La sentencia del Estatut podría impedir la cesión fiscal que el Gobierno ha firmado con Illa

El acuerdo firmado este lunes de forma bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para dar luz verde a una financiación singular y ceder la gestión del IRPF en 2026 tiene un camino muy corto, aparte del discurso político. La cesión de impuestos a una comunidad autónoma de régimen general quedará bloqueada desde el momento en el que se active la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional.

Se trata de la sentencia del Estatut de Cataluña, donde la relación con la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, que preveía la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Cataluña -subraya a THE OBJECTIVE el catedrático de Derecho Financiero y Tributario César García Novoa– ya establece que «los órganos bilaterales son inconstitucionales si excluyen o limitan la capacidad de las instituciones y organismos de carácter multilateral, en materia de financiación autonómica».

Recuerda García Novoa, tal y como ya transmitió en un decálogo presentado hace unos meses en una comisión convocada por el Senado, que «las relaciones bilaterales de financiación entre el Estado y una comunidad autónoma de régimen común solo se admiten si son una parte sustancial de las relaciones multilaterales», lo cual no es el caso.

El gran problema de las relaciones bilaterales entre el Estado y una comunidad autónoma -sostiene el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela- es que «si el Estado tuviese relaciones bilaterales con todas o con varias comunidades autónomas de régimen común, el sistema colapsaría porque sería imposible la aplicación simultánea de todos esos acuerdos bilaterales». «Como dijo el Tribunal Constitucional, la suma de lo que el Estado debería invertir en cada comunidad autónoma, aplicando cada criterio bilateral, superaría la cantidad total a repartir entre todas».

«La Generalitat solo puede hacer de gestora»

Hace un año THE OBJECTIVE entrevistaba a Alfons López Tena (Sagunto, 1957), que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y el 2008 y posteriormente dio el salto a la política de la mano de Solidaritat per la Independència, llegando a ser diputado en el Parlament de Cataluña. 

En esa entrevista hecha por Laura Fàbregas, López Tena aseguraba que para dar el salto cualitativo hacia una financiación singular, que a todas luces para él es un concierto económico como el vasco, se necesita tocar la Constitución, porque nuestra Carta Magna no admite un cambio de esta naturaleza, y una decisión de ese calado no se puede hacer cambiando una ley ordinaria.

El propio Carles Puigdemont -señalaba López Tena en la entrevista- admitió, cuando era alcalde de Gerona, que la Generalitat solo puede hacer de gestora en el caso de una cesión de impuestos o de la transmisión de la Seguridad Social, porque -apuntaba el dirigente de Junts, fugado de la justicia española- «el dinero lo controla el Ministerio de Hacienda».

«Elecciones para paralizar la financiación singular»

La elevación de esta cesión de impuestos, con la que no está de acuerdo ninguna comunidad autónoma de régimen general, será, sin duda, otro reto para el sector afín al Gobierno del Tribunal Constitucional, abanderado por su presidente, en un momento en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea examina con lupa el aval a la Ley de Amnistía.

Además de la denuncia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, voces autorizadas como la del presidente Emiliano García-Page, señalan un «chantaje». También la del expresidente socialista de Aragón, Javier Lambán, que ha criticado la debilidad de Pedro Sánchez; la del ex secretario general del PSE-PSOE, Nicolás Redondo, en este periódico, señalando que «no es propio de un socialdemócrata occidental quebrar el principio de igualdad, hacer una España de dos velocidades o condenar a unos españoles para favorecer a otros»; y la del sindicalista Cándido Méndez, que este fin de semana pidió en El Debate la «convocatoria de elecciones para paralizar la financiación singular» que emana del pacto con Junts y ERC «para avanzar en el cupo vasco».

La financiación singular que Gobierno y Generalitat pretenden sellar, en una proposición de reforma de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas) llevada hasta el Congreso de los Diputados, avanza, en opinión del exsecretario general de UGT, hacia «un extraño modelo de Confederación, que no está en la Constitución”. Asimismo, “afectaría, al igual que la amnistía, al principio de igualdad de oportunidades a las personas y a los territorios».

«Un pacto para mantener a un gobierno»

Para la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, está cesión de financiación singular, y en concreto, de la cesión de la Agencia Tributaria del impuesto de IRPF, «no deriva de ningún acuerdo multilateral sino bilateral, y provocado por un pacto político necesario para mantener a un gobierno».

La cesión de la recaudación -explica De la Herrán a THE OBJECTIVE- supone romper las reglas de juego de la normativa sobre financiación de las comunidades de régimen común, ya que se incrementan los porcentajes, lo que afectará sin duda a la prestación de servicios en el resto de comunidades autónomas. «La regla, según este privilegi, es que quien más gana se queda con todo».

⁠Además -añade la presidenta de la IHE, que este próximo miércoles hará una valoración más extensa ante los medios-, «es un primer paso para ceder posteriormente la cesión de ese impuesto que sin duda incrementará la burocracia para los contribuyentes, los costes indirectos en general para cumplir con sus obligaciones y que planteará un nuevo escenario muy peligroso en la lucha contra el fraude fiscal, al romper la unidad de información».

Conflictividad fiscal

También en este sentido se pronuncia Francisco de la Torre, autor de La factura del cupo catalán, y que recientemente decía a THE OBJECTIVE que «un traspaso sin una modificación en profundidad de toda la legislación vigente, incluyendo la Lofca y la ley de cesión de Tributos a las comunidades autónomas, e incluso el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, ocasionará un problema gravísimo de conflictividad fiscal». Además -señaló este inspector de Hacienda-, «creo que fragmentaría las bases de datos tributarios, lo que llevaría a que el fraude se disparase. Por último, creo que sería inconstitucional».

Para Rafael Pampillón, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona (1979) y MBA por el IESE de Barcelona, «la propuesta de una financiación singular para Cataluña no solo rompe con el principio de igualdad entre comunidades autónomas, sino que mina los fundamentos de la cohesión territorial en España». De modo que «pretender que una comunidad reciba un trato fiscal diferenciado por motivos identitarios o de presión política, es profundamente injusto para el resto de territorios, que también enfrentan dificultades estructurales y aspiran a mejorar su financiación sin recurrir a privilegios».

Además -reitera Pampillón-, «aceptar una financiación a medida para Cataluña abrirá la puerta a una dinámica peligrosa de agravios comparativos y tensiones territoriales, porque, otras comunidades podrían reclamar condiciones similares, erosionando el modelo autonómico y debilitando la capacidad del Estado para garantizar servicios públicos equitativos».

«Más costes y más fraude»

El vicesecretario de Hacienda y Vivienda del Partido Popular, Juan Bravo Baena, fue otro de los dirigentes que se refirió este lunes a la financiación singular. Lo hizo desde los micrófonos de Radio Nacional y, con Pablo Iglesias enfrente, que en ningún momento dejó de mirar el móvil.

Bravo reveló que el Gobierno no se ha puesto en contacto con el Partido Popular para hablar de la reforma de la financiación, y sin embargo, «en este tiempo hemos visto cómo la condonación de la deuda de Cataluña ha servido para la investidura de Pedro Sánchez, y ahora la financiación singular para alicatar a Salvador Illa al frente de la Generalitat de Cataluña, que no deja de ser «un concierto económico como el de País Vasco y Navarra».

Alegó Bravo Baena que lo correcto es que las reformas en materia autonómica se hagan «de manera multilateral y no bilateral», «porque la tarta es la que es». Además, esta financiación singular acarreará «más costes, más fraude y será más perjudicial para todos».