Bruselas vapulea a España en el peor momento de Sánchez: «Ya no pinta nada»

25 de junio de 2025.- La Comisión Europea publica su Octavo Programa Nuclear Ilustrativo (PINC), un proyecto que define el papel de esta energía en la Unión Europea (UE) hasta el año 2050. El plan la sitúa como un eje clave del mix más inmediato con inversiones de 241.000 millones durante el periodo, hasta 250.000 nuevos profesionales y una capacidad instalada que podría alcanzar los 144 GW. Bruselas prevé que para 2040, más del 90% de la electricidad europea provenga de fuentes descarbonizadas, con las renovables y la nuclear como pilares fundamentales. El documento -que pasó desapercibido para los grandes medios de comunicación y que por supuesto se obvió en La Moncloa- representa una enmienda a la totalidad de la estrategia de transición ecológica que España lleva defendiendo en los últimos siete años.

El Gobierno sostiene desde 2018 que las nucleares deben ser sustituidas completamente por fuentes eólicas y solares, una tesis que la actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, defendía como ministra española, pero que ahora ha olvidado en Bruselas. España ya tiene fecha de cierre para sus centrales aunque las empresas privadas piden una prórroga, mientras que toda la UE y el Ejecutivo comunitario creen que esta energía -que consideran limpia- debe convivir con otras fuentes. El objetivo final es la descarbonización, todo lo contrario de lo que sigue sosteniendo el Gobierno. Una estrategia que quedó meridianamente demostrada en el último apagón, cuando el oficialismo negó en todo momento que el exceso de renovables generara el fallo del sistema energético.

7 de julio de 2025.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anuncia oficialmente que se baja de la carrera para presidir el Eurogrupo y reconoce que «no tenía garantizados los apoyos necesarios para llevar adelante su candidatura». Ni siquiera llegó a la votación final, como sí hicieron Luis de Guindos en 2015 y Nadia Calviño en 2020, aunque ellos tampoco fueron elegidos. El ganador fue el irlandés Paschal Donohoe, ya que el lituano Rimantas Sadzius también lo dejó antes de empezar el encuentro para certificar la elección. Con todo, pese a las buenas palabras que llegaron desde el Gobierno y la supuesta buena imagen europea del candidato, la realidad es que el ministro nunca tuvo opciones de ser elegido. Pese a las frenéticas gestiones de las últimas semanas, nadie realmente -ni en las grandes ni en las pequeñas economías- llegó a considerarle como un candidato realmente serio.

Presupuesto de la UE

7 de julio de 2025.- En un día negro para los intereses económicos de España en Europa, la Comisión Europea aprueba el quinto desembolso de fondos europeos Next Generation. En total, 22.926 millones de euros, el mayor volumen hasta la fecha, pero con la retención de más de 1.000 millones por no cumplir con dos de los hitos comprometidos: la modificación de la fiscalidad del diésel y la validación del compromiso relativo a la digitalización de entidades regionales y locales. Nadie duda de que España terminará recibiendo este montante, pero el aviso de Bruselas es importante ya que por primera vez se bloquean recursos. En el entorno comunitario se interpreta este movimiento como un aviso de que “no todo vale” en el plan trazado hace cuatro años y que España debe ser muy escrupulosa en su ejecución.

En las autoridades comunitarias no son ajenos a la gestión que está haciendo el Gobierno de estos recursos y hay preocupación por la lentitud de la ejecución y por la fiscalización de las ayudas en la recta final del Plan de Recuperación. Recordemos además que el Ejecutivo español es partidario de flexibilizar los plazos y su objetivo es poder seguir gastando estos recursos más allá de agosto de 2026, cuando expira la entrega de fondos.

16 de julio de 2025.- La Comisión Europea presenta su propuesta de presupuesto para el periodo 2028-2034 por valor de dos billones de euros. Un proyecto en el que España recibirá un 20% menos de fondos europeos para los programas de la Política Agraria Común (PAC) y fondos regionales de Cohesión. Además, una de sus principales novedades es que el gasto en Defensa se multiplica por cinco hasta los 131.000 millones, compatible con el plan que pretende que los estados miembro disparen hasta los 800.000 millones estas partidas a través de la flexibilidad de las reglas fiscales y de una herramienta conjunta de créditos. Una propuesta que en su conjunto está en las antípodas de la posición de España, que se niega a subir su gasto por encima del 2,1%.

Opa BBVA-Sabadell

Pedro Sánchez lleva varias semanas repitiendo que España no puede permitirse gastar el 5% de su PIB en Defensa sin comprometer el gasto social. En medio de la cumbre del organismo internacional del pasado 25 de junio, el Gobierno se quedó solo y -pese a que finalmente firmó el acuerdo- siguió insistiendo en que solo elevará su partida hasta el 2,1%. Una decisión que no solo le alejó de Estados Unidos (con Trump amenazando con duplicar los aranceles a nuestro país), sino también de socios relevantes como Alemania, Francia, Italia y el propio Ejecutivo comunitario.

17 de julio de 2025.- La Comisión Europea abría un procedimiento de infracción contra España por una incompatibilidad del derecho de la UE con varias leyes nacionales utilizadas para frenar la opa del BBVA al Sabadell e imponer condiciones adicionales. Este expediente podría concluir con una multa en caso de incumplimiento y con la posibilidad de que el caso se judicialice en el TJUE, si las explicaciones de España no son satisfactorias. El Gobierno tiene dos meses para responder aunque ya han dicho que nuestra legislación es compatible y que si hubiese un problema, éste se ha heredado del Ejecutivo del Partido Popular, que fue el que creó este marco legal intervencionista.

