La empresa vinculada a Cerdán llegó a facturar un millón de euros con solo nueve trabajadores

Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán y a la trama Ábalos que recibió hasta cinco adjudicaciones del Gobierno Navarro durante los años 2017 y 2024 por valor de 100 millones, llegó a registrar una facturación superior al millón de euros durante el ejercicio 2021, el que tuvo mayor actividad según las cuentas enviadas al Registro Mercantil y también el último del que hay noticias. Los documentos analizados por THE OBJECTIVE indican además que estos ingresos se consiguieron con nueve trabajadores y de ellos, solo tres fijos y el resto contratados de manera eventual.

Si se ponen en perspectiva estos dos datos, por sí solos dan cuenta de una clara anomalía mercantil. No es normal que una sociedad tenga una facturación tan elevada y con tan pocos trabajadores. Y más para una sociedad que -desde febrero de 2020- ya tenía como objeto social la «elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación”. Expertos societarios consultados por este diario coinciden en señalar que es imposible que una empresa que participa en obra pública pueda tener apenas tres trabajadores fijos y menos facturar por encima del millón de euros.

De hecho, en años anteriores su fuerza laboral fue aún menor, pasando desde los tres trabajadores en 2017 y 2018, a los cinco en 2019 y los nueve en 2020 y 2021. En esas fechas registró una facturación creciente de los 237.000 euros en 2017, a los 702.000 en 2018, los 295.000 en 2019, los 825.000 en 2020. En total, la compañía se embolsó 3,2 millones en solo cinco ejercicios y con una plantilla media total de menos de seis personas al año.

Relación con Cerdán

Esta anomalía se explica precisamente porque Servinabar se presentó a todos los concursos públicos ganados en Navarra de la mano de Acciona y creando una UTE (Unión Temporal de Empresas) para gestionar los contratos públicos. En esta UTE la compañía del Ibex aportaba los trabajadores y la fuerza constructora, ya que en las cuentas de Servinabar se da cuenta de ningún tipo de inversión, ni en maquinaria, ni en equipos. Es así como estamos ante una sociedad que cumple todas las características de una sociedad utilizada exclusivamente para justificar las concesiones y para que sus dueños utilicen el dinero recibido por estos contratos para engordar su propio patrimonio.

Esto además refuerza la teoría de la propia Guardia Civil que cifra la fundación de esta sociedad en 2015 de forma instrumental para constituir UTE que asegurasen contratos. La UCO vincula la explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón (Mina Muga) a la sociedad mercantil Geoalcali, una compañía que contrató los servicios de Acciona en asociación mediante una UTE (Unión Temporal de Empresas) con «otra pequeña mercantil», precisamente la mencionada Servinabar.

De hecho, en un último registro al dueño de la sociedad, Antxon Alonso, se descubrió una escritura en la que en 2017 se cedía el 45% de la compañía al propio Santos Cerdán. En cualquier caso, la UCO considera que esta sociedad nació casi exclusivamente para vehicular recursos y participaciones en proyectos vinculados con administraciones públicas. El informe de la Guardia Civil constata pagos de esta empresa al propio Koldo tras constituirse las UTE con Acciona en 2015.

Gastos de Servinabar

Al analizar las cuentas de 2021 también se aprecian anomalías patrimoniales. Como ya ha informado este diario, Servinabar mejoró su patrimonio neto entre 2018 y este año desde los 173.356 euros hasta los 454.927 euros. Por otro lado, los activos de la constructora vinculada a Cerdán también se incrementaron de manera sustancial, ya que pasaron de los 312.648 euros a los 1,203 millones, casi triplicando su importe. 

Otra situación muy sorprendente son los elevados gastos que tuvo la sociedad, casi todos vinculados a costes laborales. En 2021, el año en el que facturaron más de un millón de euros, registraron unos gastos de personal de 508.995 euros, los que se pagaron de manera íntegra a sus nueve trabajadores, seis de ellos eventuales. Entre estos trabajadores encontramos al exdirector de la SEPI Víctor Fernández Guerrero, que se fichó el 19 de mayo de 2021; o la pareja de Ramón Alzórriz, o el número dos de María Chivite en Navarra, vicesecretario general del PSN y portavoz parlamentario que renunció a sus cargos hace pocos días.

Pero los gastos continúan en 2021. La compañía también consigna otros 133.700 euros por servicios profesionales independientes, se entiende pagos a asesores por trabajos varios, lo que supone que casi un 72% de todos los gastos fueron a costes laborales. También se gastaron otros 52.580 euros por arrendamiento de oficinas, 13.900 por servicios bancarios o similares, 70.580 por “otros gastos”, 7.100 por reparaciones en conservación, 5.400 por primas de seguros y hasta 3.100 euros por “publicidad, propaganda y relaciones públicas”. Gastos que -nuevamente- tampoco están relacionados con la actividad productiva de una empresa vinculada con la construcción.