El pulso entre España y la UE por el tabaco abre la puerta a una batalla legal en Luxemburgo
Seis Estados miembros emitieron dictámenes contra el RD por considerar que algunas medidas no están justificadas
Mónica García, ministra de Sanidad. | EP.
El arranque del nuevo curso político en el Ministerio de Sanidad viene cargado de reformas de calado: desde la actualización del Estatuto Marco del personal sanitario hasta la nueva Ley del Medicamento, la norma para reducir el consumo de alcohol en menores y la esperada reforma de la Ley del Tabaco. A ello se suma un Real Decreto que endurece de manera significativa la regulación de los productos del tabaco y, especialmente, de las alternativas como el vapeo o las bolsitas de nicotina, convertido ya en uno de los principales quebraderos de cabeza para el equipo de Mónica García, que incluso podría acabar en una batalla legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En este contexto, el borrador del nuevo Real Decreto 579/2017, que quiere restringir la presencia de sabores en los cigarrillos electrónicos y pretende limitar la concentración de nicotina en las bolsas de nicotina a 0,99 miligramos, fue enviado a Europa esta primavera. A la luz de ese estándar, seis Estados miembros —entre ellos Suecia, Italia, Chequia, Rumanía, Grecia y Hungría— emitieron dictámenes motivados contra el proyecto español por considerar que algunas medidas podrían no estar suficientemente justificadas o chocar con la libre circulación de productos dentro de la UE.
Además, Croacia y la Comisión añadieron observaciones, lo que prorrogó el standstill hasta el 28 de julio (informe ‘TRIS 2025/0044/ES — Dictámenes y prórroga’). La crítica se repite, con matices: fijar 0,99 mg por bolsita equivale a una prohibición de facto porque expulsa del mercado productos que en otros Estados se venden con 12–20 mg por unidad; y un veto general de sabores no superaría el test de proporcionalidad si no se demuestra que no bastan herramientas menos intrusivas.
Desde España, la CNMC también compartió sus dudas con respecto al Decreto del tabaco de Mónica García. Comparte el fin de proteger a menores, pero detecta déficits en la memoria justificativa: pide evidencia científica adicional para un veto total de sabores y para el 0,99 mg. Además, sugiere valorar si algunas restricciones requieren rango de ley por su impacto, y reclama periodos transitorios que permitan adaptar fórmulas y envases sin destruir tejido productivo.
Postura inflexible de Sanidad
El Gobierno español respondió oficialmente el 22 de julio a Bruselas a través del sistema TRIS (procedimiento europeo que revisa si las nuevas leyes nacionales respetan el mercado interior de la UE), defendiendo que el decreto no crea barreras comerciales injustificadas, sino que busca proteger la salud pública en línea con la jurisprudencia del TJUE y los objetivos del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo. Entre otros argumentos, España sostiene que: la prohibición de sabores responde al riesgo de atracción entre menores, la limitación de nicotina en las bolsitas tipo pouch busca garantizar un uso más seguro y la equiparación entre vapeo, tabaco calentado y cigarrillo convencional ya tiene precedentes regulatorios en otros países de la UE.
De esta forma, la respuesta enviada por el Gobierno español a finales de julio no introdujo cambios ni señales de ajuste, lo que ha reforzado la percepción de que no hay margen para el diálogo. Normalmente, los Estados miembros adaptan las medidas
propuestas tras recibir comentarios de sus socios de la UE y de la Comisión. Por ello, debido a la insistencia del Ministerio de Sanidad en mantener una postura inflexible pese a las preocupaciones expresadas por otros países, la Comisión ha expresado preocupaciones de forma directa.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE por fuentes de máxima solvencia, Sandra Gallina, directora general de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) de la Comisión Europea, ha enviado una carta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para advertirle que algunas de las restricciones planteadas en el Real Decreto están «tan deficientemente diseñadas que podrían resultar contraproducentes para la salud pública». Un ejemplo mencionado es la propuesta de limitar los ingredientes peligrosos en los vapers únicamente a aquellos ya incluidos en una lista química de la UE, lo que podría permitir que sustancias igualmente dañinas pero no listadas escapen al control regulatorio.
Pese a ello, el Ministerio de Sanidad no ha mostrado voluntad de incorporar estas recomendaciones, lo que aumenta el riesgo de conflicto jurídico a nivel europeo. El asunto está ahora en manos de la Comisión, que tiene tres meses para solicitar a España que modifique el texto o enfrentarse a la posibilidad de que los Estados miembros desafíen a Madrid ante los tribunales. «Este procedimiento legal obligaría a pausar cualquier revisión de las directivas europeas sobre tabaco que aborden los temas mencionados en el Real Decreto a nivel europeo, hasta que haya una resolución judicial», explican las fuentes consultadas, que aseguran que si «España no está dispuesta a negociar, cualquier estado miembro de la UE puede y tomará acciones legales contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
A medida que aumentan las tensiones, la disputa pone de relieve el delicado equilibrio entre la política nacional de salud
y las libertades fundamentales del mercado de la UE, con la postura de España preparando el terreno para un posible enfrentamiento legal en Luxemburgo.