España emite más CO2 que Francia aunque legisla seis veces más sobre medio ambiente
Las patronales piden al Gobierno bajar la fiscalidad y recuerdan que, sin nucleares, la factura de la luz subirá un 23%
Central nuclear de Almaraz. | Europa Press
El gran apagón del mes de abril ha puesto de relieve muchas cuestiones, entre ellas, la apuesta energética española, que confía gran parte de su estructura a las energías renovables y diluye el peso de la nuclear. En este marco, destaca el Índice de Desempeño Medioambiental al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El puesto que ocupa España en este ranking es el 22 de la tabla, por debajo de la mayoría de sus socios europeos y también a una distancia considerable del puesto 12 que ocupa Francia, pese a que nuestro país no cuenta con su desarrollo industrial.
La comparación con Francia –señala el Instituto Juan de Mariana en la presentación de la Curva de Laffer Regulatoria— resulta sangrante: por cada norma medioambiental aprobada en el país galo, en España se han introducido al menos seis disposiciones del mismo tipo. Francia ocupa el puesto 12 en este estudio que elabora la Universidad de Yale y España el 22, por detrás de Estonia, Luxemburgo, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Austria, Suiza, Dinamarca, Grecia y Malta, entre otros países.
La clave –explica el think tank que preside Manuel Llamas— estriba en la diferencia de la apuesta francesa por un modelo de mayor sencillez en el plano regulatorio que opta por potenciar el desarrollo de las centrales nucleares para ofrecer un suministro estable, seguro y predecible de la energía.
Las objeciones del Gobierno de España a la energía nuclear como argumento para abanderar la preocupación por cuestiones medioambientales choca con otro dato: nuestro país emite más CO2 per cápita que Francia. Los vecinos emiten 4,1 toneladas por persona, frente a las 4,6 de España. De igual manera –recuerda el Instituto JdM–, las emisiones de CO2 por cada dólar de PIB generado son menos en el caso de Francia (0,11 kilogramos por dólar de PIB generado) que en el de España (0,14).
«En España anteponemos la ideología»
El debate de las centrales nucleares no ha dejado de crecer esta semana. Mientras el Parlament de Cataluña urge a desplegar la Ley de Cambio Climático y el cierre de las nucleares, patronales empresariales como CEIM han viajado hasta la central de Almaraz para defender desde allí la prórroga de esta central que abastece no solo a Extremadura, sino también a Madrid. En declaraciones a este diario, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, mantiene que «mientras toda Europa refuerza su apuesta por las nucleares, en España seguimos anteponiendo la ideología a la tecnología».
De la mano de Creex, la Confederación Regional Empresarial Extremeña, CEIM subraya la necesidad de llegar a un acuerdo entre el Gobierno y las empresas titulares, involucrando a las comunidades autónomas y permitiendo un sistema mixto de energía nuclear y renovable, en un contexto de incertidumbre internacional, como están haciendo los demás países europeos, y evitar que se repitan episodios tan graves como el apagón del pasado 28 de abril.
Las dos patronales empresariales consideran de extraordinaria urgencia una revisión de la fiscalidad que pone en peligro la viabilidad económica de las centrales. Ambas organizaciones destacan que la nuclear es una energía barata, segura y limpia, y que desmantelar Almaraz supondrá un incremento directo del precio de la electricidad y un aumento adicional de emisiones de CO2.
La factura de la luz, un 23% más cara
En esa visita a la central de Almaraz, los empresarios madrileños y extremeños destacaron tres aspectos fundamentales consecuencia directa del cierre de esta central: el riesgo para garantizar el suministro en periodos de alta demanda y baja producción de energía renovable; el incremento directo sobre el precio de la electricidad, que supondría un aumento del 23% en la factura eléctrica de los hogares y pymes, con un coste de 22.500 millones de euros y de hasta un 35% en el caso de la industria; y el aumento de emisiones de CO2, ya que la eliminación del parque nuclear –mantienen las patronales– supondría la emisión de 21 millones de toneladas de CO2 adicionales cada año, lo que equivale a un incremento del 73% en las emisiones del sistema de generación eléctrico.
Asimismo, ambas organizaciones señalan que la generación nuclear ha visto cómo las cargas fiscales se han incrementado un 400% entre 2008 y 2019 (fecha en que se estableció el calendario previsto de cierre), y otro 50% adicional desde entonces.
Prórroga, sí, pero no automática
En este clima, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se reunió esta pasada semana con el comité de empresa de la central del Almaraz, que le transmitió la petición de continuidad de la central nuclear por al menos 20 años, «porque no hay argumentos técnicos ni socioeconómicos para dicho cierre».
El Ministerio de Transición Ecológica ha respondido a las demandas de las empresas nucleares asegurando que se podrá dar una prórroga, pero solo si la solicitan dichas empresas. En cualquier caso, el compromiso del Gobierno es tramitar la prórroga, pero no prorrogar automáticamente la vida útil de la central. El PP tiene previsto presentar en breve una proposición de ley sobre la prórroga de las centrales nucleares.