Fedea denuncia que el Pacto de Toledo se ha convertido en una «subasta política»

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Instituto Santalucía, órgano de reflexión del grupo Santalucía, han publicado un informe con motivo del 30 aniversario de la aprobación del Pacto de Toledo en el que denuncian que este instrumento se ha convertido en una «subasta entre partidos para ver quien promete más a los pensionistas», sin que tales promesas estén acompañadas de cálculos «cuidadosos» de su coste y su previsible distribución, «esto es, de cuánto cuesta la fiesta y quién la paga».

El informe, elaborado por Miguel Ángel García Díaz, profesor colaborador de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado en Fedea, repasa el origen, desarrollo y situación actual de este mecanismo de consenso político y social sobre el sistema público de pensiones, «que marcó un antes y un después en la definición de la política social española».

Según recuerda García Díaz, el Pacto de Toledo «fue un acuerdo histórico que supuso renunciar a la búsqueda de réditos políticos de corto plazo en un asunto de Estado, apostando por la responsabilidad colectiva y la estabilidad del sistema público de pensiones».

Uno de los aspectos principales de este informe es el análisis de cómo, entre 1977 y 1995, la sociedad española realizó un gran esfuerzo para construir un sistema de pensiones de amplia cobertura y cómo las reformas aprobadas entre 1995 y 2013 prepararon al sistema para afrontar el progresivo envejecimiento de la población.

En esa etapa, las medidas adoptadas -como el aumento de la edad de jubilación a 67 años, la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de 8 a 25 años, y el incremento de 35 a 37 años para alcanzar el 100% de la base reguladora- «respondían a un enfoque de moderación del gasto y sostenibilidad a largo plazo, asumido con amplio consenso político y social», apunta el informe.

Del consenso tras la reforma de 2013 y especialmente desde el acuerdo de renovación del Pacto de Toledo de 2020, el estudio constata «un cambio estructural en su funcionamiento», que habría transformado su naturaleza inicial.

Según García Díaz, las recomendaciones aprobadas en 2020 no difieren en exceso de las iniciales de 1995. Pese «a una relación más que cuestionable de gastos considerados impropios dentro de las prestaciones contributivas», el informe afirma que su contenido mantiene el carácter genérico «y en algunos casos contradictorio de sus recomendaciones (apoyar transferencias del Estado para prestaciones contributivas es incoherente con el refuerzo de la contributividad del sistema)».

«Lo más importante ha sido el cambio del objetivo a conseguir que subyace en la voluntad de los firmantes, influido por el poder electoral de una población más envejecida que ha modificado el interés a corto plazo de los partidos políticos», denuncia.

Así, subraya el estudio, el núcleo de las recomendaciones de 2020 «se puede resumir en mantener la tasa de reposición más elevada de la Unión Europea (77,4% frente 44,5%), evitando endurecer los parámetros de acceso y cálculo de la prestación, y garantizar su poder adquisitivo mediante la actualización anual con el IPC».

«Esta decisión apoyada por todo el arco parlamentario en un escenario de rápido envejecimiento de la población por la llegada de la generación del ‘baby boom’ a la jubilación y el aumento de la esperanza de vida implica un fuerte aumento del gasto que ascenderá como mínimo a 3,5 puntos adicionales de PIB en 2050. Este elevado coste tendrá que asumirlo las siguientes generaciones, reduciendo su renta disponible a través de más cotizaciones, más impuestos y/o más deuda pública. La decisión, por tanto, tiene consecuencias redistributivas severas a favor de una generación y en contra de las siguientes», sostiene García Díaz.

Recuperar el «espíritu fundacional» del pacto

A su juicio, algunas de las definiciones iniciales del Pacto de Toledo «han perdido el sentido que les dieron los redactores y avalistas iniciales como consecuencia de una interpretación laxa de algunos conceptos». Un ejemplo de ello, apunta, es la dilución del acuerdo de que las prestaciones contributivas se financiarían básicamente con cotizaciones sociales.

«El actual sistema de pensiones ha perdido una parte no pequeña de su contributividad por dos motivos: las transferencias y el préstamo del Estado al componente contributivo de pensiones suponen el 27% de los ingresos, y la parte de las cotizaciones no tenida en cuenta para el cálculo de la pensión es cada vez mayor» (diferencia entre la base máxima y pensión máxima y la nueva cuota de solidaridad).

«En mi opinión, esta estructura de financiación no estaba en el espíritu de la redacción inicial del Pacto de Toledo, en especial, por el amplio margen de discrecionalidad en la evolución del gasto que se ha introducido en años recientes», asegura.

Así, según el autor del informe, el Pacto habría pasado de ser un espacio de responsabilidad intergeneracional a convertirse en un instrumento de políticas más expansivas, «financiadas con deuda y subidas de cotizaciones e impuestos, que benefician principalmente a las generaciones actuales en detrimento de las futuras».

«Este giro supone un quebranto del equilibrio intergeneracional que inspiró el Pacto original y que durante décadas permitió adoptar reformas difíciles sin fracturar el consenso social», denuncia García Díaz. En su opinión, «las últimas decisiones del Pacto de Toledo evidencian la pérdida de utilidad de un instrumento que, en origen, nació para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar su utilización partidista».

«Parece haberse convertido en una suerte de subasta política en la que se compite por ofrecer más a los pensionistas sin una evaluación rigurosa de los costes ni de su distribución intergeneracional», insiste.

El estudio hace un llamamiento a recuperar el espíritu fundacional del Pacto de Toledo, «basado en el diálogo, el rigor técnico y la corresponsabilidad política», para afrontar los retos de sostenibilidad y equidad de un sistema de pensiones «que sigue siendo el pilar fundamental del Estado del Bienestar en España».

«La reflexión que plantea este informe es clave para entender que el futuro del sistema de pensiones no depende sólo de decisiones coyunturales, sino de mantener vivo el espíritu de consenso, análisis y responsabilidad que dio origen al Pacto de Toledo. Sólo desde el diálogo y la evidencia podremos garantizar su sostenibilidad y su capacidad de proteger a las próximas generaciones», ha subrayado José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía.