El fantasma de la corrupción acelera el colapso de las empresas públicas

22 de junio de 2018.- Vicente Fernández asume su cargo como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Se convertía así en uno de los primeros nombramientos en empresas públicas del Estado y nada menos que en el tercer consejo de ministros de la historia del nuevo Gobierno. Al parecer, las prisas eran muchas. El nuevo responsable del holding público era un viejo conocido de la —también recién designada— ministra de Hacienda, María Jesús Montero (que a su vez es la responsable directa de la SEPI), de la que fue subordinado durante cinco años en la Junta de Andalucía, entre otros cargos, como secretario general de Innovación, Industria y Energía, presidente de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE) e Interventor General.

2 de julio de 2018.- El Gobierno confirma que el socialista Juan Manuel Serrano —jefe de gabinete de Pedro Sánchez hasta que el líder del PSOE ganara la moción de censura a Mariano Rajoy un mes antes— es el elegido para ser presidente de Correos. Serrano era uno de los personajes más cercanos al nuevo presidente; su experiencia en el sector postal y de las empresas públicas era nula hasta entonces. Con unos ingresos de 1.700 millones de euros, es la compañía más importante de la SEPI, responsable del 45% de su facturación y del 73% de todo el empleo que genera el holding industrial del Estado. Un nombramiento nada casual que buscaba precisamente situar a la persona de más confianza del recién estrenado inquilino de La Moncloa en uno de los puestos claves del engranaje industrial público.

31 de diciembre de 2024.- Las 16 sociedades en las que el Estado tiene más del 51% de participación a través de la SEPI registran las mayores pérdidas en una década, con 704 millones de euros de desbarajuste bruto y 609 netos. Nuevamente, lideradas por Correos, que se anotó un desequilibrio operativo de 581 millones y un déficit total después de impuestos de 459. En los últimos cinco años la empresa postal se ha dejado ya más de 1.000 millones. La segunda más perjudicada es Navantia, con 138 millones operativos y 197 netos. Todo el mundo sabe que históricamente han perdido dinero, pero los números son claros y reflejan que con Sánchez en la Moncloa este desequilibrio se ha acelerado de manera peligrosa.

Registros de la UCO

11 de diciembre de 2025.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva a cabo hasta 19 registros, entre ellos la sede de la SEPI en Madrid y las empresas Sepides, Enusa y Mercasa. Lo hacía después de detener a la exmilitante socialista Leire Díez; al dueño de Servinabar, Antxon Alonso; y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, cesado en octubre de 2019 por su implicación en unas adjudicaciones públicas bajo sospecha en Aznalcóllar. Un día después los registros continuaron en Correos y en los ministerios de Transición Ecológica y Hacienda. El caso está bajo secreto y —de momento— solo se sabe que se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Cuatro fechas, cuatro momentos en el tiempo que definen muy bien lo que han sido la SEPI y las empresas públicas durante los ocho años de Pedro Sánchez en el Gobierno: altos cargos colocados a dedo, enchufismo en todos los niveles, mala gestión económica y pésimos resultados financieros. Un peligroso cóctel que lleva años arrastrando a estas compañías al precipicio y que podría precipitarlas al colapso si se confirman las sospechas de corrupción, malversación y tráfico de influencias. Pero para muchos no ha sido una sorpresa. Según numerosas fuentes consultadas, la posibilidad de que en algunas de ellas se pudiesen cometer delitos es el paso natural en unas organizaciones altamente politizadas e ineficientes que llevan años arrastrando gestiones ampliamente cuestionables.

Todo comenzó con la politización de las empresas públicas. Desde la llegada de Sánchez a La Moncloa en junio de 2018 se produjo una sucesión de nombramientos en cascada que situaron al mando a un nutrido grupo de fieles del nuevo Ejecutivo. Los primeros fueron Fernández y Serrano, pero les siguieron decenas de designaciones en todos los niveles. Al comenzar el año 2024, y tras dos legislaturas, ocho de cada diez sociedades del Estado estaban presididas por algún miembro del PSOE o exmiembro de algún Gobierno autonómico, local o nacional del partido en la última década. Un ramillete de altos cargos en los que la Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña, los socialistas catalanes y andaluces, tuvieron especial protagonismo.

Enchufes ‘de confianza’

Si consideramos solo a las participadas por la SEPI con más del 51% del capital, 12 eran entonces lideradas por personas que habían trabajado para el partido o para sus gobiernos, y solamente tres tenían un perfil técnico. Del mismo modo, en las grandes empresas propiedad del Estado y dependientes de ministerios como Paradores, Renfe, ADIF, Enaire, AENA y RTVE, el porcentaje de directivos con un pasado en el PSOE o en alguna de sus administraciones subía hasta el 82%. Y la influencia también llegaba a las participadas que cotizan en bolsa como Indra, Telefónica y Redeia, donde la influencia de estos políticos era de más del 50%.

