Sanidad quiere que la ansiedad y la depresión por el trabajo sean enfermedades laborales

Las incapacidades temporales por problemas psicológicos y psiquiátricos han crecido un 72% desde la pandemia, hasta las 643.681 en 2024, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, impulsadas mayoritariamente por patologías de depresión y ansiedad. En total, ese mismo año, se registraron 6.897.615 incapacidades temporales. Los procedimientos relacionados con la salud mental supusieron un 9,33% del total. En este contexto, el Ministerio de Sanidad quiere que los trastornos mentales derivados de la actividad profesionales sean reconocidos como enfermedad laboral para, entre otras cuestiones, ahorrar costes al Sistema Nacional de Salud.

Así se desprende de la hoja de ruta para abordar los efectos del trabajo en la salud mental que fue presentada este miércoles en el Ministerio de Sanidad por la titular del ramo, Mónica García, junto a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. «La comunicación de sospecha siempre sujeta al consentimiento informado del paciente persigue que los trastornos mentales relacionados con el trabajo sean reconocidos como enfermedad profesional en el futuro», dice el documento, que también reconoce la dificultad de relacionar un trastorno mental con la actividad laboral: «Establecer una relación de sospecha entre un estresor laboral y un trastorno mental implica una interpretación clínica que no puede probarse con certeza absoluta, sino que se basa en un juicio de probabilidad razonada».

No obstante, el documento recoge que «es innegable que una parte significativa de las personas atendidas en los servicios sanitarios hacen referencia a estresores laborales como elementos que desencadenan o agravan su malestar psicológico». Por ello, Sanidad, junto con Trabajo, presionará para que los trastornos mentales derivados del trabajo sean reconocidos como contingencia laboral, tras un estudio clínico. Para ello, insta a los sanitarios de Atención Primaria a que incluyan las condiciones laborales en la historia clínica de los pacientes: «La identificación del trabajo como posible factor desencadenante o agravante
del sufrimiento psíquico constituye un paso esencial en la atención clínica». Sanidad y Trabajo piden a los facultativos que pregunten al paciente por su horario de trabajo, la relación con el jefe, el tipo de contrato o si sufre impagos.

Beneficios de la contingencia laboral

El reconocimiento de una enfermedad como contingencia laboral, según la hoja de ruta del Ministerio de Mónica García, hace que la carga de su coste recaiga sobre el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a través de los fondos de la Seguridad Social procedentes de las cotizaciones de los trabajadores y de los empresarios (con las Mutuas como entidades gestoras del sistema), en lugar de sobre el Sistema Nacional de Salud. Esto, señala el documento, «alivia la presión presupuestaria de los servicios sanitarios públicos».

Otro beneficio de reconocer un trastorno mental derivado del trabajo como enfermedad laboral tiene que ver con la cobertura económica. Esto es, el reconocimiento como enfermedad profesional conlleva una prestación económica superior (75%) y la cobertura al 100% de los costes farmacológicos, médicos y terapéuticos. Por otro lado, también permitiría recopilar información fiable sobre cuántas enfermedades y lesiones derivan de exposiciones específicas, y en qué sectores o centros de trabajo ocurren.

En la actualidad, no se conoce cuantas bajas laborales por problemas de salud mental se originan en el ámbito del trabajo, ya que los sistemas de aseguramiento no reconocen estos daños como enfermedad profesional. Los últimos datos corresponden a un estudio hecho en España en 2010 en el que se analizaban los episodios que causaron baja por enfermedad común. En él se estimó que la fracción atribuible a factores de riesgo laboral de los trastornos mentales era del 10,8% (13,14% para los hombres y 8,29% en el caso de las mujeres), con valores diferentes según tipo de trastorno. Las mujeres y las personas jóvenes (de 16 a 35 años) son las que acumulan un mayor número de bajas por motivos de salud mental.

Según datos del informe Presme (2023), aproximadamente 170.000 cuadros depresivos podrían haberse evitado en el año 2022 si no existieran formas de precariedad laboral como la inseguridad contractual, los bajos ingresos o la falta de control sobre el trabajo. Además, se estima que el 26% de los trastornos mentales comunes en la población ocupada en España pueden atribuirse a condiciones laborales adversas, como falta de control sobre el trabajo, exigencias excesivas, inseguridad o falta de apoyo.