Bruselas fuerza a Sánchez a que desconecte de Huawei: «Se ha quedado solo»

29 de marzo de 2022.- El Gobierno promulga por sorpresa la ley de ciberseguridad 5G para constituir una infraestructura digital de telecomunicaciones con suministradores de países aliados y «garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación». Con la presión de la invasión rusa a Ucrania que había comenzado pocas semanas antes y tomando como referencia el marco regulatorio planteado por Bruselas, se anunciaba la creación de una lista de proveedores de «alto riesgo» para vetar a suministradores de países ajenos a la Unión Europea y a la OTAN que tuviesen clara influencia en la gestión operativa de estas compañías. La idea era excluirlos de los componentes que gestionaban la información más sensible de los usuarios y de sitios críticos relacionados con defensa, seguridad o transportes.

Al leer la norma quedaba meridianamente claro que estaba redactada para vetar a Huawei y ZTE, claramente bajo el control de Pekín, que por entonces comenzaba a apoyar económicamente a Moscú. Precisamente, la sensación que había por esas fechas en los miembros del propio Gobierno y del entonces Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño era que cuando se publicara la lista —seis meses después de la promulgación de la ley— el veto a los suministradores chinos sería un hecho. Y así se transmitió en privado al sector. En julio de ese mismo año, el director general de Telecomunicaciones, Arturo Azcorra, confirmó que este listado estaría sobre la mesa como tarde a finales de 2022 o comienzos de 2023. Y lo dijo en en el evento anual de la patronal de las telecomunicaciones, DigitalES, bajo la atenta mirada de Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil.

27 de febrero de 2023.- Todo comienza a cambiar. En pleno Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, Nadia Calviño da a entender que ya la lista ya no era estrictamente necesaria. En una breve intervención pública dijo que establecer un listado concreto de proveedores de «alto riesgo» no revestía prioridad ya que confiaba en el efecto disuasorio de la ley de ciberseguridad 5G en las telecos que, a su juicio, ya integraban las directrices en su toma de decisiones. Lo que venía a decir era que las operadoras de redes móviles estaban sustituyendo de manera voluntaria sus equipos para excluir a Huawei. La responsable del Gobierno no lo dijo, pero tras estas palabras quedó la sensación de que la voluntad de quitar a proveedores chinos de la red manifestada solo un año antes se quedaba en nada.

El giro de Escrivá

23 de febrero de 2024.- En un nuevo giro de guion, el recientemente nombrado ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, confirmaba que ya no se pondría en marcha la lista de proveedores de alto riesgo y que se analizaría caso a caso los eventuales conflictos de seguridad con los suministradores. Lo hizo en un evento de presentación ante todo el sector (llevaba noventa días en el cargo) en el que dejó claro que un eventual veto a Huawei y ZTE se descartaba completamente. Y lo hacía pese a que en los anteriores seis meses —desde verano de 2023— la Comisión Europea volvía a intensificar las presiones para expulsar a los fabricantes chinos de las redes comunitarias con la petición expresa a los Estados miembros de que redujesen su dependencia comercial del gigante asiático.

Las palabras de Escrivá se producían cuatro días después de la reunión en La Moncloa de Pedro Sánchez con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Wang Yi. Y los acercamientos continuaban una semana después en el Mobile de Barcelona, donde el Gobierno volvía a hacer una visita institucional después de un lustro al stand de Huawei en la feria. La entonces secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González Veracruz, mantuvo un distendido encuentro con Eric Li, CEO de Huawei España, y con Wei Anfeng, su homólogo de ZTE. Reuniones que se interpretaron como un espaldarazo institucional tras las dudas y los mensajes que se enviaron a propósito de la publicación de la ley de ciberseguridad 5G.

5 de marzo de 2025.- Los grandes fabricantes chinos de tecnología se convertían en los protagonistas del Mobile 2025, la normalización institucional definitiva para las empresas del país asiático a las que España ya no cuestionaba, pese a las constantes advertencias de Europa. Alibaba Cloud y China Unicom asistieron por primera vez a la feria, al mismo tiempo que el rey Felipe VI lideró la visita oficial que ahora sí incluía a Huawei, ZTE y Honor. Un movimiento que respondía al interés del Gobierno de escenificar la fortaleza de las relaciones con China. Pocos meses antes, la UE estableció aranceles a los coches de este país por considerar que vulneraban las normas de la competencia y las Ayudas de Estado, al mismo tiempo que España abría las puertas a montar sus vehículos dentro de nuestras fronteras, precisamente para saltarse estos aranceles.

Sánchez y Huawei

En los tres años que pasaron entre la promulgación de la ley de ciberseguridad 5G y este baño de masas de las empresas chinas en el Mobile de Barcelona, las relaciones entre Madrid y Pekín no hicieron más que intensificarse con sendas visitas oficiales de Sánchez, encuentros con sus dirigentes en España y la firma de un serie de acuerdos de entendimiento para reforzar el comercio con el gigante asiático. Antes de este verano, THE OBJECTIVE comenzó a destapar la serie de contratos con Huawei que vulneraban la soberanía estratégica e independencia estratégica exigida por Bruselas. Ahí se desveló que el Ministerio del Interior lleva años contratando al suministrador para que custodie las escuchas judiciales de la Policía y que también gestionaban los datos de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, por nombrar solo los más relevantes. Este periódico ha publicado que el fabricante lleva casi una década influyendo en el Ejecutivo para tener contratos, acercarse al rey y, por supuesto, evitar que se vetaran sus redes en las operadoras españolas de telecomunicaciones. Todo ello a través de intermediarios, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de su entorno de lobistas.

