La UE da un portazo a Sánchez y recuerda que España tiene un déficit de 700.000 viviendas

La Unión Europea da un portazo a las ideas intervencionistas de España, así como a su política fiscal con respecto a la vivienda. Lo ha hecho esta semana, cuando se ha dado a conocer el informe presentado por la Comisión Europea, que complementará el Plan de Vivienda Asequible y que se irá incorporando de manera paulatina a lo largo del próximo año. El contenido de dicho estudio, con sus correspondientes determinaciones, revela el déficit de vivienda que tiene la Unión Europea: cuatro millones repartidos entre todos los Estados miembros. De ellos, nuestro país representa el 17,5% con 700.000 viviendas, como ya diagnosticó el Banco de España.

El Plan de Vivienda Asequible de la Comisión Europea pretende dar una respuesta a la creciente problemática del acceso. El ente, además, comprueba en su estudio que, en la última década, el precio de la vivienda ha aumentado de media más del 60%, y los alquileres más del 20%.

Esto «perjudica la movilidad laboral, el acceso a la educación y la formación familiar; por no decir que la crisis de la vivienda está obstaculizando tanto la competitividad de la economía de la UE como nuestra cohesión social, de modo que abordar esta crisis requiere un esfuerzo verdaderamente europeo anclado en las realidades locales».

El Partido Popular Europeo, en su valoración a preguntas de THE OBJECTIVE, pondera varios aspectos, como la necesidad de involucrar al sector privado en la construcción de vivienda, establecer menos paquetes normativos —sobre todo de carácter medioambiental, porque tienen un impacto negativo sobre la construcción—, asumir el desafío de la falta de mano de obra, reducir la fiscalidad a la vivienda y preservar la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada, un guiño a los afectados por el fenómeno de la okupación. Además, señalan los populares, hay que alejar el fantasma del intervencionismo de los precios, algo que defiende el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, en alguna ocasión, su vicepresidenta en la Comisión, la socialista Teresa Ribera.

«Echamos de menos el IVA superreducido»

El eurodiputado español del Partido Popular Europeo Borja Giménez Larraz, miembro de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea, valora el citado informe y la influencia que las propuestas del Grupo Popular han tenido sobre el Plan.

Su diagnóstico es claro: «Existe un problema de oferta de vivienda. De hecho, en el conjunto de la UE harían falta cuatro millones de viviendas, y si hablamos del caso específico de España, y según el Banco de España, harían falta 700.000 viviendas. Además, cada año hay que construir 100.000 viviendas para cubrir así la demanda».

Las preguntas son sencillas: «¿Por qué el sector de la construcción no tiene apetito para poder construir? Porque esto es lo que hace falta. No hay casas, y por eso el precio de la vivienda no deja de subir. De ahí que la Comisión haya planteado una serie de cosas que para nosotros son importantes, como por ejemplo un paquete de simplificación normativa, agilizar los procesos de trámites burocráticos y movilizar la inversión, tanto pública como privada. Porque, obviamente, el sector público no va a ser capaz de crear los cuatro millones de viviendas que necesita Europa, para lo cual tenemos los fondos de cohesión detrás y el Banco Europeo de Inversiones».

El informe también pone el foco en la innovación en los procesos de construcción, la industrialización y cómo abordar la falta de mano de obra en el sector. «Desde nuestra perspectiva —apunta Giménez—, echamos de menos medidas de carácter impositivo, porque es importante esa reducción de la directiva del IVA, pasando del IVA reducido al superreducido para los casos de construcción, suministro, para la rehabilitación y también para el alquiler residencial».

El portazo a Sánchez

Para Borja Giménez Larraz, «la directiva sobre el alojamiento turístico tiene como objetivo marcar unos mínimos que los entes locales y las regiones puedan regular. Pero en ningún caso se va a meter hasta el fondo de la cuestión, porque son las regiones y los pueblos los que conocen su situación. Solo hay que ver lo que ocurre en una misma ciudad, donde, de un barrio a otro, las necesidades son distintas. Por tanto, el objetivo de esta directiva no es otro que marcar unos límites, como es el caso de las políticas que se está poniendo en marcha en Barcelona. Y esto es lo que se quiere evitar con esta directiva».

Giménez Larraz insiste en que «el Plan de Vivienda Asequible ha dejado de lado las políticas intervencionistas, como puede ser el control de precios. Y esto es importante, porque hace unas semanas mandamos una carta a la Comisión, y entonces ya nos avanzaron que no iban a intervenir los precios. Por tanto, es verdad que, por parte de la UE, hay un interés claro de no regular precios, contestando con un portazo a ese tipo de medidas».