Bruselas identifica tres tapones en la gestión de España que frenan la ejecución de fondos UE
Europa pide al Gobierno que controle el gasto sanitario para evitar posibles riesgos fiscales
Ursula von der Leyen con Pedro Sánchez. | Europa Press
Las instituciones europeas han detectado, en su último Staff Working Document, que la gestión española de los fondos Next Generation no supera el 30% de su ejecución. Fundamentalmente, porque tiene tres tapones que obstaculizan la absorción de los fondos.
Obstáculos como una capacidad de absorción limitada, agravada por el hecho de dejar las inversiones para el final del periodo en agosto de 2026; un uso excesivo de instrumentos financieros que están ralentizando la ejecución, y una falta de coordinación entre administraciones, ligada a una burocracia excesiva.
Estos tres elementos han llevado a la Comisión a pronunciarse en estos términos y afirmar de manera entrecomillada que «el fortalecimiento de la coordinación entre los diferentes niveles de administración, junto con la simplificación de los procedimientos, ayudaría a acelerar la absorción de los fondos y garantizar que el apoyo llegue oportunamente a los beneficiarios finales».
El tapón de la gestión española
El economista y experto en fondos europeos Santiago Sánchez López explica las razones por las que la gestión del Gobierno de España sigue atascada –como detecta la Comisión Europea– y destaca la baja ejecución (30%), tal y como ya señaló THE OBJECTIVE.
Entre otros motivos, hay una clara tendencia a las transferencias de capital, sobre todo entre los años 2021-2023, donde el grueso de las ayudas se han canalizado mediante estas transferencias, representando entre el 1,0% y el 1,5% del PIB. De hecho, supone más del 75% de movimientos de fondos entre las administraciones, actuación que en sí no debería calificarse de ejecución.
Asimismo, la inversión directa de estos fondos, que corresponden al despliegue económico como consecuencia de la pandemia, también ha sido muy limitada. Este perito judicial del Ilustre Colegio de Economistas de Madrid afirma que se debe a que la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión directa en infraestructuras y digitalización, entre otras cosas, ha sido marginal, con un peso del 0,1% del PIB o menos. Lo que «demuestra la escasa capacidad del plan para generar un efecto transformador estructural».
Asegura Sánchez López que estos fondos se están utilizando además, en contra de lo que recoge el reglamento, para financiar gasto corriente. En documentos del Gobierno hasta 2023 ya se cifraba en 9.000 millones de euros. Por tanto, el Plan de Recuperación y Resiliencia español ha acabado generando un nuevo gasto estructural, que habrá que mantener. Además –apostilla–, tampoco ha servido para reforzar los servicios públicos a largo plazo.
El suspenso fiscal
El último documento de trabajo de la Comisión Europea también pone el foco en las recomendaciones que se hacen a España de cara a la ejecución de los fondos Next Generation, si quiere obtener todos los desembolsos que aún le restan.
En materia fiscal, le recuerda, fue en 2024 cuando el Consejo de la UE le recomendó la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal, y por ello España tomó medidas para aumentar su capacidad recaudatoria: manteniendo el impuesto a las grandes fortunas, subiendo la presión fiscal sobre el tabaco e introduciendo impuestos sobre los cigarros electrónicos. De igual modo, introdujo el tipo impositivo mínimo global del 15% propuesto por la OCDE y subió el IRPF a las rentas más altas.
Sin embargo, y aunque nadie le obligó a este hito –que por cierto ha caído en el Congreso de los Diputados, del que no recibe el respaldo suficiente del Parlamento–, España tiene aún pendiente otro impuesto, el del diésel, para equipararlo al de la gasolina, esperando el equivalente de más del 0,3% del PIB en ingresos adicionales permanentes de todas estas reformas.
El gasto sanitario y el riesgo fiscal
La Comisión Europea se ha pronunciado también sobre nuestro gasto sanitario público, añadiendo una proyección de gasto del 5,9% del PIB en 2024 (por debajo de la media de la UE del 6,6%), lo que se espera que aumente en 0,8% para 2040 y, en otros 0,4% para 2070.
Este aumento del gasto contribuye significativamente al riesgo fiscal. No obstante –mantiene la CE–, hay margen para mejorar la eficiencia aumentando el papel de la evaluación económica en las decisiones de financiación y fijación de precios de los productos farmacéuticos, así como reduciendo las variaciones injustificadas en la relación coste-eficacia de la asistencia sanitaria.