El Gobierno se ha ganado a pulso durante más de un lustro ser el caballo de Troya de China en Occidente, algo que preocupa desde hace años a Washington y Bruselas. Este mismo verano, la Unión Europea ha vuelto a mover ficha. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, comienza a liderar la campaña para que los Estados miembros apliquen el toolbox —conjunto de normas para garantizar la seguridad de las redes 5G— y bloqueen de una vez por todas la participación de estos suministradores chinos. La Comisión lleva al menos seis meses trabajando en fórmulas vinculantes para obligar a (no recomendar) que estas normas se cumplan. Y pretenden hacerlo oficial en la revisión del Reglamento sobre la Ciberseguridad que debería terminar a primeros de 2026.

«Necesitamos reducir los riesgos del 5G porque actualmente el 42% de los europeos que utilizan 5G provienen de proveedores de alto riesgo; solo 12 Estados miembros han impuesto a los proveedores obligaciones de reducción de riesgos. Y se necesitan más medidas en este sentido, porque no se lo han tomado en serio… Es un tema en el que debemos tomar más medidas», dijo en julio. España es uno de esos países que no han tomado medidas reales de bloqueo: sin la presión gubernamental, las telecos locales siguen manteniendo un 30% de sus infraestructuras en manos de Huawei. Una prueba de que la afirmación de Calviño en 2023 diciendo que los vetos no eran necesarios fue demasiado precipitada.

Presiones de la UE

Desde el comienzo de este curso las presiones de la Comisión Europea sobre todos los países —incluida España— han ido en aumento. La mayoría de las grandes economías han comenzado a responder. Francia ha obligado a Huawei a desmontar fábricas que ya estaban a punto de ponerse en marcha dentro de su territorio, mientras que el canciller germano, Friedrich Merz, ha dicho públicamente que es necesario vetar a los suministradores chinos. Alemania también prepara una nueva ley para acelerar esta salida, prepara ayudas para que las telecos puedan sustituir sus equipos y ha anunciado que tampoco estará en el futuro 6G. Otro de los países que actúan es Suecia, y se esperan movimientos en la decena de países que aún usan infraestructuras chinas. Todos, menos España.

Esta semana se ha conocido la respuesta a una pregunta parlamentaria del Partido Popular Europeo (PPE) en la que la Comisión Europea recordó que el contrato del Ministerio del Interior español con Huawei por las escuchas telefónicas «tiene el potencial de generar una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera». También confirmaron que examinarán la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sus infraestructuras en la próxima revisión del Reglamento sobre la Ciberseguridad «a fin de evitar dependencias críticas de proveedores de alto riesgo y reducir el riesgo en nuestras cadenas de suministro de TIC». El plan ya no pasa solo por vetar las redes de 5G, sino todas las infraestructuras digitales, incluyendo las fijas como la fibra óptica, la nube y los centros de datos.

Por otro lado, esta Opa hostil ha podido saber que la Comisión Europea lleva meses presionando al Gobierno (por tierra, mar y aire) de forma que haga algún movimiento concreto para apartar a Huawei y a los suministradores chinos. Consideran que Madrid es la última gran economía del continente que se resiste, y que su inacción podría generar un importante desbarajuste en la unidad comunitaria. Fuentes de Bruselas recuerdan que Sánchez «se ha quedado solo» y que no puede mantenerse como el único defensor de un país —y unas empresas— que presentan un riesgo para la seguridad y la soberanía. Ya no hablamos de contratos de telecomunicaciones solamente, sino de la protección de las fronteras, las infraestructuras y los ciudadanos.

Moncloa y Huawei

El problema es el que el Gobierno, representado en este caso por el Ministerio de Transformación Digital de Óscar López, no hace caso de estas advertencias, una situación en la que el Ejecutivo está dividido. Por un lado, hay quienes prefieren establecer un plan seguro y fiable para comenzar a desconectar de Huawei, con plazos realistas y un calendario de sustitución de equipos. Creen que la clave es hacer un gesto en la línea de una norma que podría ser de obligado cumplimiento en pocos meses. Incluso hay quien pide que en este proyecto se incluyan ayudas públicas a las telecos para que —al igual que en Alemania— puedan hacer las inversiones necesarias para apartar al fabricante chino: un remanente de los fondos europeos Next Generation que no se han gastado y que podría justificarse como gasto en ciberseguridad, e incluso como una partida de Defensa para cumplir con los objetivos de la OTAN.

No obstante, desde Moncloa la orden es no mover ficha y esperar a ver cómo avanza la normativa en Bruselas. No quieren perjudicar, hasta que sea absolutamente imprescindible, la relación privilegiada que cultivan con China y prefieren mantener la equidistancia hasta cuando sea posible. Aunque la posición podría variar según avancen los acontecimientos, según el entorno oficial. El problema es que los acontecimientos se precipitan y —como se dice en la UE— el hecho de que España se haya quedado sola en su defensa de Huawei le deja sin una red de seguridad para cuando se haga efectivo el veto que Bruselas quiere que sea permanente. No hay duda de que el tiempo juega en contra de Sánchez y parece difícil que esta vez pueda librarse de tomar medidas contrarias a los intereses de Pekín.