Caos en los contratos públicos: miles de actas e informes 'perdidos' hacen imposible su control
Las Administraciones no publican en formato abierto los miembros que componen las mesas de contratación
María Jesús Montero, ministra de Hacienda. | Ilustración de Alejandra Svriz
La contratación pública en España opera en un escenario de descontrol, burocracia y discrecionalidad que ni la propia Administración es capaz de vigilar. Un reciente informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, revela un sistema fragmentado, con más de 26.000 adjudicadores activos, expedientes incompletos y mesas de contratación cuya composición no se publica de forma que pueda analizarse.
El resultado es un modelo de contratación que deja decisiones clave sin el rastro documental que exige la gestión del gasto público. Uno de los problemas más llamativos es la falta de informes, actas y pliegos. El trabajo analiza 494 reclamaciones, que son los casos en los que ciudadanos o empresas acudieron a los órganos de transparencia en busca de información. De estos expedientes escrutados, en 232 casos —el 46,26%— faltaban actas de mesa, informes de valoración o documentación esencial.
A partir de esa proporción puede estimarse la magnitud real del problema. Si ese patrón se proyecta sobre un sistema con un volumen anual de 177.668 contratos adjudicados, es evidente que miles de expedientes presentan deficiencias, irregularidades y opacidad.
Contratos sin control
Esta falta de documentos no solo dificulta controles posteriores, sino que abre espacios en los que decisiones relevantes quedan sin explicación verificable. El problema quedó patente durante la pandemia, con contratos de emergencia adjudicados sin concurrencia y con documentación mínima. Aquel periodo excepcional mostró cómo la ausencia de información completa facilita adjudicaciones cuestionables y complica cualquier revisión posterior. El informe de la OIReScon sugiere que ese déficit no se ha corregido.
A ello se suma otro punto ciego del procedimiento: las mesas de contratación. Según la Oirescon, ninguna plataforma pública —ni estatal, ni autonómica, ni local— publica en formato abierto y reutilizable la composición de estas mesas. Son los órganos que valoran ofertas y proponen adjudicatarios, pero el sistema no permite conocer de forma estructurada quién participa, cuántas veces repiten sus miembros ni en qué contratos intervienen. La falta de datos impide detectar repeticiones sospechosas o posibles conflictos de interés.
Este déficit informativo alcanza también a las modificaciones contractuales, identificadas por la Oirescon como uno de los puntos de mayor riesgo. Cambios de precio, ampliaciones de plazo o ajustes técnicos deberían publicarse de forma detallada para que puedan revisarse. Sin embargo, su difusión es irregular y su análisis prácticamente imposible, lo que dificulta conocer la evolución real de un contrato desde su adjudicación hasta su ejecución final.
Más de 26.000 adjudicadores
La atomización del sistema tampoco ayuda. Cada uno de los más de 26.000 adjudicadores funciona con su propio nivel de profesionalización, sus rutinas y su interpretación de las obligaciones de transparencia. El informe identifica 61 tipos de información sujetos a publicidad activa en la normativa estatal y autonómica, pero ninguno coincide en todo el país. La consecuencia es un mosaico imposible de armonizar, en el que la información disponible depende del territorio, del organismo y, en muchos casos, de la voluntad de cada unidad administrativa.
El incumplimiento de la obligación de publicar la programación anual de contratos es otro síntoma. El 95,38% de los adjudicadores no hizo pública esa planificación en 2024, pese a que la ley exige anticipar qué obras, servicios o suministros se prevén licitar. Sin esa previsión, la actividad contractual se vuelve imprevisible para ciudadanos y empresas, y la administración opera sin un calendario claro que permita ordenar el gasto o supervisar posibles desviaciones.
Contratos a dedo
A este contexto se suman los datos disponibles sobre los procedimientos sin publicidad previa, una vía legal, catalogada como excepcional, pero que concentra buena parte de las alertas de irregularidad. En lo que va de 2025, las administraciones españolas han adjudicado más de 15.000 contratos mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Estos sumaron un importe de 7.900 millones de euros, según análisis de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Este tipo de adjudicación no es necesariamente irregular, pero sí reduce la competencia y limita el control público.
La suma de todos estos puntos muertos —documentos que no aparecen, mesas sin identificar, modificaciones sin publicar, miles de adjudicadores y obligaciones distintas según el territorio— muestra que la contratación pública no opera bajo un control efectivo. No por falta de leyes, sino por falta de ejecución rigurosa y de un estándar común que obligue a publicar los mismos datos de la misma forma.