El Tribunal de Cuentas alerta del descontrol de Puertos del Estado en la gestión de fondos UE
En 2024 solo se había ejecutado el 38% de lo recibido, con proyectos paralizados y reintegros ordenados por Bruselas
El Tribunal de Cuentos señala que las instrucciones que regulan la relación entre Puertos del Estado e Ineco no estaban formalizadas por escrito. | Europa Press
Puertos del Estado afrontó el cierre de 2024 con un balance inquietante en el despliegue de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), una situación que ha dejado patente el Tribunal de Cuentas en uno de sus últimos informes. En el trabajo, analizado por THE OBJECTIVE, el organismo fiscalizador alerta, entre otros asuntos, de descontrol y de ejecución críticamente baja y desigual, dependiendo de los puertos.
Estos fondos europeos tienen como objetivo transformar infraestructuras logísticas estratégicas y cumplir hitos comunitarios vinculados al acceso ferroviario, la intermodalidad y la sostenibilidad. La fiscalización cifra la ejecución global en 175,2 millones de euros sobre 456,1 millones asignados, es decir, solo el 38,41% del presupuesto materializado a 31 de diciembre de 2024, con un 61,6% del gasto elegible pendiente a un año y medio del límite europeo de junio de 2026.
Ese dato no refleja un retraso coyuntural, sino una capacidad de absorción insuficiente frente a un volumen extraordinario de recursos públicos. La baja ejecución media entre los Puertos del Estado oculta además un sistema a dos velocidades. La fiscalización identifica autoridades portuarias que han completado sus actuaciones, mientras que otras presentan avances ínfimos o nulos.
Ejecución desigual en los Puertos del Estado
Al cierre de 2024, tres entidades habían ejecutado la totalidad de sus proyectos, mientras que otras tres no superaban el 5%, y una no había iniciado ninguna actuación. El balance sitúa a Santander, Alicante, Ceuta y Gijón por encima del 90%, frente a Ferrol-San Cibrao, Vilagarcía de Arousa, Cartagena y Melilla, que se sitúan por debajo del 10% de fondos abonados respecto al importe asignado.
Desde una perspectiva europea, esa asimetría no es neutra. Si solo un grupo reducido de puertos logra transformar recursos en obra ejecutada mientras que otro permanece prácticamente paralizado, el riesgo no afecta solo a proyectos concretos, sino al cumplimiento agregado de los compromisos con Bruselas.
El Tribunal de Cuentas incorpora una advertencia implícita: aunque el sistema permite sustituir actuaciones entre puertos, la capacidad administrativa desigual puede comprometer la ejecución global del programa. La fiscalización también detalla el modelo de control y gobernanza.
Recomendaciones del Tribunal de Cuentas
Puertos del Estado no contrata directamente las obras, pero asume la responsabilidad de coordinar, supervisar y acreditar el gasto ante la Administración central y la Unión Europea. Para ello, se apoya intensamente en Ineco, medio propio nacional, que integra información, verifica gastos, controla avances y remite documentación al Ministerio de Transportes para el seguimiento de hitos y objetivos del PRTR.
El Tribunal de Cuentas señala que las instrucciones que regulan la relación entre Puertos del Estado e Ineco no estaban formalizadas por escrito, y recomienda hacerlo de manera expresa. En un sistema sometido a auditoría europea, la ausencia de normativa procedimental no es solo un detalle administrativo, sino una falta de garantías.
El informe también cita los reintegros ordenados por Bruselas. Durante la vigencia del PRTR, se produjeron devoluciones por 313.253 euros por errores en justificaciones o pérdida de elegibilidad. El caso más relevante afecta a la Autoridad Portuaria de La Coruña, que tuvo que devolver 186.526 euros por actuaciones excluidas del PRTR tras indicación de la Comisión Europea. El Tribunal es claro: «Esta eliminación se realizó por indicación de la auditoría llevada a cabo por la Comisión Europea sobre el hito 95».
El mayor proyecto, en La Coruña
Otro de los asuntos destacados por el Tribunal de Cuentas es el proyecto ferroviario del puerto exterior de La Coruña (Langosteira), el de mayor impacto presupuestario. A cierre de 2024, presentaba una ejecución del 33%, con 39,3 millones ejecutados sobre 118,7 millones previstos, condicionando el cumplimiento global de los hitos vinculados a accesibilidad y descarbonización.
Destaca también que el calendario europeo es claro. Las actuaciones deben estar finalizadas y certificadas antes del 30 de junio de 2026, independientemente de cambios de gobierno, presupuestos o capacidad administrativa local. Con más del 60% del presupuesto sin ejecutar en 2024 y fuertes asimetrías entre puertos, es evidente que habrá proyectos sin concluir cuando acabe el plazo.
El organismo fiscalizador no anticipa una pérdida automática de fondos, pero formula un diagnóstico estructural: el problema no reside en la disponibilidad de recursos, sino en la capacidad administrativa para ejecutarlos en tiempo y forma. La evidencia es sólida: baja ejecución media, ejecución ínfima en varios puertos, dependencia operativa de terceros, ausencia de procedimientos formalizados y correcciones desde Bruselas. España ha sido capaz de captar fondos, pero no de gestionarlos con la velocidad, trazabilidad y solvencia normativa exigidas por la Unión Europea.
En un programa que exigía transformar infraestructuras estratégicas con recursos extraordinarios, el informe del Tribunal de Cuentas apunta a una realidad incómoda: la economía pública española sigue teniendo límites estructurales para absorber fondos europeos en contextos de alta complejidad, bajo presión temporal y con exigencias regulatorias estrictas.