Los jóvenes españoles ya ganan un 45% menos que el salario medio nacional

En los años 80 y 90, los jóvenes crecían con más oportunidades económicas y mayor representación política. Esta es una de las conclusiones que se desprenden del análisis hecho por el Colegio de Economistas y Fedea en un estudio titulado Jóvenes sin Aliados: cuando la Economía y la Política les dan la espalda. El cambio generacional y el progreso de la vida laboral ha sido tan distintos, -sostienen estas dos instituciones, con datos del INE- que en 2023, un joven de entre 20 y 24 años percibió una renta bruta media de 15.364,17 euros, lo que supone un 45% menos que el salario medio nacional de los españoles (28.049,94 euros).

Unas retribuciones muy bajas que, con el problema demográfico que afecta a España, complican la calidad de sus pensiones, razón por la que los expertos del Consejo General de Economistas y Fedea recomiendan, entre otras actuaciones, incluir a los jóvenes en la negociación de pensiones del Pacto de Toledo.

Y el motivo no es otro que el elevado coste de las pensiones y su sostenibilidad -que el Banco de España no ha querido incluir en su último Informe Anual– y que a día de hoy suponen el 12,9% del PIB -2,9 puntos más desde 2010- y absorben ya el 30% del gasto público.

Jóvenes frente a mayores

A estos datos macro, señalan estas dos instituciones económicas, hay que añadir que si bien buena parte de los jóvenes españoles no alcanza niveles de ingresos que les obliguen a tributar por IRPF, sí soportan una carga fiscal importante a través de las cotizaciones sociales, sobre todo del IVA, lo que reduce su renta disponible y limita sus posibilidades de ahorro y emancipación.

Estas son algunos de los retos identificados por el CGE y Fedea, que subrayan, sudentro de este sector de la población, una elevada precariedad laboral -en 2024, el 60,5 % de los contratos a menores de 30 años fueron temporales, sumado a un 46 % en parcialidad involuntaria-. Según el Banco de España, el acceso a la vivienda también es cada vez más limitado y gravoso en esta franja de edad, tanto que uno de cada 10 hogares destina, en promedio el 40 % de sus ingresos mensuales al pago del alquiler-.

Desde 2008, la renta media de los jóvenes ha caído un 10%, mientras que la del conjunto de la población lo ha hecho un 3% y la renta de las personas mayores ha aumentado un 8%. Sin olvidar que desde 2024, el 29,2% de los menores de 18 años vive por debajo del umbral de pobreza, lo que sitúa a España con la mayor tasa de pobreza infantil en la UE.

La situación económica de los jóvenes

Frente a este escenario, el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) abordaban el viernes La situación económica de los jóvenes en España.

Una sesión seguida por THE OBJECTIVE, y en la que se señalan los desajustes persistentes entre la formación académica y las demandas del mercado, con un 37 % de brecha entre competencias tecnológicas requeridas y ofertadas (McKinsey, 2025). Además, también nos encontramos con una legislación laboral rígida que desplaza la necesidad de flexibilidad hacia los colectivos más vulnerables, especialmente los jóvenes, a través de contratos precarios.

Con las aportaciones del presidente del CGE, Miguel Vázquez Taín, y del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de Fedea; Raquel Jurado, miembro del equipo técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), y Mar Villares, secretaria técnica del Registro de Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE), analizaron la complicada situación que afecta a los jóvenes españoles, que, por otra parte, son los que sufren las mayores tasas de paro de la Unión Europea, ya después de Grecia.

Tres brechas generacionales y tres reformas

Para Conde-Ruiz, los jóvenes en España afrontan una doble desventaja estructural. Por un lado, la pérdida del impulso demográfico que antes sostenía el crecimiento económico y una menor capacidad de influencia política debido al envejecimiento del electorado. Y, en este sentido, apunta tres grandes brechas generacionales: en renta —desde 2008, la de los jóvenes ha caído un 10 %, mientras que la de los mayores de 65 años ha aumentado un 8 %—; en acceso a la vivienda —solo el 43 % de los hogares jóvenes accede hoy a la propiedad, frente a más del 70 % hace dos décadas—; y en la edad media de emancipación, que ya supera los 30 años.

Ante esta realidad, propone un paquete de reformas para reequilibrar el contrato intergeneracional: «pensiones sostenibles, reglas fiscales que prioricen a la juventud, políticas de vivienda y mayor representación política, bajando, por ejemplo, la edad de voto a los 16 años».

Raquel Jurado, por su parte, destacó datos del INE que ponen de manifiesto que los jóvenes en España cuentan con ingresos notablemente inferiores a la media. Solo en 2023 -apunta Jurado-, un joven de entre 20 y 24 años percibió un 45 % menos que el salario medio nacional. Según Eurostat, «los menores de 35 años son el colectivo que dedica un mayor porcentaje de sus ingresos al pago del IVA (7,7 %), y la OCDE estima que el coste fiscal total sobre el empleo asciende al 40,6 % para un trabajador soltero sin hijos».

Salarios bajos y contratos parciales

Finalmente, Mar Villares mantuvo que «la combinación de una alta tasa de temporalidad del 60,5 % en los contratos de los menores de 30 años en 2024, unido a un salario medio de 1.558 € brutos mensuales, que es un 27 % inferior al salario medio nacional, y que el 46 % de los jóvenes cuenten con contratos a tiempo parcial de manera involuntaria; configura un entorno laboral precario que retrasa la emancipación». Por ello -remató-, «urge avanzar hacia la estabilidad contractual real y alinear la formación con las necesidades del mercado».

A modo de conclusiones, Miguel Vázquez Taín y Ángel de la Fuente subrayaron la urgencia de abordar reformas estructurales para garantizar el futuro económico de la juventud. Coincidieron en la necesidad de impulsar la Formación Profesional Dual y Universitaria, y mejorar la vinculación entre formación y tejido productivo. Insistieron también en la importancia de reducir el déficit estructural para evitar trasladar cargas fiscales a las generaciones futuras y reforzar la inversión pública en ámbitos clave para los jóvenes como la educación, el empleo y la innovación. 

Por último, reclamaron una arquitectura institucional que dé voz a los jóvenes en la toma de decisiones como vía para asegurar la equidad entre generaciones, y pusieron como ejemplo su posible participación en las decisiones del Pacto de Toledo.