Economía y Hacienda desoyen a la UE y siguen sin dar acceso a la Airef a los datos que reclama
La CE pide un protocolo de colaboración para que la institución que preside Herrero trabaje con mayor independencia

María Jesús Montero y Carlos Cuerpo, en la toma de posesión de éste, al frente del Ministerio de Economía. | Europa Press
Los ministerios de Economía y Hacienda siguen sin dar un paso en la línea de las últimas recomendaciones marcadas por la Comisión Europea, en junio de este año, exigiendo a estas dos áreas del Gobierno que establezcan un protocolo o un memorándum de actuación que facilite el trabajo de la Airef, cada vez que necesite datos para poder hacer sus análisis.
En declaraciones a THE OBJECTIVE, la presidenta de la institución, Cristina Herrero, ha confirmado que, en efecto, el Ejecutivo no ha respondido todavía a la demanda de la Comisión y, por tanto, las dificultades para hacer algunos estudios siguen presentes, de no haber un cambio de actitud por parte de Economía y de Hacienda.
Una demanda que viene sucediéndose desde hace 12 años -señala Herrero-, y cuya petición parece caer en saco roto, pese a que la Comisión Europea se acaba de pronunciar en estos términos, señalando que «la Airef ha experimentado algunos problemas con el acceso a la información y, por lo tanto, se beneficiaría de tener Memorandos de Entendimiento con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda».

Más garantías de independencia
Señala la Comisión -como ha podido cotejar este medio revisando el último Staff Working Document, con las recomendaciones a España en clave económica, social, de empleo, estructurales y de políticas presupuestarias- que la Airef «es una institución fiscal independiente bien establecida con un amplio mandato, pero podría beneficiarse de mayores garantías de independencia, si el Gobierno abriera un diálogo, ampliando, por ejemplo, el acceso a los puestos de esta institución, a personas que no sean funcionarios».
Con acuerdos ya establecidos con el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión, y con la Agencia Tributaria, explica Cristina Herrero, el protocolo al que alude la Comisión «es fundamental, porque la ley nunca puede entrar al detalle -aparte de que también incumple eso- de qué es lo que necesita la Airef, y en qué momento». «El caso más claro -concreta- es el aval que tenemos que hacer del escenario macroeconómico. Y es que, muchas veces, y a pesar del plazo que dice la ley, tenemos que hacerlo en un plazo aún más breve, a veces incluso en dos o tres días».

«Avalar a ciegas»
«A veces -remarca Herrero-, hemos salido el día antes de una revisión del INE. Y la revisión del INE ya ha invalidado prácticamente el análisis del aval de la Airef. Esto también ha ocurrido con el escenario macroeconómico, que se supone que incorpora medidas, de las que no tenemos detalle». «Con lo cual -abunda-, no es muy difícil hacer este escenario, ya que para ello sería necesario tener un escenario macroeconómico a políticas constantes, y con la entrada de las medidas». «Y con un ejemplo muy claro: nunca sabemos en este escenario macroeconómico cuál es el impacto del Plan de Recuperación que está incluido en el escenario del Gobierno».
De ahí que la Airef haya propuesto hacer un ‘aval a la italiana’ en dos partes. Primero, avala un escenario macroeconómico, antes de que se conozcan las medidas, y luego vuelve a avalar, en función de que se conozcan las medidas. Pero la Airef -reconoce su presidenta- «muchas veces avala a ciegas, con arreglo al que es nuestro escenario, y viendo las diferencias con el escenario del Gobierno». «Por lo tanto, claro que es fundamental un protocolo, y eso la ley no lo puede recoger. Un protocolo que detalle qué información tenemos que tener, en qué momento del tiempo tenemos que tenerlo, y con la jerarquía de confidencialidad que ya recoge nuestra ley orgánica». Eso «es completamente imprescindible, tanto con el Ministerio de Economía como con el Ministerio de Hacienda. Y sí, no se han puesto en contacto con nosotros».
La vulnerabilidad
Este miércoles, la Airef presentó su Cuarta opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital, destacando por encima de todo que dicha prestación tiene un efecto sobre el empleo, que es persistente y negativo, razón por la que plantea una reformulación completa del incentivo de empleo del IMV. Según ha podido cuantificar la Airef, el IMV disminuye la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales (12%) y reduce el número de días trabajados en 0,6 días (un 11%).
Al mismo tiempo -subrayó la Airef-, más del 55% de los hogares que podrían recibir el IMV no lo solicitan. Cifra que por cierto asciende al 72% en el caso de los hogares elegibles para el CAPI (complemento de ayudas para la infancia).
En este sentido, la Airef propone continuar con la verificación automática de los requisitos esenciales para superar las barreras administrativas, con el uso de la información de la que dispone la Seguridad Social, de carácter trimestral o mensual, y no cada dos años y, en especial para el CAPI, con datos del Registro Civil. Además, pide que los objetivos del IMV se expresen en metas cuantificables y medibles, así como un refuerzo de los programas de acompañamiento individualizado. Por último, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal reclama transparencia y garantía de la continuidad de la estadística homogénea y comparable con las rentas de la Tercera opinión.
Europa vigila el IMV
En el último informe de la Comisión, esta indica que en el caso de España y «a pesar de los avances sustanciales, el informe sobre la renta mínima de 2024 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha puesto de manifiesto la existencia de importantes barreras burocráticas que dificultan la accesibilidad, especialmente para grupos vulnerables como las personas sin hogar».
En diciembre de 2023 -explica la CE-, el 56% de los hogares que podían acogerse no lo habían solicitado, por lo que solo cubría el 36% de los beneficiarios potenciales. El 5% de las no solicitudes -añade- se debe a que los hogares ya recibían prestaciones regionales de renta mínima, ya que la mayoría de las regiones no han alineado sus regímenes con el régimen de renta mínima.
Asimismo -ahonda el documento-, «las ineficiencias administrativas siguen siendo un problema crítico, ya que el 65% de los hogares acogidos al régimen de renta mínima en 2023 vieron revisados los importes de sus prestaciones, y algunos tuvieron que devolver una parte de las mismas debido a la información actualizada sobre los ingresos y a la necesidad de recalcular los importes de los ingresos».
No en vano el pasado 15 de mayo -como ha podido conocer THE OBJECTIVE-, el Comité Europeo de Derechos Sociales admitía iniciar el procedimiento de reclamación colectiva presentada en contra de la Ley de IMV, y que en concreto afecta a los perceptores de esta ayuda a los que se les han comunicado una serie de cobros indebidos que ha supuesto un grave perjuicio para estas personas, como consecuencia de que el cruce de datos administrativos llega demasiado tarde y sus efectos son perniciosos.