Lo que pone en duda Bruselas es el “interés general” que argumenta España para su intervención, que no está recogido en la norma comunitaria al menos en la forma que se ha utilizado. Esto no supone que se frenen las exigencias de que el BBVA no pueda fusionarse en tres años con Sabadell, pero sí que representa un duro correctivo, ya que la UE considera que Sánchez y su equipo se están extralimitando en la aplicación de determinadas normas para influir en operaciones empresariales amparadas en la libertad de empresa que consigna el derecho comunitario. Para la Comisión tampoco es ajeno el intervencionismo sistémico del Gobierno en el mundo corporativo, lo que puede ser un primer aviso para que se relajen otras normas como el escudo antiopas o la entrada en compañías estratégicas con ayudas de Estado.

Correctivos de Bruselas

Enmienda a la política energética; nulo peso internacional del ministro de Economía, Carlos Cuerpo; correctivo sobre los compromisos de los Next Generation; soledad de España en su posición sobre el gasto en Defensa; y expediente comunitario por intervenir en la opa del BBVA y el Sabadell. Y todo en menos de un mes. Unos correctivos que han tenido la guinda este viernes con duras críticas en el entorno comunitario al contrato del Gobierno español con Huawei para adjudicar escuchas telefónicas de inteligencia. La UE lleva años pidiendo desligarse de la empresa china y España ha desoído sistemáticamente sus advertencias. Se confirma así que la Comisión Europea se ha distanciado de España y además lo ha hecho en el peor momento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El 12 de junio se conocía el demoledor informe de la Unidad Operativa Central (UCO) señalando las presuntas mordidas que cobraron Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García en diferentes contratos de administraciones públicas. Unas investigaciones por las que el ex secretario de Organización del Partido Socialista ingresó en prisión el 1 de julio. Es difícil situar una causalidad entre los correctivos de Bruselas y el estallido de los casos de corrupción que aquejan a Sánchez, pero sí que es uno de los elementos que han apartado al presidente del Gobierno y a España del Olimpo comunitario y le ha llevado a perder el apoyo de la presidenta de la Comisión, Úrsula Von Der Leyen. Hasta hace no muy poco, era común ver al secretario general del PSOE y a la líder de la UE en actitudes cómplices, compartiendo confidencias y decisiones políticas y económicas dentro del club comunitario.

Una luna de miel institucional -entre Sánchez y Von der Leyen y entre España y la UE- que en entornos comunitarios todos dan por finalizada. De hecho, fuentes del Parlamento Europeo coinciden en señalar que el presidente del Gobierno español actualmente «ya no pinta nada» y prueba de ello son la serie de rapapolvos que han venido desde Bruselas en las últimas semanas en temas que además son capitales para intentar vender el ‘milagro económico español’. Y todo en momentos en los que los casos de corrupción cercan al Ejecutivo. Lo que está claro es que el Ejecutivo ya no tiene el peso de años anteriores cuando logró influir en políticas como el reparto de fondos Next Generation, en la política expansiva de gasto de la UE o incluso colocando a Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Desarrollo (BEI). Eran otros tiempos; los que muchos se atreven a prever que ya no volverán.

Futuro de Sánchez

No volverán al menos con Sánchez y es probable que el perjuicio sea permanente para España. El nuevo colegio de comisarios que empezó su mandato en diciembre busca distanciarse de influencias políticas y de determinados Gobiernos que -como el español- ya comienzan a ser duramente cuestionados en la prensa internacional. Von der Leyen es conservadora y a muchos de sus miembros de partido (incluyendo al PP de Alberto Núñez Feijóo) no les sentó nada bien su complicidad con políticos de izquierdas como el español. Por otro lado, en Bruselas dan al presidente por amortizado y nadie quiere vincularse -ni menos la cúpula de la Comisión- con un mandatario señalado y acosado por casos de corrupción a todos los niveles y en todo su entorno. Su paulatina soledad (y la de sus ministros) en las reuniones comunitarias no es casualidad, y un buen ejemplo en su aislamiento en la lucha contra el gasto en Defensa o sus escasos apoyos en su intento de que la UE deje de comerciar con Israel.

Y este aislamiento se ha trasladado a la gestión económica. No solo son los correctivos recientes sino que los que vendrán. En el caso energético está claro que el hecho de que Europa vaya en una dirección diferente afectará a España, y en cuanto a los fondos europeos, no está claro si la Comisión vaya a aceptar que gastemos los Next Generation fuera de plazo, cuando quedan más de dos tercios de estos recursos todavía por asignar. Por otro lado, España es uno de los países con mayor volumen de deuda (unos 1,67 billones de euros) que en parte ha sido controlada por el alza del PIB, pero cada vez son más claras las advertencias comunitarias de que hay que controlar el gasto público. Un control que está más difícil ya que en 2026 probablemente tampoco habrá ajustes dada la posibilidad real de que cerremos otro curso sin Presupuestos Generales del Estado (PGE).

A todo esto hay que sumar la percepción cada vez más comentada en la Comisión de que la economía española da síntomas de agotamiento con una productividad a la baja, unas elevadas tasas de desempleo crónicas, un PIB dopado por el gasto público y unos fondos UE que se agotarán en 2026. Desde luego no pinta bien, y en la UE lo saben. Y los nuevos comisarios -pese a Teresa Ribera- no tendrán dudas en advertir a España si es necesario. Sánchez ha perdido sus apoyos comunitarios en el peor momento. Y el camino que le queda de legislatura será largo… también en Bruselas.