Yolanda Díaz pretende subir el salario mínimo saltándose el Estatuto de los Trabajadores

Fuentes económicas y jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE afirman que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planea llevar adelante una modificación del Estatuto de los Trabajadores por la puerta de atrás. Y todo para subir el próximo salario mínimo interprofesional sin tener en cuenta que la actualización del mismo va pareja a la absorción y a la compensación salarial, figuras legales del ordenamiento, y que permiten a las empresas neutralizar las subidas del salario mínimo o de los convenios mediante complementos salariales.

Eso significa —según reza el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores— que si el sueldo actual de un trabajador es mayor de lo que establece el convenio colectivo o el SMI, la empresa puede absorber la diferencia reduciendo los complementos salariales para no tener que aumentar la nómina, siempre y cuando el salario total en cómputo anual sea más favorable para el empleado. 

Si se limita a los empresarios su capacidad de absorción y de compensación —explica Jorge Puente, asesor en Derecho Laboral y socio director de Puente Legal Abogados SLP—, «no solo estás haciendo una modificación encubierta a través de un Real Decreto, cuando aquí estamos hablando de cambiar el Estatuto de los Trabajadores, que es una norma legal con rango de ley, donde se establecen los derechos y deberes fundamentales en las relaciones laborales, aprobada como un Real Decreto Legislativo. En el fondo, Yolanda Díaz está planteando una quiebra de la jerarquía normativa, porque lo que quiere la ministra no se puede hacer a través de un Real Decreto».

«Con la modificación del reglamento que defiende Díaz, también se está presionando a las empresas con más costes. Y esto, a la postre, supondrá, además de una manera de torpedear la negociación colectiva, mayores beneficios para Hacienda, porque habrá trabajadores que, con este incremento del SMI, subirán de tramo del IRPF y acabarán cotizando más, aunque cobrarán menos. Lo que hay que hacer es deflactar los tramos de IRPF, para que la subida salarial de los trabajadores sea definitivamente real y no acabe teniendo un impacto sobre la clase media».

Llevar la modificación hasta los tribunales

Las organizaciones empresariales se plantean acudir a los tribunales y presentar las alegaciones pertinentes en el caso de que Díaz se mantenga en sus trece y cambie o modifique algún artículo del Estatuto de los Trabajadores mediante un Real Decreto. En cualquier caso —apuntan fuentes políticas—, la ministra de Trabajo tendrá que someter la convalidación de ese Real Decreto a la votación del Parlamento, del que necesita una mayoría absoluta. Mayoría que, en estos momentos, se antoja complicada, como se pudo ver cuando Junts votó en contra de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales.

La oposición parlamentaria a la última iniciativa de la vicepresidenta primera no es la única. Fuentes económicas aseguran a este diario que desde algunos departamentos ministeriales de este Gobierno tampoco se ve con buenos ojos la actuación que pretende Yolanda Díaz con esta nueva subida del salario mínimo interprofesional.

Una estadística cuestionada

Este miércoles, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, consideró que la propuesta lanzada el martes por la tarde por la patronal para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 un 1,5%, hasta los 1.202 euros brutos al mes en 14 mensualidades —no exentos de tributación al IRPF—, «es más que generosa».

Lo que no tiene absolutamente «ningún pase», en su opinión, es comprobar que cuando se habla del salario medio, el comité de expertos de la ministra de Trabajo «ha utilizado las estadísticas que no son las de la Encuesta de Población Activa (EPA), donde se excluyen sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca o el sector doméstico, que son justamente los más afectados por el salario mínimo y que además están perdiendo empleo». Algo que se le antoja «increíble, porque se están utilizando unos baremos donde se excluyen los sectores que justamente sufren de salario mínimo y donde justamente se está perdiendo el empleo».

Este miércoles, la CEOE estimó que su propuesta de subir un 1,5% el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 tendría un coste bruto de 862 millones de euros, debido a que cada punto de incremento salarial implica un coste de 575 millones de euros, según sus cifras.