El Ibex paraliza sus inversiones por el caos regulatorio y prepara el cambio de ciclo político

12 de julio de 2022.- Pedro Sánchez anuncia en el Congreso de los Diputados un nuevo impuesto a las energéticas y a la banca por sus «beneficios extraordinarios» derivados de la subida de los precios de la energía y de las tasas de interés. Una tormenta perfecta que amenazaba la tímida recuperación registrada tras la pandemia. El presidente del Gobierno culminaba meses de ataques directos contra las grandes empresas del Ibex 35 a las que acusaba de enriquecerse a costa de los que peor lo estaban pasando. El plan era recaudar 7.000 millones en dos años de gigantes como Iberdrola, Repsol, Endesa, Naturgy, el Banco Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell. «No vamos a consentir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de pocos», justificó al explicar el sentido del nuevo gravamen.

29 de julio de 2022.- Sánchez eleva (aún más) el tono y termina de dinamitar los puentes con los grandes empresarios. «Si la señora Botín y el señor Galán protestan es que vamos en la buena dirección», dijo en un acto público en referencia a la presidenta del Banco Santander y al presidente de Iberdrola, que protestaron públicamente por este nuevo impuesto que consideraban altamente nocivo para el sector. Sánchez se refería con nombre y apellido a líderes del Ibex 35 para dejar en claro que su hostigamiento y las presión a las empresas iba para largo. Atrás quedaban las reuniones de comienzos de curso en las que todos juntos iban a ayudar a España a salir de la crisis para reconstruir la economía. Y se abría una nueva etapa de confrontación que ganaba en intensidad a medida que el Gobierno elevaba el tono de su populismo económico. Ya no eran solo Sumar o Podemos, era el PSOE y el propio presidente del Ejecutivo el que pedía «justicia social» a los líderes del sector.

1 de marzo de 2023.- Ferrovial anuncia que cambia su sede social (que no fiscal) a Países Bajos para dar el salto al mercado bursátil de Estados Unidos (EEUU). Y el Gobierno sale en tromba a criticar su decisión. Conocedores del descontento de las corporaciones, en el Ejecutivo saltaron todas las alarmas ante una eventual fuga del Ibex. Una situación que provocó una sobrerreacción y el señalamiento de la constructora y de sus dueños, la familia Del Pino. Se les acusó de desleales, de querer pagar menos impuestos y de enriquecerse con contratos públicos. «No resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país», llegaron a decir en Moncloa en una ofensiva liderada por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. El objetivo era claro: acosar a Ferrovial para generar un efecto disuasorio.

Puentes rotos

7 de mayo de 2025.- Pedro Sánchez vuelve a dirigirse a los empresarios del Ibex tras sus críticas de finales de la anterior legislatura. Una semana después del gran apagón que dejó a toda España sin electricidad, continuaba con su campaña para culpar a las eléctricas del fallo del sistema. El presidente del Gobierno indicó en el Congreso que si el sector quería prolongar la vida de las nucleares (uno de los factores por lo que el sistema falló) deberían pagarlo los presidentes «ultrarricos» de las principales compañías energéticas con actividad en esas centrales. Casi desde el comienzo de la crisis, apuntaron a las eléctricas privadas, como Iberdrola y Endesa, con la acusación de no haber respondido adecuadamente a la crisis. Un nuevo choque directo que todavía enfrenta a las energéticas con el Ejecutivo.

Cuatro hechos nada casuales que demuestran que los puentes entre el Ibex 35 y el Gobierno se rompieron durante el final de la pasada legislatura y que, tres años después, no se han vuelto a reconstruir. Y lo peor es que en ningún momento ha existido una voluntad real de Sánchez para recuperar la interlocución. Al contrario, las críticas continúan y la legislación sigue endureciéndose. «El Gobierno está a otra cosa, intentando sobrevivir y buscando el apoyo de los independentistas para salvar la legislatura», dice un directivo a este diario. Lo que supone -agrega- que los empresarios, la gran empresa y la economía estén en un absoluto segundo plano. «Solo nos utiliza como moneda de cambio con sus socios de izquierda para coquetear con medidas económicas populistas que le ayuden a seguir en La Moncloa», agrega otro alto cargo del selectivo.

El problema es que la parálisis parlamentaria, el aparente divorcio con Junts, las dudas de ERC y Bildu y la estrategia de derribo de Podemos hace que exista un bloqueo parlamentario que solo se podría salvar con políticas extremistas. Y el Ibex es el mejor trofeo de caza que el PSOE puede ofrecer a sus socios. Sánchez ya anunció esta semana una batería de medidas para recuperar la confianza de la formación de Carles Puigdemont -muchas de ellas económicas- y no es descabellado pensar que se esté trabajando en más normas populistas de carácter social para contentar a sus apoyos más radicales. Las subidas de impuestos a las grandes empresas y a los ricos son una reivindicación histórica del partido de Yolanda Díaz y del de Ione Belarra. De hecho, la ministra de Trabajo pidió hace pocos días imponer la tasa Zucman en toda la UE, que supondría  aplicar una tasa mínima del 2% a los patrimonios superiores a los 100 millones.

