo 101, «una vez extinguida la concesión, las construcciones existentes pasan a ser propiedad del propietario del suelo, a título gratuito y libres de cargas y gravámenes». Es decir, la propiedad de Mónica García y las de los vecinos de la Colonia de Camorritos pasan a ser del Ayuntamiento de Cercedilla

Entonces, ¿podría el Ayuntamiento vender estos terrenos a sus anteriores propietarios? La respuesta es que no, ya que son Montes de Utilidad Pública. La única posibilidad legal para ello –explica el Ayuntamiento– sería la de descatalogar la zona del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, algo que tendría que conceder la Comunidad de Madrid  y que es «prácticamente imposible» por el alto valor medioambiental de la zona y lo «injustificable» de hacerlo.

Igual ocurre si se quisiera realizar una permuta, que habría previamente que descatalogar los terrenos, algo, aparentemente, poco probable. La opción más factible desde el punto de vista legal es la de hacer nuevas concesiones a precios de mercado y «sin que pueda darse lugar a ventajas a favor de los anteriores titulares», por lo que por esta vía tampoco queda garantizado que los antiguos propietarios vayan a recuperar sus viviendas.

De esta forma, una vez la Comunidad de Madrid declare la finalización de la ocupación, el Ayuntamiento de Cercedilla podría ejercitar los correspondientes procedimientos de desahucio administrativo y tiene derecho a imponer multas coercitivas por importe de «hasta un 5% del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo». Además, el consistorio deberá reclamar una indemnización de daños y perjuicios por todo el tiempo durante el cual los terrenos permanezcan siendo ocupados sin amparo en una concesión en vigor.