Caos en Sanidad: el gasto en el megacontrato de Illa para la covid cuadruplica lo anunciado

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) —organismo dependiente del Ministerio de Sanidad que convocó y firmó el Acuerdo Marco impulsado por Salvador Illa durante la pandemia— reconoce un gasto del 0,7% sobre los 2.500 millones de euros que movilizaba ese acuerdo. Este instrumento, vigente entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021, se diseñó para la compra centralizada de material sanitario frente a la crisis del coronavirus. Según una resolución de Transparencia obtenida tras una consulta de este medio, Ingesa declara haber formalizado contratos por un total de 18.703.957,64 euros. Sin embargo, una investigación de THE OBJECTIVE ha permitido comprobar que el importe real de los contratos adjudicados bajo ese marco supera al menos cuatro veces esa cifra.

Según los contratos firmados entre distintas consejerías de Sanidad y el Ingesa a los que ha tenido acceso este medio, se adjudicaron compras a través del Acuerdo Marco por un total de 73.593.124 euros solo en la adquisición de mascarillas y batas quirúrgicas. Esta cifra multiplica por cuatro lo reconocido oficialmente por el organismo público. En la práctica, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria mantiene fuera de control al menos 54 millones de euros en adjudicaciones, una muestra clara del caos y la opacidad que rodean la gestión de uno de los mayores contratos sanitarios de la pandemia.

Tan solo la Comunidad de Madrid suma contratos por valor de 70 millones de euros con el Ingesa para la adquisición de batas y mascarillas quirúrgicas a través del Acuerdo Marco. Estos contratos se formalizaron entre el 10 de junio y el 28 de junio de 2021. Según los documentos, la Consejería de Sanidad acudió por entonces al Acuerdo Marco para la compra de 30 unidades de batas por un importe total 66 millones de euros, y 145 millones de mascarillas por algo más de 4,5 millones de euros. 

Extremadura, Cantabria y Ceuta

Extremadura fue otra de las comunidades que acudió al Acuerdo Marco para la compra de material sanitario durante la vigencia de este. El Servicio Extremeño de Salud de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura acudió al megacontrato de Illa para la compra de algo más de un millón de batas por un importe de 2.150.400 euros y ocho millones de mascarillas por 268.272 euros. En total, 2.418.672 euros entre el 26 y el 28 de enero de 2021. 

Otras de las regiones que también se hizo acopio de material sanitario a través del Acuerdo Marco fue Cantabria. Según los contratos de compra a los que ha tenido THE OBJECTIVE, la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud formalizó varios contratos por un importe que roza los 300.000 euros. Con fecha 04 de junio de 2021, la Gerencia de Atención Primaria procedió a la adjudicación del contrato basado en el citado Acuerdo Marco de 43.000 unidades de batas y 700.000 por un importe total de 78.450 euros.

Con anterioridad al 4 de junio, también se hicieron varias compras de tapabocas y batas a varios adjudicatarios del acuerdo marco del Ingesa por un importe total de 41.400 euros. Además, la Gerencia de Atención Especializada adjudicó varios contratos para sus hospitales de Laredo, Sierrallana y Tres Mares que tuvieron un coste de 170.170 euros.

A estos contratos hay que sumar también los basados en el acuerdo marco de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, que formalizó compras de batas y mascarillas quirúrgicas por un total de 186.432 euros. En total, se adjudicaron más de 73 millones de euros (2,9%) en compras de material sanitario a través del megacontrato impulsado por Salvador Illa, a pesar de que el Ingesa solo tiene acreditados 18 millones (0,7%) del total de 2.500 millones de euros movilizados por dicho acuerdo. Una muestra de que el departamento perteneciente a Sanidad se desentendió por completo del seguimiento del Acuerdo Marco, sin ejercer control alguno sobre su cumplimiento.

El propio Instituto Nacional de Gestión Sanitaria reconoce que «desconoce el uso último que cada servicio de salud autonómico habrá dado a los fondos que previsiblemente iba a utilizar en adquirir material para la protección contra la covid-19», ya que señala que «no existía obligación por parte de los órganos de contratación autonómicos de reportar los contratos basados formalizados».

Una afirmación contraria a la cláusula 15.4 del acuerdo marco, que señala expresamente que las empresas seleccionadas debían informar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de los contratos con la administración: «Los empresarios seleccionados deberán informar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y a los órganos de contratación de los contratos basados del presente acuerdo marco, las demoras o roturas de stock que puedan ocasionarse durante la ejecución de los mismos».