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Economía

La industria del plástico agoniza dos años después de la aprobación de la ley de envases

La normativa entró en vigor en España en 2023, tres años antes de que sea obligatoria en el resto de países europeos

La industria del plástico agoniza dos años después de la aprobación de la ley de envases

Envases de plástico. | Europa Press

El Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables entró en vigor en España el 1 de enero de 2023. Una medida que ha provocado todo un caos en la industria del plástico y en otros sectores relacionados como la distribución ante la complejidad de su aplicación, tal y como contamos en THE OBJECTIVE. Dos años después, el sector lamenta la posición de desventaja de la industria española con respecto al resto de sus socios europeos. España es el único Estado miembro que ha aplicado el impuesto a los envases plásticos no reutilizables, que será de obligado cumplimiento en el resto de países a partir de 2026.

Este gravamen, lejos de favorecer la sostenibilidad, ha generado -según el sector- «inseguridad jurídica y costes desproporcionados, además de dificultar aún más la competitividad de la industria española en Europa y en el mundo», destaca la Anaip (Asociación Española de Industriales de Plásticos). Desde la entrada en vigor de la Ley de Residuos y el anuncio del impuesto al plástico, las importaciones de transformados plásticos han aumentado en más de 1.000 millones de euros, desplazando a la producción nacional, según Anaip.

Por otro lado, en 2023 la facturación en España de estas empresas cayó en más de 2.000 millones de euros (un 10% del total) respecto al año anterior. Unos datos que, a juicio de la asociación, «hablan por sí solos» y demuestran el complejo momento que atraviesa la industria. Según sus cálculos, el 40% de las empresas ha tenido que afrontar más de 50.000 euros en costes informáticos y burocráticos asociados al impuesto, y el 69% prevé pagar más de 30.000 euros adicionales en el ejercicio fiscal de 2025.

Desconocimiento y descontrol

Además, según los datos de la Anaip, el 70% de las empresas del sector e importadores no tiene claro si sus productos están sujetos al impuesto y tienen muchas dificultades en estimar su cuantía, lo que les genera inseguridad. Un desconocimiento que ha acompañado desde el principio a este nuevo impuesto. Desde que entró en vigor ha sido «bastante complicado declarar las operaciones y sobre todo el trabajo que están teniendo que hacer las empresas», explica Rafael San Román, socio director de Stratesys, responsable de la gestión de esta iniciativa con los clientes. De hecho, en muchos casos «van a tener que pagar mucho menos a Hacienda del coste de preparación del impuesto», añade a THE OBJECTIVE.

«Muchas empresas no saben ni cómo empezar», asegura el socio de Stratesys. «Más del 80% no lo tienen automatizado como obliga la ley, y una parte muy importante no son conscientes que tienen que presentar el impuesto». Estos datos reflejan, tal y como señalan desde la asociación de plásticos, «una presión insostenible sobre un tejido industrial nacional formado en un 98% por pymes, que no disponen de recursos suficientes para afrontar cargas burocráticas y fiscales de tal magnitud».

Por tanto, explican, lejos de conseguir ser menos contaminantes, el Gobierno está «favoreciendo la entrada de productos importados de terceros países que no cumplen las mismas exigencias regulatorias ni de sostenibilidad que en Europa, lo que resta competitividad a la industria nacional». Además, añaden, «la falta de control en aduanas permite la entrada de materiales reciclados y productos con contenido en reciclado con certificados de validez dudosa, lo que genera aún más presión».

Al borde del colapso en Europa

Una situación que no es mejor en el resto de Europa. De hecho, la Asociación Europea de Transformadores de Plásticos, junto con 28 organizaciones europeas, ha alertado -en una carta dirigida a las instituciones comunitarias- de la complicada situación de la industria. En la misiva aseguran que están al borde del colapso debido al impacto de las medidas, impulsadas desde las instituciones europeas y desde algunos Estados miembros.

Unas medidas medioambientales que han provocado «una pérdida de competitividad que amenaza la supervivencia de miles de empresas y empleos en toda Europa». Además, destacan que la crisis de este sector afecta directamente a la autonomía estratégica de la Unión, puesto que los productos plásticos se encuentran en innumerables aplicaciones diarias y en sectores tan fundamentales como la automoción, la sanidad, la agricultura, la construcción y la distribución.

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