Marco regulatorio

Pero el gran problema -según el Ibex- no es (solo) la parálisis parlamentaria como caldo de cultivo para medidas más extremistas. El drama es la incertidumbre regulatoria en la mayoría de los sectores estratégicos. Y en este punto, el sector de la energía es clave. El apagón del 28 de abril fue el punto de inflexión para una planificación energética que no respondió a la demanda real, por lo que -además de pedir que se prolongue la vida de las nucleares-, las empresas demandan precios más bajos, leyes favorables a la inversión y unas retribuciones acorde con el mercado. Hay una larga lista de corporaciones extranjeras que intentan instalarse en España, pero la saturación de las redes eléctricas, además de un cuestionable reparto de capacidad energética en cada territorio, hace que todo esté en el aire. Para desatascar este puzzle, los movimientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Ministerio de Transición Ecológica son claves.

Otro sector con problemas es el de las telecomunicaciones, en el que los principales actores son Telefónica, MasOrange y Vodafone. Han invertido 22.000 millones de euros en redes en los últimos cinco años, pero un mercado ultrafragmentado les ha impedido rentabilizar su despliegue de redes. Una situación que lleva al sector a arrastrar pérdidas y a sufrir para mejorar sus ingresos. En este contexto, el Gobierno acaba de publicar un decreto de resiliencia de las redes ante catástrofes que les podría costar entre 175 y 300 millones de euros, suficiente para echar por tierra todos sus esfuerzos de recortar costes y reducir inversiones para que cuadren sus cuentas. «Es una barbaridad asumir ese coste, no es viable», dice un directivo del sector. «Otro ejemplo de inseguridad jurídica», añade otro directivo.

Un tercer sector que se ve afectado por esta inseguridad es el de la construcción y las infraestructuras, también por la falta de un modelo regulatorio actualizado y que fomente la inversión. La patronal del sector, Seopan, lleva meses denunciando el abuso de los medios propios de la Administración (beneficiando a Tragsa e Ineco), la nula revisión de precios de la obra pública, la actualización de los modelos y la introducción de un contrato de reparto de riesgos. Advierten que por este marco obsoleto hay un 20% de las licitaciones que se quedan desiertas, y que se ha reducido considerablemente el volumen de inversión. Esta entidad representa a gigantes bursátiles como Abertis, OHLA, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial y Sacyr.

Inversiones del Ibex

Un cúmulo de situaciones que ha hecho que muchos gigantes del Ibex hayan pasado a la acción y ya estén congelando inversiones previstas para España. De momento no se cancelan proyectos, pero sí se han puesto en pausa a la espera de tener mayor certeza regulatoria o que se despeje el horizonte electoral. «Queremos un marco regulatorio que garantice la inversión durante los próximos cinco años, y hasta entonces priorizaremos algunos proyectos sobre otros en países donde tengamos esa tranquilidad y donde se den condiciones atractivas para la inversión», dice un miembro de la cúpula de una empresa del selectivo cuyo negocio depende en gran medida de la regulación. Un sentir que comparten muchos de los consultados y que también han tomado la decisión a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos.

La gran mayoría considera que pocas cosas van a cambiar mientras Sánchez esté en La Moncloa, ya que seguirán siendo utilizados como chivos expiatorios por el Gobierno. Por ello, muchos ya apuestan por resistir hasta que se produzca el cambio. Ya mueven ficha, y tienden puentes con el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. En los últimos meses han sido numerosos los acercamientos entre dirigentes del Ibex y los populares. La idea es transmitirle sus preocupaciones regulatorias para estar preparados y en primera línea cuando se produzca el cambio. Le piden además que no ceda ante los extremismos de Vox y que convierta la centralidad económica en su principal receta cuando llegue a La Moncloa.

Intervención pública

Sin embargo, muchos entienden que este camino puede ser largo y advierten de algunas interrogantes que van más allá de más presión regulatoria, más impuestos o más ataques. Una preocupación que tiene que ver con la endémica necesidad de Sánchez de querer influir y controlar el Ibex. Ya lo hizo cuando entró en Indra y en Telefónica, cuando atacó a Ferrovial y cuando bloqueó la opa del BBVA al Sabadell. Nadie duda de que si aparece una nueva oportunidad, volverá a hacerlo. Todo el selectivo está en máxima alerta para repeler cualquier intento gubernamental y público de entrar en sus empresas.

A favor de la defensa del Ibex juega que el Estado tiene poco margen de gasto con unos presupuestos prorrogados, por lo que a corto y medio plazo se hace casi imposible que se gaste 1.000 o 2.000 millones en adquirir alguna participación relevante en una compañía estratégica privada del selectivo. En contra, hay una clase política ávida de copar puestos en los consejos de administración de las grandes empresas. Con todo, un viejo directivo del sector que ha vivido muchos gobiernos recuerda que con un Sánchez a la desesperada y acosado por la agenda judicial, nunca hay que dar nada por supuesto.