La seguridad fiscal en España ya es la segunda peor de la OCDE «como muestra Verifactu»

La seguridad jurídica de los contribuyentes españoles ya se sitúa en el penúltimo peldaño del conjunto de nacionalidades que conforman la OCDE. Solo por detrás de Grecia, España comparte los peores rasgos fiscales posibles, con una elevada presión tributaria, una regulación compleja y un entorno de inseguridad jurídica, derivado de la falta de estabilidad y de la alta litigiosidad. La muestra más evidente y cercana, «es lo que acaba de pasar con Verifactu».

Esa es la opinión y el diagnóstico que el economista Diego Sánchez de la Cruz ha hecho en un reciente informe leído por THE OBJECTIVE. En el informe figura el Indicador Sintético de Seguridad Jurídica de los Contribuyentes, que determina que en el caso específico de España, dicho indicador sitúa al país en los últimos puestos del ranking, con una puntuación global de 5,47 sobre 10, frente a los resultados positivos de los países bálticos, Nueva Zelanda, Chequia, Eslovaquia, Irlanda, Australia, Canadá e Israel.

Las debilidades estructurales del sistema fiscal, según Sánchez de la Cruz, «se concentran en el impuesto de Patrimonio, donde obtiene una de las peores valoraciones, así como en la baja proporción de resoluciones judiciales favorables a la Administración Tributaria, circunstancia que sugiere una elevada conflictividad y un marco legal poco predecible».

A todo ello, este think tank suma una estructura del impuesto sobre la renta (IRPF) compleja y de elevada progresividad, que incrementa la presión sobre las rentas medias y altas. En la categoría correspondiente al IRPF, España ocupa el puesto 28 de un total de 38 países analizados. Esta combinación de una alta carga impositiva con un bajo nivel de seguridad jurídica, subraya Sánchez de la Cruz, «es lo que contribuye a erosionar la confianza de los contribuyentes y a elevar el riesgo de conflicto con la Administración, así como a limitar su atractivo para la inversión y la movilidad del talento».

La brecha impositiva sobre el IRPF

En la actualidad, en lo que se refiere al IRPF, España presenta un tipo marginal máximo del 45 %, una cifra moderada en comparación con los países nórdicos, pero claramente elevada frente a las economías europeas más competitivas. Según este estudio, lo más relevante es el nivel de ingresos a partir del cual se aplica ese tipo máximo, situado en 10,1 veces el salario medio. Y es este umbral el que implica que una parte significativa de los trabajadores con rentas medias-altas alcance rápidamente los tramos más gravosos, reduciendo los incentivos al esfuerzo y a la progresión profesional.

Este salto de tramo, de acuerdo con el estudio, se encuentra a distancia de lo que sucede en países con impuestos planos, como Estonia (20 %) o Hungría (33,5 %), donde el tipo único se aplica desde el primer euro de ingreso y garantiza simplicidad y previsibilidad. En cambio, el sistema español grava de forma más intensa los incrementos salariales y genera un efecto de compresión en las rentas medias, además de desincentivar la atracción y retención de profesionales cualificados.

En cuanto a los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, el Foro Regulación Inteligente también observa que España obtiene una puntuación de 36,5 sobre 100 y ocupa el puesto 37 de 38 economías analizadas y se sitúa también en el penúltimo lugar de la OCDE. De nuevo —señala Diego Sánchez de la Cruz—, este resultado evidencia que «el sistema español combina una elevada carga fiscal sobre la propiedad, con un marco normativo fragmentado, poco neutral y de fuerte componente confiscatorio, especialmente en lo relativo a los impuestos sobre la riqueza».

El ‘sablazo’ sobre el patrimonio

El segundo componente clave valorado es el impuesto sobre la riqueza o el conocido impuesto de Patrimonio. En este sentido, destaca el estudio, España destaca negativamente: solo cuatro países de la OCDE aplican un impuesto sobre el patrimonio neto, como es el caso de Colombia, Noruega, Suiza y España.

España es el único país de la eurozona que mantiene un impuesto recurrente sobre el conjunto de los activos personales, incluyendo ahorros, inversiones financieras, bienes inmuebles y participaciones empresariales, mientras que Bélgica, Francia e Italia cargan con distintos gravámenes especiales ciertos activos comúnmente asociados a la riqueza (como valores mobiliarios o inmuebles de lujo). El resto de los países de la OCDE han eliminado por completo cualquier otra forma de imposición centrada en el patrimonio.

El quinto país de la UE con mayor litigiosidad

El análisis estadístico de Diego Sánchez de la Cruz indica el número de reclamaciones que se presentan ante Hacienda al año: 200.000, de las cuales un 40% se resuelve a favor de los contribuyentes. Entre 2014 y 2023, el acumulado alcanzó 2,1 millones de reclamaciones y 877.000 expedientes resueltos en contra de la Agencia Tributaria. En el IRPF, el porcentaje de resoluciones estimadas en favor del contribuyente fue del 49,2%, porcentaje que llegó al 54,1% en el impuesto sobre el Patrimonio, al 62,4% en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y al 65,7% en el impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Con estos porcentajes, España se sitúa entre los diez países de la UE con mayor número de procedimientos de revisión iniciados por la Administración, «lo que evidencia un entorno de elevada conflictividad fiscal y un nivel de control muy intenso sobre los contribuyentes, pues la cifra registrada (7,9 casos por cada 1.000 contribuyentes) implica que Hacienda inicia cuatro veces más procedimientos que sus homólogos en Italia o Canadá. Este valor es, además, ocho veces superior al del Reino Unido y 20 veces mayor que el de Estados Unidos. De modo que nuestro país es, asimismo, el quinto socio de la UE en que un mayor porcentaje de procedimientos legales contra el fisco se resuelven a favor de los contribuyentes».

La «chapuza» de Verifactu

A propósito de la seguridad jurídica fiscal española, Diego Sánchez de la Cruz mantiene que «el ejemplo más evidente de esta inseguridad jurídica es el fiasco del programa Verifactu, cuya implantación ha estado sujeta a un sinfín de incertidumbres que ahora han devenido en frustración ante el reciente anuncio de su nuevo plazo de aplicación. Desde su raíz, el instrumento supone un refuerzo de la presión aplicada a los contribuyentes, pero, en lo tocante a su implementación, el proceder de Hacienda ha sido una verdadera chapuza, como denuncian los funcionarios de Hacienda, las empresas y autónomos, los asesores fiscales y los expertos. Que España sea el segundo país con mayor inseguridad jurídica para los contribuyentes es, por tanto, una realidad totalmente verificable cuando contrastamos los resultados del índice con asuntos de actualidad como la polémica por Verifactu».