Nos encontramos así con casos paradigmáticos como el de la ex ministra de Transportes, Raquel Sánchez, presidenta de Paradores; el del exdiputado por Murcia y exsecretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, primer ejecutivo de Correos; o el fichaje de José Manuel Serrano como nuevo jefe de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt). Del mismo modo, el presidente de AENA es Maurici Lucena, histórico dirigente del PSC; el de ADIF es Luis Pedro Marco de la Peña, exmiembro del gobierno vasco como representante del PSV; el de Renfe es Álvaro Fernández Heredia, histórico de Sumar; la presidenta de Redeia es Beatriz Corredor, exministra de José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente de Navantia —la segunda mayor empresa de la SEPI— está dirigida por Ricardo Domínguez, exviceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Junta de Andalucía con el PSOE; o que la propia presidenta de la SEPI, que sustituyó a Fernández, Belén Gualda, fue secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Pero no hablamos solo de personas de confianza en las presidencias de las empresas públicas. Esta estructura ha dado paso a enchufes en todos los niveles. En ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, las diferentes sociedades estatales han acogido a segundos directivos, vocales en los consejos de administración o simplemente trabajadores de a pie. Colocados a dedo que incluso están involucrados en la gran cantidad de casos de corrupción que se le atragantan al Gobierno. Solo algunos ejemplos. Koldo García, ex número uno de José Luis Ábalos fue consejero de Renfe Mercancías; la involucrada en diversas investigaciones Leire Diez, trabajó en Enusa y en Correos; el acusado de acoso laboral, Paco Salazar, fue presidente del Hipódromo de la Zarzuela; o la amigas de Ábalos que terminaron trabajando en Tragsatec. Son solo los casos más sonados, pero los ejemplos se cuentan por centenares.

Pérdidas históricas

Estas estructuras llevan a gestiones económicas altamente ineficientes. En este artículo ya se han mencionado las pérdidas más recientes, pero la situación es crítica en muchas sociedades. Solo en este primer semestre, Renfe y ADIF AV, las dos empresas públicas encargadas del transporte ferroviario, se apuntaron unas pérdidas de 220 millones, un 43% más que el desequilibrio generado en igual periodo de 2024. Estos números, además, se produjeron durante unos meses en los que se acentuó la crisis y el caos en las líneas de alta velocidad de España, con acumulación de importantes retrasos y merma en la calidad del servicio.

Otro dato. Las compañías dependientes del Gobierno alcanzaron un nuevo récord de deuda de 35.237 millones, según el Banco de España. Esto supone que el apalancamiento ha crecido un 20% desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa a mediados de 2018 y marca un nuevo récord histórico. El antiguo Gestor de Infraestructuras Ferroviarias y ADIF suma 19.673 millones, seguido de Renfe Operadora, que adeuda 6.862, y por los gestores aeroportuarios Aena y Enaire, que deben otros 6.238.

Si solo nos centramos en la SEPI, el holding estatal disparó su deuda bancaria hasta los 3.510 millones en 2024, un 5% superior al curso anterior. Unas cuentas que se complican, ya que la sociedad debe abonar 730 millones este año, que se suman a los 1.024 que ya pagaron a sus acreedores en 2024. Son cifras que se agravan con una media de 300 millones de euros en pérdidas en el último lustro, lo que obliga al Ministerio de Hacienda a entregar salvavidas financieros todos los años para superar situaciones de quiebra inminente. De hecho, al menos la mitad de estas compañías estarían en peligro de disolución si no estuviesen bajo el paraguas público.

¿Corrupción en la SEPI?

Las pérdidas de las empresas públicas están directamente relacionadas con su incapacidad para adaptarse a nuevos desafíos. Correos sucumbe ante la arremetida de gigantes como Amazon; Renfe no logra ser rentable en medio de la lucha contra Ouigo e Iryo y Navantia no consigue superar sus endémicos conflictos laborales. Son solo tres ejemplos de gigantes públicos que funcionan como un ministerio y no como una compañía realmente competitiva. Elevadas plantillas, gastos operativos incontrolables y un fuerte componente político no hacen más que aumentar los números rojos cada año y generar la sensación de que serían mucho más productivas y viables en el sector privado.

Y en medio de este destrozo económico ha irrumpido la corrupción que podría afectar a muchas de ellas. Un verdadero misil en su ya tambaleante línea de flotación. La UCO registró la sede de la SEPI y la de su activo más importante, Correos, pero también Enusa, la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y Cofivacasa, la que gestiona la liquidación de sociedades participadas por el Estado. Hay sospechas fundadas por parte de la Guardia Civil de que el nexo entre Antxon Alonso y Vicente Fernández puede ser solo la punta del iceberg de una organización que ha utilizado empresas públicas para enriquecerse de manera sistémica, ya sea a través de contratos públicos o incluso dilapidando patrimonio del Estado.

Y el hecho de que Correos esté en el centro de los registros confirma que la trama ha ido a por las sociedades de mayor tamaño y que además tiene una de las mayores estructuras regionales de España. Una situación que podría disparar las conexiones hasta lugares insospechados. En el entorno de las investigadas hay certeza de que los registros irán a más y no se descarta que puedan producirse nuevos señalamientos —e incluso detenciones— en la órbita de alguna empresa pública. Por encima de todo está el fantasma de que toda la red de activos la SEPI —y las dependientes de ministerios— puedan estar salpicadas por la trama. O que —aún peor— haya una organización creada específicamente y muy engrasada para, a través de estas compañías, malversar fondos públicos.